Nicolás Maduro en su anticipo de navideño de 2021
Hiperinflación, hambre, enfermedad, violencia y represión, los regalos de Navidad de Maduro
Un primer indicador es que las instituciones del Estado están ausentes o se han vuelto débiles en su intento por crear las oportunidades y atender las necesidades de la población, y particularmente de sus sectores más vulnerables: los niños, las mujeres y los adultos mayores.
Por ejemplo, no existe seguridad jurídica pues el Sistema Judicial responde solo a las instrucciones, necesidades e intereses del gobierno, así que los ciudadanos están indefensos; lo mismo ocurre con la Administración Pública en todos los niveles y en particular con los Sistemas de Salud y de Educación.
En consecuencia, el uso de los servicios públicos de salud ha disminuido en un 70 % y la atención se ha encarecido por el aumento de precio por la consulta y la obligación de cubrir el coste de todos los insumos y hasta de los medicamentos que se requieran.
Enfermedades como la malaria y el paludismo, la tuberculosis, la difteria y el tifus, que habían sido erradicadas o controladas, ha vuelto por sus fueros y se han incrementado en un 76 %
Las enfermedades como la malaria y el paludismo, la tuberculosis, la difteria y el tifus, que habían sido erradicadas o controladas, ha vuelto por sus fueros y se han incrementado en un 76 %.
Como resultado de la combinación de la precariedad de los servicios de salud y la situación económica, el 54 % de los niños y muchos adultos venezolanos tienen algún grado de malnutrición o desnutrición; así mismo, la morbilidad y la mortalidad en sectores vulnerables (niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos crónicos) han crecido a cifras alarmantes.
Casi la mitad de la población de 3 a 5 años permanece excluida de los beneficios de la educación inicial y un millón y medio de niños y adolescentes están fuera del sistema escolar
Por su parte, la educación, que ya venía decayendo en calidad y cantidad, ha quedado a su suerte luego de más de dos años sin actividad presencial. El gobierno no asumió la responsabilidad que le correspondía para mitigar los efectos de la pandemia sobre la interrupción de las actividades educativas, de modo que casi la mitad de la población de 3 a 5 años permanece excluida de los beneficios de la educación inicial y un millón y medio de niños y adolescentes están fuera del sistema escolar.
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De este cuadro tampoco han escapados las universidades públicas que viven el peor momento de su historia.
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213 % de inflación
La inflación del mes de noviembre pasado alcanzó la impresionante cifra de 22 %, con un acumulado interanual de 213 %, que nos coloca en primer lugar entre los países con la inflación más alta y la moneda más devaluada del mundo.
El grave déficit fiscal creado, contrajo el gasto público alrededor del 30 % anual, mientras que las reservas internacionales disminuyeron en una proporción similar; así mismo la deuda consolidada del país ascienden hoy a 181 mil millones de dólares, cuyos pagos representan más del 80 % del PIB.
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Pero ahora la proporción de población económicamente inactiva, creció por la reducción de la oferta de empleo y la destrucción de las oportunidades económicas ofrecidas por el aparato productivo formal.
Este año, el nivel de la actividad económica cayó un 7,2 % en comparación al segundo semestre de 2021 y se pronostica que todavía caerá en 2023 (4,4 %), lo cual hace la recuperación del ingreso familiar muy poco probable.
Para completar el cuadro en el ámbito social, agreguemos el deterioro creciente de la infraestructura y de los servicios básicos de energía, gas doméstico, gasolina, agua, transporte, vialidad, telecomunicaciones, así como el escaso acceso al crédito bancario, la falta de capital humano y el decrecimiento de la producción petrolera, agrícola, pecuaria, de manufactura e industrial.
Respecto al caso de la seguridad personal, es obligado señalar que tenemos una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes, es decir, unas 25.000 muertes violentas por año, quizás la más alta del continente, seis mil de las cuales son atribuibles a ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de los cuerpos policiales.
Represión y censura
Agreguemos a ello, la sistemática política de represión de la protesta y de persecución, cárcel y torturas a los que se oponen al gobierno y a los periodistas y medios de comunicación que lo adversan. Cerca de cien emisoras de radio y de TV clausuradas, junto a decenas de portales noticiosos bloqueados.
Como si eso fuera poco, la política social que hasta hace diez años contaba con varios programas de atención pública (las llamadas Misiones), ha quedado reducida básicamente a dos: los aportes monetarios, permanentes o eventuales a través del Carnet de la Patria, y las cajas de alimentos (CLAPs). Sin embargo, en la actualidad, 37 % de las familias venezolanas (unas dos millones y medio de personas) no reciben caja CLAP; solo el 25 % recibe la caja mensualmente y el 38 % la recibe cada dos a cuatro meses.
El 20 % de los mayores de 65 años no recibe pensión
Con relación a los aportes monetarios, el 20 % de los mayores de 65 años no recibe pensión y aunque el valor de los bonos ocasionales aumentó, el número de hogares que lo reciben disminuyó sensiblemente.
Así, Venezuela sigue estando por sexto año consecutivo, entre las «economías más miserables del mundo» sumiendo en la pobreza a más del 80 % de la población.
El éxodo
Huyendo de esta guerra no declarada, unos siete millones y medio de venezolanos abandonaron el país en los últimos cincos años, especialmente mujeres y jóvenes, en busca de la ilusión de un «futuro mejor» en otros lugares.
Los demás seguimos aquí y pasaremos la Navidad dando la batalla por la supervivencia, y preparándonos para la lucha final por la democracia y la libertad en el nuevo año.
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