Nicolás Maduro, en una imagen del archivo, durante una rueda de prensa
Venezuela
El «Club de los 35», el nido de corrupción del Ejército y el Gobierno venezolano
Cifras y números de la red de negocios espurios entre militares, empresarios y políticos en Venezuela
A mediados de 2020, la ONG internacional «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP), la cual surgió cómo iniciativa de periodistas de países de Europa del Este para poner de relieve las redes de corrupción en esas naciones y que ahora se extendió a otros países del globo, hizo público un informe que se refiere a la corrupción dentro de la Fuerza Armada venezolana, que involucraba hasta ese entonces, a más de 35 Generales.
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El informe se basó en entrevistas realizadas a oficiales disidentes que huyeron del país, y que contaron cómo estos militares se aprovechan de los fondos públicos, bien sea a través de empresas estatales; empresas privadas de oficiales activos o retirados que hacen negocios con el Estado; o promoviendo con impunidad, negocios ilegales o cuasi legales.
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Los resultados indican que, al menos, un tercio de los 312 generales del Ejército, está vinculado con empresas habilitadas para hacer negocios con el gobierno
Los resultados indican que, al menos, un tercio de los 312 generales del Ejército, está vinculado con empresas habilitadas para hacer negocios con el gobierno, como recompensa por mantener el «statu quo», incluso mientras el país se hunde en una espiral de ruina socioeconómica que lo convirtió en el país del mundo que, sin estar en guerra o experimentando un desastre natural, ha sufrido el mayor colapso económico en los últimos 50 años.
Para algunos, este tipo de retribuciones son un factor clave para asegurar su lealtad al régimen, en medio de una situación política, social y económica que se deteriora cada día.
El «Club de los 35»
Los miembros del «Club de los 35» se relacionan hasta esa fecha, con unas 41 empresas habilitadas a partir de 2004 y que se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo.
En total, obtuvieron más de 220 contratos a lo largo de los años y se involucraron en actividades tan diversas como la publicidad, agencias de festejos, importación de repuestos para vehículos, suministró materiales de ferretería, equipos de salud, informática, juguetes, el turismo, granjas agrícolas y hasta empresas de seguridad, que en conjunto valen centenares de millones de dólares.
Uno de los entrevistados describió la actitud del régimen hacia sus generales como: «Tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos».
No ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales que están vinculados a un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero
Según la Constitución Nacional y la ley anticorrupción, es ilegal que funcionarios públicos utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a través de un tercero asociado, como un familiar, pero no ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales que están vinculados a un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero.
«Alianza Cívico-Militar»
Además, la contratación del Estado es realmente una caja negra a la que no hay acceso, de tal manera se garantiza que no sea posible hacer investigaciones.
En realidad, todo comenzó hace dos décadas, a partir del momento en que se impulsó una estrategia de alianza sin precedentes, conocida como «Alianza Cívico-Militar», que aún perdura, y a la cual se asignó en el año 2000 un presupuesto de 114 millones de dólares.
Así, miles de soldados pudieron participar en obras públicas como la reparación de calles y carreteras, y remodelación de escuelas, obteniendo retribución económica adicional a su sueldo.
Tras el fallido golpe de estado de 2002, esta participación se extendió a oficiales de confianza, a los cuales se le permitió acceso al manejo de renglones diversos de la economía pública, como el control de los puertos, aeropuertos, aduanas y de la actividad minera de oro y diamantes, así como de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Un paso más se dio en 2005, cuando entró en vigor la ley orgánica de las Fuerzas Armadas destinada a, entre otras cosas, a «fortalecer la integración cívico-militar».
Milicias Bolivarianas
Incluso se empezó a reclutar civiles para crear un nuevo cuerpo militar híbrido: las Milicias Bolivarianas, las cuales también participan de los negocios.
Tras la muerte del presidente Chávez, esta alianza se amplió y ya para el 2018, siete de los 23 gobernadores de Venezuela eran oficiales, activos o retirados; además, nueve militares eran parte del gabinete y otros dirigían, por lo menos, 60 empresas públicas, lo que continúa hasta el día de hoy.
Así pues, la Alianza Cívico-Militar, se ha venido fortaleciendo, con una participación creciente de altos oficiales de la FANB en la conducción política del país y en actividades económicas fuera o al borde de la legalidad, y también en el soporte y mantenimiento del régimen represivo y de violación de los Derechos Humanos instalado, hasta constituirse en la «esencia y principal instrumento» del gobierno ilegítimo que padecemos.
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