La dictadura interina de Delcy Rodríguez: provisional en la forma, pero profundamente continuista en el fondo

La noción de transición democrática no admite ambigüedades. En la teoría política clásica y en la experiencia comparada de los pueblos que han logrado salir del autoritarismo, una transición supone el paso efectivo —no retórico— de un régimen dictatorial hacia un orden democrático sustentado en la legalidad, la alternancia, la transparencia y la justicia. Cuando estos elementos no solo están ausentes, sino que son sustituidos por prácticas heredadas del poder autocrático, no estamos frente a una transición, sino ante una mutación del autoritarismo.

En ese contexto, resulta imprescindible afirmar que Delcy Rodríguez no representa garantía alguna de transparencia, de equidad y menos aún de justicia. Lo que ella encabeza no puede calificarse como un proceso de transición, porque lejos de desmontar los mecanismos de la dictadura, los recicla, los perfecciona y los legitima o «normaliza» bajo un nuevo ropaje discursivo. Se trata de una dictadura interina: provisional en la forma, pero profundamente continuista en el fondo.

La evidencia es palmaria. Continúan aplicándose métodos sanguinarios de persecución política; se mantienen prisioneros a líderes disidentes por el solo hecho de pensar distinto; se institucionaliza la extorsión como práctica de control social. Basta recordar la grave denuncia realizada por Mariana González, hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien reveló cómo la extorsión, la coerción y el chantaje siguen siendo instrumentos habituales del poder. Estos hechos no son accidentes del sistema: son el sistema mismo.

Pretender que este entramado conduzca a la democracia es tan ilógico como intentar apagar un incendio con fuego, arrojando combustible sobre una hoguera ya descontrolada. No se desmonta una estructura criminal entregándole su conducción a quienes forman parte de ese mismo cartel de poder.

Sería equivalente a suponer que, tras ordenar el asesinato de Luis Carlos Galán, Pablo Escobar habría sido una opción razonable para ocupar la presidencia de la República de Colombia. O, llevado a otro plano histórico, como si alguien sugiriera al presidente Donald Trump que, para concretar su proyecto de una América grande, recurriera a la reencarnación-política-de Al Capone.

Venezuela ha sido desgarrada. Millones de familias han sido separadas por el exilio forzado, por la miseria inducida y por la represión sistemática. Los responsables de esta devastación no son, precisamente, los llamados a liderar la reconstrucción nacional.

El país ha sido saqueado, y quienes patrocinaron ese asalto no pueden erigirse ahora en administradores probos de las finanzas públicas de una nación quebrada. Venezuela ha visto morir a miles de ciudadanos, ha sido testigo del desgaste vital de incontables familias cuyos seres queridos languidecen en prisiones injustas, convertidas en centros de castigo político.

La transición hacia la democracia tiene conductores legítimos, surgidos del mandato popular y del compromiso con valores republicanos. Confundir deliberadamente a la ciudadanía, o hacerlo por conveniencia, equivale a prolongar el sufrimiento nacional. No nos equivoquemos a propósito. Como reza el adagio popular, «no le tengamos miedo al cuero después de haber matado al tigre». Si el país ya ha identificado la raíz del mal, no puede ahora resignarse a sus disfraces.

La historia no absuelve a quienes, pudiendo optar por la ruptura democrática, eligen la continuidad autoritaria. Venezuela merece una transición auténtica, no una dictadura interina que administre la tragedia con los integrantes de ese cartel y sus mismas y viejas prácticas.