El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanc
Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para enviar a la Guardia Nacional si los jueces se lo impiden
Esta ley de 1807 autoriza al presidente a movilizar tropas o asumir el mando de la Guardia Nacional en casos de rebelión o insurrección, cuando la autoridad local no pueda mantener el orden
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta al uso de poderes extraordinarios –la Ley de Insurrección de 1807– en caso de que los tribunales federales bloqueen sus órdenes de desplegar la Guardia Nacional en ciudades controladas por demócratas. Trump insistió este lunes desde el Despacho Oval en que acudiría a esa ley «si es necesario», especialmente si «muere gente y los tribunales nos impiden actuar»
La tensión ha escalado después de que una jueza federal de Oregón, Karin Immergut, emitiera una orden cautelar para prohibir temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, al estimar que su orden podría violar la Constitución, en particular la Décima Enmienda. Ante ese revés, la Casa Blanca anunció que apelará la decisión, calificando el fallo como «desconectado de la realidad y de la ley».
Trump insistió en que, ante imposiciones judiciales o bloqueos de autoridades estatales o locales, podría remitirse a la Ley de Insurrección para hacerse con el «control» de la Guardia Nacional o desplegar fuerzas armadas. «Hasta ahora no ha sido necesario. Pero tenemos una Ley de Insurrección por una buena razón (…) si tengo que invocarla, lo haré», sostuvo el mandatario.
La Ley de Insurrección autoriza al presidente a movilizar tropas o asumir el mando de la Guardia Nacional en casos de rebelión o insurrección, cuando la autoridad local no pueda mantener el orden.
La disputa se ha extendido a otras ciudades. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago han presentado demandas para bloquear el envío de tropas federales. En Los Ángeles, un tribunal federal declaró ilegal el despliegue de la Guardia Nacional para labores policiales, al considerarlo incompatible con la ley Posse Comitatus, que prohíbe que las fuerzas armadas asuman funciones de orden público.
