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Protestas de los agricultores en Londres

Protestas de los agricultores en LondresEFE

Starmer aumenta su impopularidad entre los agricultores británicos y sigue perdiendo adeptos

La desconexión entre el Partido Laborista y las áreas rurales refleja una falta de comprensión de las complejidades de la vida fuera de los centros urbanos

El reciente anuncio del gobierno laborista británico, liderado por Keir Starmer, sobre cambios en el impuesto de sucesiones aplicable a las tierras agrícolas ha desatado una ola de protestas en las zonas rurales del país, profundizando la brecha histórica entre el Partido Laborista y las comunidades agrícolas. Esta medida, que busca reducir las exenciones fiscales para propiedades agrícolas de alto valor, ha sido recibida como una traición por parte de los agricultores, quienes argumentan que amenaza la viabilidad de sus negocios familiares y, con ello, la estabilidad de la producción alimentaria en el Reino Unido. El descontento actual conecta con un largo historial de tensiones políticas y sociales entre los laboristas y las áreas rurales, consolidando la percepción de que el partido sigue «fuera de contacto» con las realidades del campo británico.

Los cambios propuestos en el impuesto de sucesiones eliminan la exención completa que históricamente disfrutaban las tierras agrícolas bajo la figura del Agricultural Property Relief (APR). A partir de ahora, las propiedades agrícolas valoradas en más de un millón de libras estarán sujetas a un impuesto del 20 % sobre el monto excedente, en lugar del 40 % habitual aplicable a otras propiedades. Aunque Starmer asegura que, considerando las exenciones existentes, la mayoría de los agricultores estarán protegidos —con un umbral de hasta 3 millones de libras para parejas que transfieran sus tierras a sus hijos—, el sector rural ha respondido con escepticismo. La Unión Nacional de Agricultores (NFU) estima que el 75 % de las granjas comerciales podrían verse afectadas, en contraste con las afirmaciones del gobierno, que insiste en que solo una minoría de casos quedará sujeta al nuevo régimen fiscal.

El malestar rural se refleja en las protestas masivas realizadas en Londres, donde miles de agricultores, acompañados por tractores y pancartas, se manifestaron cerca de Downing Street. La presencia de figuras públicas como Jeremy Clarkson, presentador del exitoso programa Clarkson's Farm, amplificó la atención mediática sobre el descontento del sector. Clarkson, quien se ha convertido en un símbolo de la defensa de los agricultores británicos, acusó al gobierno de implementar una política apresurada, «mal pensada» y sin consultar a los afectados. Estas palabras resonaron con fuerza entre los manifestantes, quienes se sienten marginados en un momento en que la agricultura ya enfrenta desafíos históricos relacionados con el cambio climático, las consecuencias del Brexit y la competencia global en los mercados alimentarios.

El trasfondo histórico de esta crisis política es revelador. Las tensiones entre el Partido Laborista y las zonas rurales no son nuevas, sino que se remontan a décadas de desencuentros. Durante el gobierno de Tony Blair, el Partido Laborista ya enfrentó una ola de críticas al promulgar la prohibición de la caza del zorro en 2004, medida que fue interpretada como un ataque a las tradiciones rurales. Esta decisión, aunque aplaudida por sectores urbanos y defensores de los derechos de los animales, fue vista en las áreas rurales como una imposición de los valores urbanos sobre el campo. Además, el manejo del brote de fiebre aftosa en 2001, que llevó a la paralización de vastas áreas del Reino Unido rural, agravó la percepción de que el gobierno laborista no entendía ni priorizaba las necesidades de las comunidades agrícolas.

Estas tensiones se han mantenido vivas en el imaginario colectivo de los agricultores británicos, quienes históricamente han encontrado más afinidad con el Partido Conservador, tradicionalmente visto como el defensor de los intereses rurales. Sin embargo, los conservadores no han estado exentos de críticas recientes. El Brexit, promovido por los conservadores, ha creado barreras comerciales significativas para los agricultores que exportan al mercado europeo, y los acuerdos comerciales con Australia y Nueva Zelanda han sido percibidos como perjudiciales para los productores locales, al permitir la entrada de productos agrícolas a precios más bajos.

Starmer en liverpool

Starmer, en una conferencia en LiverpoolEFE

En este contexto, Starmer había intentado posicionarse como una alternativa viable para las áreas rurales, prometiendo proteger a los agricultores en futuros acuerdos comerciales y defendiendo la agricultura familiar. Sin embargo, los cambios al impuesto de sucesiones han socavado esa estrategia, generando una sensación de traición entre los agricultores que habían comenzado a considerar al Partido Laborista como una opción política. Los agricultores han expresado que, aunque poseen activos de alto valor en tierras, sus ingresos anuales suelen ser modestos, lo que dificulta el pago del impuesto y amenaza la continuidad de las explotaciones familiares.

Además de la presión fiscal, los agricultores temen por la seguridad alimentaria a largo plazo del Reino Unido. Tom Bradshaw, presidente de la NFU, ha advertido que estas políticas podrían desincentivar la inversión en producción agrícola, afectando la capacidad del país para producir sus propios alimentos en un momento de creciente incertidumbre global. Este argumento resuena con el público general, que históricamente ha mostrado aversión al impuesto de sucesiones por considerarlo una doble imposición injusta que castiga el ahorro y la planificación familiar.

El descontento actual plantea un desafío político significativo para Starmer y el Partido Laborista. El partido enfrenta la difícil decisión de mantener el rumbo o reconsiderar los cambios fiscales para mitigar el daño político. Pero el problema subyacente es más profundo: la desconexión entre el Partido Laborista y las áreas rurales refleja una falta de comprensión de las complejidades de la vida fuera de los centros urbanos. Mientras el gobierno intenta desarrollar un plan agrícola a 25 años para abordar la productividad y sostenibilidad del sector, queda claro que recuperar la confianza de las comunidades rurales requerirá más que promesas a largo plazo.

En última instancia, esta controversia no solo destaca la importancia de la política fiscal en un sector tan sensible como la agricultura, sino que también es un recordatorio de cómo los partidos políticos deben equilibrar las necesidades de las áreas urbanas y rurales. Para Starmer, esta crisis representa un punto de inflexión: o logra reconciliarse con el campo británico, o corre el riesgo de consolidar aún más el rechazo de una parte significativa del electorado.

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