La España que paga por tener hijos: familias sin ayudas directas y deducciones que no se pueden aprovechar

En pleno invierno demográfico, con menos nacimientos que nunca en la historia desde la Guerra Civil, España sigue sin tener un marco que respalde a la crianza y la constitución de hogares estables.

Al menos, (tampoco en esto) no en todas las Comunidades Autónomas por igual.

Porque, aunque en los últimos años son cada vez más las administraciones públicas que reconocen el problema de la falta de natalidad, y empiezan a generar ayudas directas o desgravaciones fiscales, la mayor parte de estas medidas deja fuera a los hogares medios españoles.

Una radiografía de las ayudas

Una de las medidas más recientes es la que ha puesto en marcha el País Vasco este pasado mes de julio, y que permite a las familias recibir 200 euros mensuales por hijo, hasta cumplir cuatro años. Algo que supone un máximo de 9.600 euros, y además, sin límite de renta. Una universalidad que es, sin embargo, la excepción.

Por ejemplo, Madrid ofrece las mayores cuantías: hasta 14.500 euros desde la semana 21 de gestación hasta los dos años... pero siempre que la solicitante tenga menos de 30 años, y con un límite de ingresos de 30.000 euros individuales o 36.200 si es en pareja.

Dicho de otro modo: todas aquellas madres mayores de 30; las que estén casadas y cada uno cobre más de 1.500 euros en 12 pagas; o las que estén legalmente solteras o divorciadas y cobren más de 2.000 euros de salario en 15 pagas, quedan excluidas.

Cuando tener hijos «sale a pagar»

Un caso similar ocurre en Asturias: el Principado abona 1.200 euros por el primer hijo y 1.700 por los siguientes, pero sólo para las familias con ingresos inferiores a 45.000 euros. La cuenta es sencilla: cada cónyuge debe cobrar menos de 1.875 euros al mes, o quedan fuera. Si viven en pareja, pero sin casar o inscribirse como pareja de hecho, el límite ya desaparece.

También en Galicia tener hijos «sale a pagar» si el matrimonio cobra más de 45.000 euros al año (menos de 1.900 euros al mes cada uno): la Tarxeta Benvida, que concede 1.200 euros, y 2.400 desde el tercero, fija en esa renta la posibilidad de recibir una ayuda.

Lo llamativo es que estas fronteras de renta y edad dejan un hueco por el que se cuelan la mayoría de las familias de la cada vez más menguante «clase media».

Matrimonio estable y de clase media, el más perjudicado

Porque las restricciones no afectan sólo a familias ricas con grandes fortunas, sino sobre todo a matrimonios que no se han divorciado, en los que ambos trabajan como para ganar más de 2.000 euros al mes, donde ninguno de los dos sufre del otro violencia de género, y que tienen dos o tres hijos.

De hecho, la renta media de los hogares españoles fue de 38.994 euros en 2024; y en los formados por dos adultos con hijos alcanzó 47.870. Un caso que queda fuera de la mayoría de ayudas y deducciones públicas.

Además, el sistema público de ayudas y desgravaciones fiscales tampoco calcula cuánto cuesta mantener a cuatro, cinco o seis personas, sino que levanta de forma sistemática barreras de edad, renta y composición familiar, sin tramos progresivos que incentiven tener más hijos.

Ayudas para los vulnerables... pero no para los mayoritarios

Como es lógico, muchas de las prestaciones públicas se dirigen a hogares vulnerables, monoparentales, progenitores con discapacidad o familias numerosas. Es decir, aquellas familias que presentan, por su composición, una dificultad añadida, y por tanto merecen una especial protección pública.

El problema aparece, no cuando se auxilia a los más vulnerables, sino cuando una familia compuesta por un matrimonio casado de clase media no pertenece a ninguna categoría prioritaria, y por tanto, los incentivos reales a la natalidad se quedan como proclamas políticas de impacto prácticamente marginal.

Porque, además del hecho obvio de que un matrimonio con dos hijos no es familia numerosa, ni monoparental, tampoco puede aplicar una deducción estatal análoga a la de hasta 1.200 euros reservada al ascendiente separado o sin vínculo matrimonial, con dos hijos y sin anualidades por alimentos.

La pelea de las familias numerosas

En el caso de las familias numerosas, la denodada lucha de las asociaciones de la sociedad civil ha logrado algunos logros meritorios, como el hecho de que con tres hijos ya se obtenga el título de familia numerosa y se pueda acceder a la deducción estatal de hasta 1.200 euros, que pueden cobrarse anticipadamente y no funciona como deducción autonómica ordinaria.

Sin embargo, la prestación estatal de 1.000 euros por nacimiento para familias numerosas exige, en 2026, ingresos inferiores a 23.109 euros, con 3.745 adicionales por cada hijo desde el cuarto. Dicho de otro modo: sólo pueden beneficiarse las familias con más de tres hijos cuyos padres ganen, entre los dos, 1.925 euros al mes.

Una familia con cinco hijos deja de cumplir el requisito al superar 30.599 euros anuales. O sea, un ingreso mensual de poco más de 2.500 euros. Si se cobra más, ese hogar no merece ningún tipo de beneficio por su aportación social.

Desgravar no es recibir

Otras Comunidades, como Canarias, Castilla-La Mancha o La Rioja, concentran su apoyo al nacimiento en el IRPF.

Así, Canarias permite deducir 265 euros por el primer o segundo hijo y 530 por el tercero; Castilla-La Mancha, 100 euros por un nacimiento, 500 por dos y 900 por tres o más; y La Rioja, 600, 750 y 900 euros según el orden.

Pero una deducción autonómica ordinaria no es un cheque, y la Agencia Tributaria advierte de que no puede convertir la cuota líquida en negativa.

O sea, que si una familia tiene poca cuota autonómica porque sus ingresos son bajos, quizá no aproveche toda la cantidad, de modo que puede tener reconocido el beneficio y no recibirlo íntegramente.

Una doble desigualdad

De este modo, se genera una doble desigualdad. Por un lado, los hogares pobres dependen de prestaciones condicionadas, pero aprovechan peor muchas deducciones. Y los matrimonios medios rebasan los umbrales, pero tampoco disponen de ingresos holgados para absorber el coste de varios hijos.

Así, entre ambos quedan una laguna compuesta por una inmensa mayoría de familias que pagan impuestos, sostienen la educación y crianza de sus hijos, y reciben poco, o nada, porque trabajan los dos, continúan casados y no encajan en ninguna casilla excepcional.

Y aunque la cuestión no es enfrentar modelos ni situaciones familiares, ni mucho menos retirar apoyo a quien lo necesita, parece poco razonable que, en una situación de emergencia demográfica, queden al desamparo aquellos que verdaderamente pueden combatirlo de un modo más eficaz.