El presidente de Perú, Pedro Castillo
Perú
La Fiscalía peruana investiga al presidente Castillo por tráfico de influencias
Pedro Castillo sólo podrá ser juzgado cuando finalice su mandato presidencia, ya que goza de inmunidad constitucional
Pedro Castillo, el presidente de Perú, se enfrenta a una posible demanda por «delitos contra la administración pública en agravio del Estado», según informó la Fiscalía de la Nación por medio de un comunicado de prensa.
En concreto, la fiscal Zoraida Avalos Rivera ha abierto una investigación preliminar al presidente Castillo por «tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor, y colusión, en calidad de partícipe».
En el comunicado se especifica que los posibles delitos atribuibles al jefe del Estado se produjeron «en la licitación del proyecto Puente Tarata III y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero-abril de 2022».
Ascensos militares
La Fiscalía de la Nación abrió también una investigación preliminar al presidente Castillo «por la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal».
El Tarata III es un puente para tráfico rodado construido sobre el río Huallaga en el departamento peruano de San Martín. Según la Fiscalía, el presidente Castillo habría intervenido «indebida e indirectamente en el proceso de licitación pública para la construcción» con el fin de que se otorgara autorización al consorcio encargado del proyecto.
«Para tal efecto, habría contado con la participación de Karelim López Arredondo, con quien mantendría una relación cercana», señaló la fiscal.
Se sospecha que López Arredondo, «en su condición de asesora de una de las empresas que forma parte del citado consorcio, realizó gestiones ante el presidente de la República para favorecer la adjudicación de dicho proyecto al consorcio Tarata III, por 232,5 millones de Soles peruanos (más de 50 millones de euros)».
Al jefe de Estado también se le atribuye haber intervenido, «indebida e indirectamente, en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril de 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de 74 millones de dólares».
Encuentro en el Palacio de Gobierno
Para lograr su objetivo, Castillo «habría contado con la intervención de Karelim López Arredondo, quien registra un ingreso al Palacio de Gobierno en la misma fecha y hora que el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y el proveedor de biodiesel Samir Abudayeh, es decir, el 18 de octubre de 2021».
Tres días después de este encuentro, el 21 de octubre, Petroperú «emitió una orden de servicio para comprar biodiesel para sus plantas», especificó la Fiscalía.
La Fiscalía destaca que Karelim López Arredondo mantiene una amistad tanto con el ex secretario general de la presidencia de la República, Bruno Pacheco, como con el mismo presidente Pedro Castillo.
Esa amistad quedaría demostrada por las repetidas visitas a una vivienda situada en el Jirón Sarratea del barrio limeño de Breña, donde el presidente Castillo habría acudido en varias ocasiones para reunirse con distintas personas a altas horas de la noche.
A pesar de las diligencias abiertas, en caso de prosperar, el proceso sólo podría abrirse una vez que Pedro Castillo finalice su mandato presidencial, ya que el presidente goza de inmunidad constitucional absoluta.
Únicamente podría ser juzgado por los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución: «Por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».
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