Álvaro Uribe denuncia sesgo político y atropello judicial tras ser condenado a prisión domiciliaria

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, calificó como arbitraria y políticamente orientada la sentencia judicial que lo condena a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En una intervención tras la lectura del fallo, el exmandatario cuestionó severamente la imparcialidad de la jueza Sandra Heredia, a quien acusó de actuar con hostilidad hacia su defensa, su familia y su persona.

«Este es un fallo que sobrepasa los límites del derecho. Es un fallo que no solo vulnera la legalidad, sino también la ética y la moral. Está impulsado por intereses políticos y no por pruebas reales», expresó Uribe, visiblemente indignado. Además, sostuvo que el proceso ha estado marcado por un evidente sesgo que debe ser evaluado por la justicia colombiana y por instancias internacionales.

El líder del partido Centro Democrático argumentó que su condena se fundamenta en una interpretación tendenciosa de los hechos y en la utilización de elementos sin sustento probatorio. «No hay una sola evidencia que demuestre que yo ordené buscar testigos para perjudicar al senador Iván Cepeda, ni que pagué por sus declaraciones. Esta es una condena sin pruebas, un fallo basado en suposiciones políticas», manifestó.

El caso tiene su origen en 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte no solo desestimó dicha denuncia, sino que decidió abrir una investigación en su contra por intentar, presuntamente, influir en testigos detenidos mediante su abogado Diego Cadena, con el fin de desacreditar a su adversario político.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, Uribe también se refirió a la decisión de la jueza de enviar una orden de encarcelación al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, Antioquia —municipio donde reside— para hacer efectivo su arresto domiciliario. Consideró esta medida como una forma de restringir injustamente su libertad, la cual ha utilizado, según él mismo, para recorrer el país y expresar pacíficamente su oposición al actual gobierno de Gustavo Petro.

«Se nos acusa falsamente de incitar a la violencia. Mi partido y mis compañeros han actuado con respeto por las instituciones y por la democracia. Este intento de vincularnos con el desorden público es una infamia», sentenció Uribe, subrayando que su ejercicio político ha sido siempre transparente.

Otro punto de fricción con la jueza Heredia fue la mención del nombre de su hijo, Tomás Uribe, a quien se sugirió como posible responsable de la filtración a medios de comunicación del contenido de la sentencia antes de su publicación oficial. El expresidente calificó esa insinuación como «temeraria» y «carente de gallardía», afirmando que sus hijos siempre han actuado de forma frontal y respetuosa.

Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y se ha mantenido como una figura central en la política nacional, reiteró su disposición a enfrentar el proceso, pero exigió garantías de imparcialidad y respeto. Según él, lo que se está juzgando no es su conducta, sino su trayectoria política y su posición ideológica.

Finalmente, insistió en que la justicia colombiana y organismos internacionales deberán examinar no solo el fondo del fallo, sino también la conducta de quienes lo promovieron. «Lo que está en juego no es solo mi libertad, sino la legitimidad de un proceso judicial que ha sido instrumentalizado para fines políticos», concluyó.