Felipe II convirtió el náhuatl en lengua oficial: la historia que contradice el relato de Sheinbaum
Frente al mito del «lingüicidio» precolombino que sostiene el actual Gobierno de México, los documentos históricos demuestran que la Corona española exigió proteger las lenguas nativas, estandarizó su gramática y fundó cátedras universitarias para su estudio
La exigencia de disculpas institucionales a España por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sostiene sobre un pilar narrativo recurrente: la premisa de que la presencia española en América supuso la aniquilación sistemática de las culturas y lenguas precolombinas para imponer el castellano.
Sin embargo, la historiografía y los registros del Archivo General de Indias desmienten las afirmaciones de la presidenta mexicana. La política lingüística de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI no buscó la erradicación de los idiomas locales, sino su preservación, estudio y elevación a rango académico y oficial. Y el principal impulsor de esta medida fue, paradójicamente para la Leyenda Negra, el monarca español, Felipe II.
El náhuatl como lengua oficial del virreinato
A mediados del siglo XVI, la administración de la Nueva España se enfrentaba a un gran desafío demográfico y burocrático. El territorio albergaba más de un centenar de lenguas y dialectos fragmentados.
Ante esta realidad, las autoridades peninsulares comprendieron que la asimilación forzosa al castellano era técnica y moralmente inviable, contraviniendo además las directrices previas del emperador Carlos V, quien había prohibido cualquier coacción en la enseñanza del español.
La Corona optó por el pragmatismo jurídico y la integración institucional. El diecinueve de septiembre de mil quinientos setenta, Felipe II promulgó una real cédula que transformó el panorama cultural del continente al declarar el náhuatl, la lengua mayoritaria del antiguo Imperio azteca, como lengua general y oficial de los indios en el virreinato.
Cédula Real emitida y firmada por Felipe II, el rey de las Españas en 1570, declarando el náhuatl o lengua mexicana como lengua oficial del Virreinato de Nueva España
Este decreto real no fue una declaración de intenciones vacía, sino una ley de obligado cumplimiento que alteró el funcionamiento del Estado. La normativa impuso el uso normativo del náhuatl en la administración de justicia y en la comunicación institucional. El objetivo de la Monarquía era doble.
Por un lado, se buscaba garantizar que las poblaciones indígenas conservaran su raíz lingüística intacta mientras se integraban en el sistema. Por otro lado, la Corona necesitaba evitar a toda costa la dependencia de intérpretes intermediarios, figuras que a menudo corrompían o manipulaban los testimonios de los nativos en los tribunales virreinales para favorecer los intereses económicos de los encomenderos.
El Imperio español entendió de manera muy temprana que la única forma de administrar justicia de manera equitativa era hablando el idioma exacto de los administrados.
Cátedras universitarias y revolución filológica
Para hacer efectiva esta ambiciosa política lingüística, el Estado español movilizó toda su maquinaria académica e institucional. Las Leyes de Indias establecieron la obligatoriedad absoluta de conocer los idiomas locales para ejercer cargos de responsabilidad pública.
Por orden real directa, se fundaron cátedras de lenguas indígenas tanto en la Real y Pontificia Universidad de México, erigida en mil quinientos cincuenta y uno, como en la prestigiosa Universidad de San Marcos de Lima. La legislación virreinal fue tajante al respecto en su aplicación territorial.
Ningún magistrado, funcionario judicial o sacerdote podía tomar posesión de su cargo en las misiones o en los tribunales de las zonas nativas si no demostraba previamente un dominio absoluto del idioma local, competencia que debía ser acreditada mediante un riguroso examen universitario.
'Arte de la Lengua mexicana con la declaración de todos sus adverbios'
El respaldo institucional impulsó además una revolución filológica que situó a la Nueva España en la vanguardia de la lingüística mundial. Los intelectuales y frailes españoles asumieron la compleja tarea de dotar de alfabeto latino, estructura gramatical y diccionarios a idiomas que, hasta ese momento, eran de tradición exclusivamente oral.
En el año 1547, fray Andrés de Olmos publicó la primera gramática del náhuatl, y pocos años después, el experto Alonso de Molina editó en las imprentas de la Ciudad de México su monumental vocabulario bilingüe.
Para dimensionar el rigor científico y la precocidad de este inmenso esfuerzo hispano, basta observar a la potencia rival de la época. Mientras la Corona española imprimía diccionarios y tratados jurídicos en lenguas americanas en pleno siglo XVI, el Imperio británico tuvo que esperar hasta el año 1755 para ver publicado el primer diccionario normativo oficial de la lengua inglesa, obra del lexicógrafo Samuel Johnson.
La castellanización forzosa del estado
El verdadero proceso de castellanización forzosa se ejecutó de forma metódica bajo las directrices del propio Estado mexicano independiente.
Durante el siglo XIX, los distintos gobiernos republicanos y de corte liberal, liderados por figuras históricas de la talla de Benito Juárez, identificaron la inmensa multiplicidad de lenguas nativas como un síntoma de atraso sociológico y un obstáculo insalvable para la cohesión nacional y la modernización económica del país.
La protección jurídica y territorial de la que gozaban las antiguas repúblicas de indios bajo el mandato español fue abolida por completo.
Posteriormente, durante el largo periodo del Porfiriato y a lo largo de las agresivas décadas posrevolucionarias del siglo XX, el Estado utilizó el monopolio absoluto de la instrucción pública para imponer el español como lengua única. Las estrictas políticas educativas diseñadas por ministros como Justo Sierra o el filósofo José Vasconcelos prohibieron expresamente el uso de cualquier idioma autóctono en las aulas del país.
Esta política de Estado estigmatizó la práctica de las lenguas precolombinas, vinculándolas a la pobreza y a la ignorancia, y llegó al extremo de aplicar severas penalizaciones físicas y psicológicas a los alumnos que se atrevían a comunicarse en lenguas indígenas dentro del recinto escolar.
La insistencia del Ejecutivo mexicano en exigir disculpas a España por la pérdida irreparable de su patrimonio lingüístico constituye un ejercicio de presentismo y anacronismo político que choca frontalmente con los archivos documentales.
El Imperio español no uniformizó lingüísticamente a América, sino que fue la primera estructura estatal moderna en legislar activamente para la preservación y el estudio de la diversidad precolombina. La práctica desaparición de estos idiomas milenarios no se gestó durante el reinado de Felipe II, sino en las aulas y ministerios de la república mexicana a lo largo de los siglos XIX y XX.
