La red criminal que sostiene a Maduro en Venezuela: megabandas, pandillas y carteles

El gobierno de Maduro anunció hace poco, que funcionarios policiales mataron a Wilexis Acevedo (El Wilexis), jefe de la peligrosa megabanda criminal que controlaba el barrio de Petare, el más grande de Caracas y del país, con 1,5 millones de habitantes, con el mismo modus operandi con el que en 2022, liquidó a Carlos Revette (alias El Koki) que dirigía la megabanda de La Vega, otro gran barrio de Caracas y antes, en 2016, a José Antonio Tovar (alias El Picure), líder del Tren del Llano, una de las primeras megabandas formadas a partir del 2008.

Al respecto, estudios de varias ONG venezolanas vienen señalando que la gran red de delincuencia criminal organizada, bien armada y apoyada por el gobierno —y en la cual puso su esperanza de salvación—, se han convertido en un grave problema cuyos efectos traspasaron fronteras, especialmente en Iberoamérica y los Estados Unidos.

El primer componente de esta red criminal son las «Megabandas», unas 19 identificadas hasta ahora

El primer componente de esta red criminal son las megabandas, unas 19 identificadas hasta ahora, cada una conformada por numerosos miembros asociados —con frecuencia entre 100 y 1000— que operan en las principales ciudades del país, originalmente promovidas, financiadas y armadas a través de la creación de las eufemísticamente denominadas «Zonas de Paz» creadas por el gobierno, junto con los «círculos bolivarianos», como primera fuerza de choque para la defensa del régimen y contención de la protesta popular, pero que luego se independizaron y desarrollaron sus propios objetivos, convirtiéndose en un grave problema para el propio gobierno.

Las conocidas megabandas «El tren de Aragua», «El Tren del Llano», la de «El Wilexis» y la de «El Koki» son un buen ejemplo de ello.

Esta red criminal sigue funcionando con casi total impunidad dentro y fuera del país y controlan no solo el delito en todas sus formas, sino también a las comunidades en las cuales operan, incluida la administración de la justicia, apoyadas por «pequeñas bandas» —unas 18.000— dispersas en el territorio nacional, y eventualmente, por los colectivos armados denominados «Guardianes de la Revolución», que son grupos civiles politizados, con unos 8.000 miembros, que dominan pequeños territorios en sus localidades y actúan directamente vinculados con los organismos de seguridad del Estado, para neutralizar a los disidentes opositores.

A esta red se sumaron luego los «Sindicatos criminales», que manejan las ofertas de empleo y extorsionan a las empresas empleadoras y a los trabajadores, a la sombra de los grandes proyectos del Estado, especialmente en el área de la construcción y en las actividades mineras y petroleras, para garantizar el «orden y la seguridad» y hasta se ocupan, como las megabandas, de administrar justicia en los sectores que controlan.

Entre 450 y 620 homicidios por 100 mil habitantes al año

Son, además, responsables de los altos índices de homicidios en las zonas donde se desempeñan —entre 450 y 620 homicidios por 100 mil habitantes al año— y de unas 40 masacres conocidas hasta ahora.

Otro grupo criminal que ha sido incluido es el de los «Pranes (jefes) de organizaciones carcelarias», también auspiciadas por las autoridades para ejercer un «eficiente control de los penales» y poner orden en el tráfico de drogas y armas, en la distribución de los privilegios, la protección y la comisión de delitos fuera de la cárcel, como la extorsión vía telefónica y el sicariato; todo ello, a través de estructuras jerárquicas organizadas, dirigidas por los propios prisioneros, con anuencia y complicidad de las autoridades de cada penal.

Luego están los carteles, destacados en los informes de las ONG, como las «Bandas Criminales Fronterizas», conformadas, principalmente, por los «grupos paramilitares exguerrilleros del ELN y las FARC» que operan en los Estados fronterizos, controlando los corredores de narcóticos provenientes de Colombia y también la actividad minera, con unos 5.000 efectivos actuando con libertad en 10 Estados fronterizos, junto con los carteles de Sinaloa y Jalisco, mexicanos, y del Golfo en Colombia, los cuales manejan cerca del 25% de narcotráfico mundial y le producen al gobierno unos 8.000 millones de dólares anuales, o más.

Un importante grupo asociado a este cartel es el de las «Bandas Criminales colombianas» (BACRIM) —unas 15 organizaciones identificadas— dedicadas a la extorsión, secuestro y sicariato contra ganaderos, comerciantes y empresarios, y al control de los caminos verdes (trochas) para la movilización de migrantes venezolanos y el tráfico sexual en Colombia, el Darién y Centroamérica.

Finalmente, citan como parte de esta red, al Frente Bolivariano de Liberación (FBL), un grupo paramilitar venezolano con 1.000 a 4.000 miembros, dedicado a la actividad política pro gobierno en comunidades campesinas, y a la extorsión de ganaderos y comerciantes en los Estados fronterizos con Colombia, y ahora vinculado también al tráfico de personas entre los migrantes que cruzan por Colombia y Panamá hacia Centroamérica y los EE.UU, pues este tráfico se convirtió en una fuente de dinero, muy productiva y de bajo costo.

Es conveniente señalar uno de sus altos jefes, Héctor Orlando Zambrano (alias Lapo) fue electo por Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 y reelecto en 2022, como diputado a la Asamblea Nacional actual.

Veremos qué pasa con las acciones que la Administración de Trump está desplegando para controlar esta red criminal que sostiene al gobierno.