Jugando con el terrorismo
Desde comienzos del siglo XXI, Venezuela ha transitado un proceso de reconfiguración de su política exterior, caracterizado por el distanciamiento de los EE.UU. y la consolidación de alianzas con actores considerados antagónicos al orden liberal internacional
Nicolás Maduro y Alí Jamenei, «líder supremo» de Irán
El objetivo de este artículo es examinar las relaciones políticas, económicas y estratégicas entre los regímenes de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros y la República Islámica de Irán, así como los acuerdos suscritos entre ambos estados que han servido de marco para una creciente cooperación en materia de seguridad. Asimismo, se analiza el reciente pronunciamiento del expresidente estadounidense Donald Trump, el cual, a nuestro juicio, introduce una diferencia cualitativa respecto a designaciones previas vinculadas al llamado «Cartel de los Soles», al señalar directamente a Nicolás Maduro y a su círculo ministerial como una organización terrorista. Finalmente, se evalúan las implicaciones geopolíticas de un eventual bloqueo petrolero y su posible lectura como un escenario de confrontación abierta.
Voceros del régimen de Maduro insisten en acusar al presidente Donald Trump de «afectar los intereses petroleros de Venezuela», cuando la verdad es que son ellos mismos los que han destruido nuestra industria de hidrocarburos y saqueado los dividendos que se obtienen de la comercialización del crudo venezolano; la prueba más reciente fue lo admitido por el propio Nicolás Maduro, al detener y encarcelar a su correligionario, Tareck El Aissami, acusándolo de «robarse más de 26 mil millones de dólares» provenientes del tráfico del petróleo venezolano.
Desde comienzos del siglo XXI, Venezuela ha transitado un proceso de reconfiguración de su política exterior, caracterizado por el distanciamiento de los Estados Unidos y la consolidación de alianzas con actores considerados antagónicos al orden liberal internacional. En este contexto, la relación con la República Islámica de Irán ha ocupado un lugar central, no solo en el plano diplomático y económico, sino también en el ámbito estratégico y de seguridad. El análisis de estas relaciones resulta indispensable para comprender las tensiones actuales en el sistema internacional y las advertencias formuladas recientemente por actores políticos estadounidenses, cuyas implicaciones podrían redefinir el estatus del conflicto venezolano.
Durante el ciclo de Hugo Chávez Frías se estableció una relación privilegiada con Irán, sustentada en una afinidad ideológica marcada por el rechazo al liderazgo estadounidense y la promoción de un discurso antioccidental. Esta relación se tradujo en la firma de numerosos acuerdos bilaterales en áreas como energía, vivienda, industria, banca y cooperación tecnológica.
Bajo la dictadura de Nicolás Maduro, esta alianza no solo se mantuvo, sino que se profundizó, particularmente en un contexto de sanciones internacionales y aislamiento diplomático. Diversos analistas y organismos internacionales han señalado que algunos de estos acuerdos han carecido de transparencia y han servido para justificar una presencia iraní en territorio venezolano que va más allá de la cooperación civil tradicional, extendiéndose a ámbitos sensibles vinculados a la seguridad y la defensa. Si bien los regímenes involucrados han presentado esta cooperación como legítima y soberana, sectores de la comunidad internacional han advertido sobre los riesgos que implica la presencia de fuerzas o asesores extranjeros, dotados de pasaportes venezolanos, vinculados a estructuras militares iraníes en el Hemisferio Occidental.
En años anteriores, autoridades estadounidenses declararon al denominado «Cartel de los Soles» como organización terrorista internacional, asociándolo a redes de narcotráfico y crimen transnacional. Aquella decisión, aunque grave, se centró en una estructura criminal específica presuntamente vinculada a sectores militares venezolanos. Sin embargo, el reciente pronunciamiento del presidente Donald Trump introduce un cambio sustancial: la designación directa de Nicolás Maduro y de su tren ministerial como una organización terrorista en sí misma. Esta diferencia no es meramente semántica, sino que transforma el conflicto de una persecución penal contra actores específicos a una imputación política de carácter estructural contra el Estado venezolano de facto. Desde el punto de vista del derecho internacional y de la práctica diplomática, una designación de esta naturaleza tiene implicaciones profundas, al abrir la puerta a medidas extraordinarias que exceden el marco de las sanciones tradicionales.
A lo anterior se suma la advertencia de un bloqueo del tráfico ilegal de petróleo, medida que afectaría el principal sustento financiero de las mafias que operan desde el territorio venezolano. Históricamente, los bloqueos de esta naturaleza han sido considerados actos de coerción extrema, con consecuencias económicas y geopolíticas significativas.
La estrategia seguida, inicialmente por Chávez y luego por Maduro, al estrechar alianzas con regímenes y actores asociados a dinámicas de confrontación global, ha contribuido a situar a Venezuela en una posición de extrema vulnerabilidad internacional. La instrumentalización del discurso antiimperialista y la opacidad de los acuerdos firmados han alimentado percepciones que hoy se traducen en amenazas concretas contra la estabilidad del país.
«Jugar con el terrorismo», como sugiere el título de este artículo, no es una metáfora retórica, sino una advertencia sobre las consecuencias de convertir alianzas estratégicas y narrativas ideológicas en factores que legitiman la criminalización total de un Estado. Las decisiones tomadas durante las últimas dos décadas parecen haber conducido a Venezuela a un punto crítico, cuyas repercusiones aún están por definirse.
