Manifestantes en Jartum, Sudán
Sudán
Crece la condena internacional por las víctimas de la represión militar en Sudán
Los manifestantes contra el golpe de Estado han sido reprimidos violentamente y provocado al menos 7 civiles muertos
Los sudaneses seguían manifestándose este martes contra el golpe de Estado que derrocó al gobierno de transición, a pesar de la represión militar que dejó cuatro muertos y decenas de heridos la víspera, mientras crece la condena internacional. El número de muertos ha alcanzado ya la cifra de 7, con 140 heridos.
«No hay vuelta atrás posible», gritaban los manifestantes desafiando a los militares liderados por el general Abdel Fattah al Burhan, que disolvió las autoridades de transición, detuvo a la mayoría de sus líderes civiles gobernantes y declaró el estado de emergencia.
Burhan tiene previsto dar una conferencia de prensa a mitad de la jornada para anunciar lo que vendrá en lo que la comunidad internacional denuncia ya como un «golpe de Estado militar».
Para la troika de países (Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega) que estuvieron involucrados anteriormente en mediaciones en conflictos sudaneses, «las acciones de los militares traicionan la revolución y la transición» iniciada hace más de dos años.
Para añadir presión a los golpistas, Estados Unidos anunció «suspender» una ayuda de 700 millones de dólares destinada a la transición que debía conducir este país del este de África, uno de los más pobres del mundo, a sus primeras elecciones libres tras tres décadas de dictadura de Omar al Bashir.
El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse por la tarde para abordar la cuestión, mientras manifestantes y expertos consideran que un retorno al poder absoluto de los militares es cada vez más factible.
Hasta ahora, las recientes misiones diplomáticas a Jartum y los pedidos del lunes por la mañana no surtieron efecto.
El primer ministro Abdala Hamdok, su esposa y el resto de ministros y miembros del Consejo Soberano (la autoridad de la transición) arrestados siguen en paradero desconocido.
Desobediencia y barricadas
Solo Moscú se desmarcó de las críticas y atribuyó el golpe a «una política equivocada» y a «la injerencia extranjera» en este país, donde rusos, turcos, estadounidenses y sauditas se disputan la influencia atraídos por sus estratégicos puertos en el mar Rojo.
De su lado, activistas prodemocracia declararon una «huelga general» y la «desobediencia civil» contra el golpe del general Burhan, que prometió formar un gobierno «competente» pronto y seguir con la transición hacia las elecciones libres.
Bajo un mar de banderas nacionales, miles de sudaneses tomaron las calles de Jartum, a las que salieron el lunes por la mañana preguntándose qué estaba ocurriendo al no haber internet ni servicio telefónico.
Para los manifestantes, se trata de «salvar» la «revolución» que tumbó a Bashir en 2019, tras una represión que mató a 200 personas.
«El pueblo eligió un Estado civil» y «no un poder militar», declararon durante la víspera algunos manifestantes en Jartum, donde barricadas con neumáticos incendiados y piedras cortaban las calles cerca del cuartel general del ejército.
La opción de la dictadura
Este proceso, motivo de orgullo para muchos sudaneses ante el desenlace decepcionante de otras revueltas prodemocracia en el mundo árabe, se tambaleaba desde hace tiempo.
En abril de 2019, militares y civiles acordaron expulsar a Bashir del poder y formar el Consejo Soberano, compuesto equitativamente de miembros de ambos bandos para organizar las primeras elecciones libres a finales de 2023.
El golpe frena la transición y expone con toda claridad la creciente fractura entre quienes pedían un gobierno exclusivamente civil y quienes reclamaban un ejecutivo de generales que sacaran a Sudán del marasmo político y económico.
Según Jonas Horner, investigador en el International Crisis Group, «este es un momento existencial para ambos bandos», civil y militar.
«Este tipo de intervención [...] reintroduce la dictadura como opción», dijo.
Temiéndose lo peor, la oficina del primer ministro Hamdok advirtió a las autoridades militares que sobre ellas recaía «toda la responsabilidad de su vida» o su muerte, en un país donde ya hubo una intentona golpista hace un mes.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, afirmó que temía que se produjera un «desastre» si «Sudán retrocede [...] tras décadas de dictadura» y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió respeto a la «carta constitucional».
Ese texto, firmado por todos los responsables anti-Bashir en 2019, prevé elecciones a finales de 2023 y una transición civil, con la que el general Burhan afirmó seguir comprometido en cuanto se nombre un nuevo gobierno y un nuevo Consejo Soberano.
Ante las críticas, el general Burhan dijo que las nuevas autoridades respetarían los acuerdos internacionales firmados por Sudán, uno de los cuatro países árabes que normalizó recientemente relaciones con Israel.
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