Álvaro Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano condenado penalmente por soborno y fraude procesal
Álvaro Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano condenado penalmente por soborno y fraude procesal
La jueza Sandra Heredia halló culpable al exmandatario por manipulación de testigos, en un proceso judicial histórico que enfrenta apelaciones y despierta intensas reacciones políticas en Colombia y el extranjero
En un fallo sin precedentes en la historia reciente de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país entre 2002 y 2010 y es considerado una figura central de la política nacional, fue hallado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta resolución convierte a Uribe en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente, abriendo un capítulo inédito en el sistema judicial del país.
La decisión fue leída por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, al término de una extensa audiencia que se prolongó por más de diez horas y fue seguida en directo por millones de colombianos a través de los medios de comunicación y redes sociales. La magistrada declaró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para dictar un fallo condenatorio por tres cargos de soborno en actuación penal y uno de fraude procesal, aunque absolvió al exmandatario del delito de soborno simple.
La jueza calificó a Uribe como «el hombre más poderoso del país» y afirmó que el entramado judicial en su contra evidenciaba una estrategia sostenida de manipulación de testigos con el objetivo de desvirtuar acusaciones sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. El eje de la investigación, iniciada en 2012 tras una denuncia presentada por el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, se revirtió cuando la Corte Suprema de Justicia encontró indicios de que el expresidente había intentado influir en declaraciones de antiguos paramilitares encarcelados, mediante emisarios como el abogado Diego Cadena.
Según Heredia, Cadena actuó bajo instrucciones directas de Uribe, estableciendo contactos con testigos a quienes ofreció beneficios a cambio de modificar sus testimonios. La jueza lo describió como «un abogado con aspiraciones profesionales, que vio en su relación con Uribe la posibilidad de ascender en el poder», pero también señaló sus «carencias intelectuales» y la subordinación total a su presunto instigador.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
La lectura de la sentencia final está prevista para el 1 de agosto. Aunque la legislación colombiana contempla penas de entre cuatro y ocho años por los delitos cometidos, la jueza se inclinó por recomendar prisión domiciliaria para el expresidente, atendiendo a su edad y a la conducta procesal demostrada durante el juicio. Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, solicitó una sanción más severa: nueve años de prisión y una multa económica de 1.025 salarios mínimos, equivalente a unos 349.000 dólares.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, anunció de inmediato su intención de apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, dejando abierta la posibilidad de acudir posteriormente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. «Esta no es una sentencia definitiva. La presunción de inocencia se mantiene intacta y agotaremos todos los recursos legales», expresó el equipo jurídico del exmandatario en un comunicado oficial.
El caso, denominado por muchos como el «juicio del siglo», ha provocado un terremoto político en Colombia. Diversas figuras públicas reaccionaron al fallo, algunas mostrando apoyo a Uribe, otras destacando la relevancia institucional de la decisión judicial. El presidente Gustavo Petro, desde el extremo opuesto del espectro político, instó al respeto del fallo: «Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia».
Desde el partido Centro Democrático, fundado por Uribe y actualmente liderado por varios de sus discípulos políticos, se recibió el fallo con pesar. En un comunicado, expresaron «tristeza y dolor» por la condena, pero también respeto por el Estado de Derecho y su convicción en la inocencia del expresidente. Su sucesor político, Iván Duque, escribió en la red social X: «Uribe no está solo. Somos millones los que hemos visto su inocencia a lo largo de este proceso lleno de infamias».
También se pronunciaron voces del exterior. El senador estadounidense Marco Rubio y varios congresistas republicanos expresaron su preocupación por lo que consideran una politización de la justicia colombiana. Rubio afirmó que el único «delito» de Uribe ha sido «defender a su patria».
En contraste, el expresidente conservador Andrés Pastrana abogó por la prudencia institucional, reconociendo que aunque los argumentos de la jueza pueden ser discutibles, deben respetarse por el bien de la democracia colombiana.
Aún queda un largo camino judicial por recorrer. La apelación y eventual llegada del caso a instancias superiores podrían prolongar la resolución definitiva por varios años. Mientras tanto, el país asiste a un hecho sin precedente que enfrenta al poder político con la justicia, en un contexto de polarización social y debate sobre los límites del liderazgo, la legalidad y la ética pública.
