Sabina Camacho, máster en gerontología: «Muchas familias quieren cuidar a sus mayores pero están sobrepasadas»

Algo más del 20% de la población española tiene más de 65 años, y un 6% del total ha soplado ya más de 80 velas en su último cumpleaños. La pirámide poblacional invertida y el invierno demográfico que España padece de forma agravada desde hace décadas dibuja un escenario en el que estos porcentajes serán cada vez mayores, e incluirán a personas más longevas.

Sin embargo, el sistema de atención y cuidados a las personas mayores está muy lejos de evolucionar al ritmo que demanda la sociedad. Entre otras cosas, porque la mayor parte de los cuidados siguen recayendo sobre las familias, en un contexto socioeconómico muy diferente del de las generaciones anteriores: pisos mucho más pequeños, sueldos más ajustados con un poder adquisitivo real menguante, y familias mucho menos numerosas para repartirse la labor de cuidar a los mayores dependientes.

Por ese motivo, la Confederación Española de Asociaciones de Mayores, CEOMA, reclama un cambio en el modelo de atención y protección de las personas mayores, porque «envejecer no es un problema: es un logro social y sanitario» que debe tener un correcto respaldo en el día a día, como explica Sabina Camacho Calderón, miembro de la Juntad Directiva de CEOMA y máster en gerontología social.

– Se habla mucho del envejecimiento de la población, pero parece que pasamos de soslayo por la pregunta de quién va a cuidar a esta población cada vez mayor numéricamente, y cada vez más envejecida. ¿Hay suficiente conciencia en España, social y política, de la magnitud de este problema?

– Envejecer no es un problema, la vejez es una etapa vital que merece respeto, oportunidades y derechos plenos. Envejecer es un logro social y sanitario que obliga a replantearse los modelos de atención tradicionales. El envejecimiento de la población es un fenómeno que se da a nivel global en el mundo, y constituye un proceso demográfico muy significativo en las sociedades contemporáneas.

España no podía ser una excepción, de hecho, es uno de los países más longevos de Europa, y con una esperanza de vida de las más altas del mundo. Según datos del INE, la esperanza de vida al nacer en España es de 83,9 años, con una esperanza de vida saludable que se sitúa alrededor de 80.07 años. Las personas mayores de 65 años representan alrededor del 20 % de la población, y las personas con 80 y más años son aproximadamente el 6% de la población total. Y esa cifra se espera que continúe aumentando en las próximas décadas.

Sin embargo, no debemos plantear la mayor longevidad exclusivamente desde un planteamiento cuantitativo. La esperanza de vida de la población no siempre está asociada a una buena calidad de vida, y la esperanza de vida saludable pone de manifiesto que existe un periodo en el que pueden aparecer situaciones de fragilidad y dependencia. Y cuando aparecen, es necesario contar con los recursos adecuados a las necesidades de cada persona.

– A eso me refería exactamente: ¿Nos hemos dado cuenta en España de que necesitamos cambiar ese modelo para tener los recursos adecuados?

– En el debate público se habla del envejecimiento como de un fenómeno estadístico: se habla de cifras, del aumento de la longevidad... pero también es necesario prestar atención a cómo organizamos los cuidados, los recursos y los servicios que ya existen. Y es necesario situar los cuidados en el centro de las políticas públicas y del debate social.

Y pienso que sí hay conciencia de este problema. España cuenta con la ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, aprobada en 2006, y que ha tenido distintas modificaciones.

Ahora, el Gobierno ha dado un paso relevante para transformar el sistema de cuidados de larga duración, y al impulsar una reforma estructural con la creación de una comisión interministerial. Esto es un avance significativo y necesario para abordar de forma coordinada los desafíos actuales y futuros, y para mejorar la calidad de la atención y garantizar una respuesta más eficaz a las necesidades de una población mayor.

Pero aunque sí hay conciencia, todavía queda camino por recorrer para garantizar un sistema de cuidados sostenible y equitativo.

– Desde CEOMA proponen transformar el modelo de cuidados, pero ¿qué es lo que no está funcionando?

– El modelo actual de cuidados en España presenta una serie de deficiencias estructurales y ya no responde a las necesidades actuales y futuras.

Y en ese proceso de transformación, resulta imprescindible contar con la voz de las personas mayores, porque nadie mejor que nosotros sabemos cuales son nuestras necesidades y demandas.

– ¿Por ejemplo?

– El cuidado de las personas mayores dependientes hoy se realiza, mayoritariamente, por las familias. Aunque este ha sido el modelo tradicional, hoy resulta cada vez más insostenible por los cambios sociales y demográficos: familias monoparentales, hogares de menor tamaño, la incorporación de la mujer al mercado laboral... Esto ha generado una sobrecarga física y emocional en los cuidadores familiares, y por eso es necesario apoyar y cuidar a los cuidadores, que en muchos casos suelen ser también personas mayores.

A esta situación se suma una financiación insuficiente en el sistema público de cuidados, porque España dedica alrededor de 1% PIB, mientras que la inversión en la Unión Europea prácticamente se duplica. Esto limita la capacidad del sistema para responder a una demanda creciente. Y la falta de financiación se traduce en servicios escasos, listas de espera prolongadas y desigualdades territoriales, que además cuestionan la equidad del sistema actual.

Además, el modelo actual no está suficientemente centrado en la persona.

– ¿A qué se refiere?

