Un juez federal bloquea a nivel nacional la orden de Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento

Un tribunal federal en New Hampshire emitió este jueves una decisión de gran trascendencia jurídica al suspender, con efectos en todo el país, la controvertida orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La medida, anunciada por el mandatario en su segundo día en el cargo, ha generado una amplia ola de críticas y se ha convertido en una de las disposiciones más controvertidas de su administración.

El juez federal Joseph Laplante, designado durante la presidencia de George W. Bush, argumentó que privar del derecho a la ciudadanía estadounidense representa «una ruptura drástica con una política de larga tradición» y puede causar «daños irreparables». No obstante, el magistrado resolvió suspender la aplicación de su propia sentencia durante siete días, con el objetivo de permitir al Gobierno federal presentar una apelación formal.

Laplante, quien ya se había pronunciado en contra de esta misma orden en un fallo anterior —aunque con alcance limitado—, subrayó que la ciudadanía de nacimiento es «uno de los privilegios más fundamentales y valorados del mundo». En febrero, el juez había restringido los efectos de su resolución a los miembros de determinadas organizaciones demandantes, sin extender la protección a nivel nacional. En esta ocasión, sin embargo, el bloqueo tiene un carácter universal.

La resolución judicial responde a una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuyo caso está encabezado por una ciudadana hondureña identificada como Barbara. Ella se encuentra en proceso de solicitud de asilo y espera dar a luz en territorio estadounidense el próximo octubre. La orden ejecutiva de Trump, de haber entrado en vigor el 27 de julio como estaba previsto, podría haber afectado directamente a su hijo, al negarle el derecho a la nacionalidad por el solo hecho de nacer en Estados Unidos.

El documento judicial aclara que el fallo busca proteger tanto a los «niños nacidos como a los futuros» que podrían haber sido impactados por esta nueva política migratoria, aunque no se refiere expresamente al estatus de sus progenitores, como habían solicitado los demandantes.

La decisión llega tras un fallo previo del Tribunal Supremo que invalidó varias órdenes de jueces estatales que intentaban bloquear decretos federales, argumentando que dichas resoluciones locales carecían de competencia para hacerlo. Este precedente había allanado el camino para la entrada en vigor del decreto de Trump, hasta ahora.

Desde el ala dura del Gobierno, la reacción no se ha hecho esperar. Tom Homan, exdirector interino de ICE y figura clave en la política migratoria de Trump, ha calificado al juez Laplante como un «radical» y aseguró que este tipo de sentencias solo buscan frenar la agenda del presidente. «El pueblo estadounidense apoya nuestras políticas. A pesar de la presión, no nos detendremos. Seguiremos adelante», afirmó Homan desde la Casa Blanca.

Más allá del impacto inmediato de la orden bloqueada, el caso plantea un debate profundo sobre el alcance de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual ha sido históricamente interpretada como garante de la ciudadanía automática para quienes nacen en suelo estadounidense. La jurisprudencia en esta materia es amplia y constante, consolidando un principio que ahora vuelve a estar en el centro del debate nacional.