Cristóbal Montoro contra Rafa Nadal: usó la Agencia Tributaria para conocer sus detalles fiscales

impulsó recortes, defendió la disciplina presupuestaria y promovió una controvertida amnistía fiscal. Siempre se mostró tajante: Hacienda era para todos, sin excepciones. Pero hoy, ese discurso de Cristóbal Montoro se ve empañado por una investigación que lo sitúa en el centro de una trama de filtraciones y favores, basada en el uso irregular de información tributaria confidencial. Quien durante años exigió dureza contra el contribuyente infractor, habría utilizado el sistema precisamente para premiar a unos y castigar a otros según sus intereses.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre 2011 y 2018 se habría creado una red dentro del propio Ministerio de Hacienda para acceder a información fiscal y judicial confidencial y usarla de forma interesada. Esa información no solo era sensible, sino que, en muchos casos, ni siquiera había llegado aún a manos de los jueces.

La documentación del caso revela que la Agencia Tributaria, entonces dirigida por Santiago Menéndez, enviaba informes directamente al Ministerio. Allí, los recibía Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete de Montoro y después subsecretario de Hacienda, quien los reenviaba a su superior o al entorno más cercano. Los correos incluían nombres de personas y empresas investigadas, detalles de inspecciones en curso, fechas previstas para cerrar expedientes e incluso cifras exactas de regularizaciones aún no cerradas. Todo esto circulaba por los despachos antes de que lo supieran los implicados o los tribunales.

Entre los afectados por estas filtraciones aparecen figuras públicas muy conocidas. Uno de los casos más llamativos es el de Rafa Nadal, quien estaba siendo inspeccionado por sus contratos publicitarios mientras en el Ministerio ya se conocía el resultado del proceso. También figura la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, y su hijo Borja, sobre quienes se compartieron datos precisos sobre sus procesos fiscales. Además, aparecen nombres vinculados al propio Partido Popular, como Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Jordi Pujol Ferrusola. Incluso Josep Piqué, exministro del PP, fue objeto de una inspección relacionada con una productora del programa El Hormiguero, cuyo contenido llegó al Ministerio sin pasar por los juzgados.

Los correos también muestran que, tras la detención de Ignacio González en el caso Canal de Isabel II, Hacienda ya manejaba un informe del sumario antes de su judicialización. Otro mensaje avisaba al equipo del Ministerio sobre los preparativos de una comparecencia clave en el caso Gürtel. Todo esto apunta a un funcionamiento organizado y constante: el flujo de información se dirigía hacia el poder político antes que hacia los órganos judiciales.

Otro elemento clave de esta trama es el despacho de consultoría Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de volver al Gobierno. Aunque asegura haberse desvinculado, la firma quedó en manos de Ricardo Martínez Rico, hermano de su jefe de gabinete. La Fiscalía sospecha que este despacho sirvió como puente entre empresas privadas y el Ministerio para obtener ventajas fiscales, cambios legislativos o un trato favorable en inspecciones. La conexión familiar y la cercanía al poder alimentan las sospechas de tráfico de influencias y conflicto de intereses.

A pesar de todo, Montoro niega haber cometido delito alguno. Asegura que no hay pruebas reales y que todo responde a una campaña para desviar la atención de otros escándalos políticos. También ha anunciado que tomará medidas legales para defender su imagen.

Si el juez considera que hay base suficiente, tanto él como sus colaboradores podrían ser procesados por delitos como revelación de secretos, tráfico de influencias, abuso de poder o prevaricación. El caso sigue abierto, pero ya se perfila como uno de los escándalos más serios vinculados a la gestión fiscal en España. Y deja una pregunta inevitable en el aire: ¿se usó Hacienda como herramienta de control político?