– En muchos casos, las decisiones sobre el tipo de atención no tienen en cuenta las preferencias y proyecto de vida de las personas mayores. Eso limita su capacidad de elección de cómo y dónde desean vivir. Hace falta un modelo centrado en la persona, que respete su elección de los servicios que requiere, en función de sus necesidades. También una mayor coordinación entre los distintos recursos que ya existen, como por ejemplo la teleasistencia, porque según las encuestas, el 90% de las personas mayores quieren permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio y en su barrio, así que es necesario crear y desarrollar más recursos comunitarios.

Necesitamos pasar de un modelo centrado en los cuidados en el seno familiar a un modelo más equitativo e integrado, en el que la persona mayor ocupe el centro, y los cuidadores familiares sean reconocidos y apoyados por profesionales y recursos externos.

Así que aunque por parte de las distintas administraciones se sigue trabajando, siguen existiendo desequilibrios: demasiada dependencia de la familia, financiación deficiente, desigualdad territorial, falta de enfoque centrado en la persona, escasez de profesionales, falta de coordinación entre los recursos y los sistemas sociales y sanitarios, y crear más recursos comunitarios. Por eso es necesario transformar el modelo: hay que ser más proactivo y anticiparse a las necesidades de la población de personas mayores.

– Hay familias que quieren cuidar de sus mayores dependientes, pero hacerlo se ha convertido en una tarea casi inasumible económicamente...

– Así es, las familias quieren mantener a sus seres querido el mayor tiempo posible en su casa, en su domicilio, y cuidarles, pero la sobrecarga que conllevan los cuidados, más aún cuando en muchas ocasiones la cuidadora es otra persona mayor, resulta inasumible y no pueden realizarlos ellos solos y se necesita ayuda externa. Contratar a profesionales implica un gasto elevado que no todas las familias pueden afrontar, y a eso se suma el déficit de profesionales.

Además, las ayudas públicas no siempre son suficientes ni llegan en el momento oportuno, así que el acceso efectivo a los cuidados queda condicionado, no sólo al reconocimiento del derecho, sino también a la disponibilidad de esos recursos. Esto genera una brecha entre la necesidad real de cuidados y la respuesta del sistema. La burocracia, las listas de espera, la falta de recursos... todo esto dificulta el acceso real a los servicios en el momento que se necesitan.

Por otro lado, las familias que asumen directamente los cuidados se enfrentan a otros costes importantes, como el desgaste físico o emocional, la reducción de jornada laboral o la renuncia al empleo por parte de los cuidadores principales, con un impacto económico y personal considerable. Esto genera desigualdades, porque el acceso a los cuidados depende en gran medida de los recursos económicos y del apoyo familiar disponible. Por eso es necesario asegurar que los cuidados sean accesibles, de calidad y sostenibles para el conjunto de la población.

– ¿Qué peso están teniendo ya en el deterioro de muchas personas mayores, y en el desgaste de sus familias, esos largos procesos administrativos hasta que se reconoce la dependencia y se reciben las ayudas?

– Las personas que requieren cuidados deben poder acceder a ellos con la mayor rapidez posible, desde el momento en que surge la necesidad. Estas demoras pueden producir deterioros progresivos en la salud y calidad de vida de la persona mayor frágil y vulnerable.

Este impacto es mayor en aquellas personas y familias con especial vulnerabilidad social, porque las familias con más recursos pueden recurrir a servicios privados, mientras que las más vulnerables no tienen esa opción. En definitiva, no se trata solo de un problema administrativo, sino de un factor que influye directamente en la calidad de vida y en la evolución de la dependencia.

Está demostrado que la fragilidad puede ser reversible cuando se interviene a tiempo y con los servicios, cuidados y ayudas adecuadas y adaptadas a la necesidad. Cuando la persona se vuelve dependiente, ya es muy difícil revertir la dependencia, aunque se puede trabajar en la medida de lo posible en devolver parte de la autonomía perdida y trabajar en las actividades básicas de la vida diaria en todas aquellas que se puedan recuperar, con profesionales especializados.

Pero en muchas ocasiones, los trámites burocráticos, incrementan en la familia el nivel de estrés y la sensación de desamparo.

– Muchas pensiones medias no permiten costear cuidados ajustados a las necesidades reales. ¿Está dejando el sistema fuera a personas que, en teoría, deberían estar protegidas?

– Las pensiones bajas o medias resultan insuficientes para cubrir el coste de los cuidados, especialmente cuando se trata de atención continuada. Servicios como la ayuda a domicilio intensiva o una residencia suponen gastos elevados que, en ocasiones, superan la capacidad económica de una persona mayor.

A esta limitación se suma que las prestaciones públicas no siempre compensan esa diferencia, ya sea por limitada cuantía o por los retrasos al concederla. La consecuencia es que se produce un desfase entre lo que el sistema reconoce y lo que efectivamente cubre.

Esta situación afecta especialmente a un grupo intermedio: las personas que no son lo suficientemente vulnerables para acceder a todas las ayudas, pero tampoco tienen recursos suficientes para afrontar los costes por sí mismas. Se trata de una especie de «zona gris» en la que las personas mayores quedan parcialmente desprotegidas.

El modelo actual tiende a apoyarse en la familia como red de seguridad, lo que no siempre es viable. No todas las personas cuentan con familia, o si tienen familia, por diversas circunstancias, viven lejos de ella o no cuentan con recursos suficientes, no pueden asumir el cuidado, y eso agrava aún más la desigualdad.

No se trata de que en España tengamos ausencia de un sistema de protección, sino de que el que tenemos tiene una limitada capacidad para garantizar una cobertura efectiva, suficiente y equitativa para todas las personas que lo necesitan. Esto nos plantea la necesidad de revisar tanto la cuantía de las prestaciones como los criterios de acceso, para evitar que una parte de la población quede desprotegida.