El presidente de Guatemala denuncia un golpe de Estado en su contra y exige una defensa de la democracia

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció este domingo que se intenta consumar un golpe de Estado en su contra, encabezado por el juez penal Fredy Orellana y por la fiscal general Consuelo Porras, ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.

Acompañado por su gabinete y los diputados de su partido, el Movimiento Semilla, Arévalo compareció en cadena nacional para advertir que «ha llegado la hora de defender la democracia sin titubeos». El mandatario señaló que la ofensiva judicial pretende revertir la voluntad popular expresada en las elecciones de 2023, en las que resultó vencedor con una campaña basada en la lucha contra la corrupción.

El juez Orellana, en el centro de la polémica

El detonante de la crisis fue un nuevo fallo emitido el pasado viernes por el juez Orellana, quien volvió a solicitar la suspensión del Movimiento Semilla y pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anule los resultados de los comicios presidenciales y declare vacante el cargo de presidente.

El magistrado argumentó que el partido oficialista se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023, por lo que —según su interpretación— el proceso electoral que llevó a Arévalo al poder carecería de validez. Sin embargo, expertos en derecho constitucional han señalado que Orellana carece de competencia para intervenir en asuntos electorales, calificando su decisión como un abuso de autoridad sin sustento legal.

Arévalo apunta a una «alianza criminal»

En su discurso, el presidente fue contundente: «Una alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en sectores del sistema de justicia busca hundir nuevamente a Guatemala en el autoritarismo, la corrupción y la impunidad».

Arévalo describió a Orellana como un «sicario judicial» al servicio de Consuelo Porras, a quien también responsabilizó de orquestar un plan para perpetuar la impunidad de las élites corruptas y proteger los intereses de narcotraficantes, pandilleros y políticos aliados.

El mandatario recordó que bajo esta misma red de poder han sido encarcelados líderes sociales e indígenas, como Héctor Chaclán y Luis Pacheco, además del reconocido periodista José Rubén Zamora, símbolo de la prensa independiente en el país. Según Arévalo, estos casos reflejan el uso del aparato judicial para intimidar a voces críticas y desmovilizar a la ciudadanía.

Ante la gravedad de los hechos, el jefe de Estado solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que garantice la validez de los resultados electorales de 2023 y proteja el orden democrático. Asimismo, exigió al Organismo Judicial la destitución inmediata del juez Orellana, cuya conducta —dijo— «constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia».

«Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos del país. Han sido reconocidos como tales por la sociedad guatemalteca y por la comunidad internacional», subrayó Arévalo, recordando que ambos fueron incluidos en listas de funcionarios corruptos por parte del Departamento de Estado de EE.UU. y la Unión Europea.

Un gobierno bajo asedio desde el inicio

Desde su victoria electoral en 2023, Arévalo ha enfrentado constantes intentos de deslegitimación. A pesar de haber iniciado su mandato con un fuerte respaldo ciudadano, el Ministerio Público ha promovido una serie de acciones judiciales para frenar sus reformas y desacreditar a su partido.

El mandatario, que llegó al poder desde una posición inesperada —octavo en las encuestas antes de la primera vuelta—, representa un cambio en la política guatemalteca. Su discurso anticorrupción y su apuesta por la transparencia chocan con estructuras enquistadas del poder judicial y político, que durante años han sido señaladas de proteger intereses privados y mafias institucionales.