Dos atentados en Antioquia y Cali dejan 18 muertos y más de 60 heridos, elevando la tensión política y militar en Colombia
Un juez colombiano legaliza la detención de dos sospechosos del atentado en Cali
Seis civiles murieron y más de setenta resultaron heridos en la explosión frente a la Escuela Militar de Aviación; la Fiscalía imputó cargos por terrorismo y homicidio agravado
Un juez colombiano ratificó la legalidad de la captura de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, señalados como presuntos responsables de participar en el atentado con explosivos ocurrido el pasado jueves en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. El ataque dejó un saldo de seis personas fallecidas y 79 heridas, entre ellas decenas de transeúntes y residentes de la zona.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los dos procesados habrían conducido camiones cargados con artefactos improvisados hasta el lugar del ataque y, posteriormente, activado los mecanismos que desencadenaron la explosión. La captura de ambos se produjo en flagrancia, gracias a la acción de la comunidad que impidió su huida tras el estallido.
El ente acusador confirmó que los detenidos fueron imputados por homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Un juez de control de garantías avaló el procedimiento, mientras la investigación avanza para establecer la cadena de responsabilidades detrás del ataque.
Paralelamente, el presidente Gustavo Petro informó en la noche del viernes sobre la captura de un tercer sospechoso: Diomar Mancilla, presunto integrante de la columna «Jaime Martínez» del Estado Mayor Central (EMC), considerada la facción más fuerte de las disidencias de las FARC. Según las autoridades, esta estructura armada sería la principal responsable de coordinar la acción terrorista en Cali.
Una explosión en Cali ha causado, al menos, seis muertes
El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, había anunciado inicialmente siete fallecidos a raíz de la muerte de un herido crítico; sin embargo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) precisó que la cifra oficial se mantiene en seis víctimas mortales. Entre los 79 heridos, 37 ya recibieron el alta médica, aunque varios continúan hospitalizados en estado delicado.
Este atentado se produjo en un contexto de recrudecimiento de la violencia armada en Colombia. Apenas horas antes de la explosión en Cali, trece policías antinarcóticos perdieron la vida al ser derribado un helicóptero en zona rural de Amalfi (Antioquia), ataque que se le atribuye al frente 36 de las mismas disidencias.
La sucesión de estos hechos ha encendido las alarmas sobre la capacidad operativa de los grupos residuales de la extinta guerrilla, que, pese a los acuerdos de paz de 2016, mantienen presencia en varias regiones del país. Analistas coinciden en que la coordinación de ataques casi simultáneos contra la Fuerza Pública y la población civil constituye un mensaje de desafío directo al Estado, y evidencia un escenario de guerra irregular en el que los grupos armados buscan reposicionarse territorial y políticamente.
Las autoridades locales y nacionales insisten en que estos actos no solo representan un crimen contra la vida de inocentes, sino también un intento de desestabilizar los procesos de seguridad y paz. La Fiscalía, por su parte, aseguró que continuará priorizando investigaciones de este tipo dentro de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
