Otra leyenda negra: el petróleo de Venezuela

Cada vez que Estados Unidos asume una posición firme frente a la tragedia venezolana, reaparece una explicación automática, cómoda y reduccionista: todo se debe al petróleo. Como si la política exterior de una democracia compleja pudiera explicarse por un solo recurso natural, y como si la lucha de un pueblo por su libertad fuera apenas un subproducto de intereses energéticos. Esa narrativa no es nueva. Es, en realidad, otra leyenda negra.

Reducir la relación de Estados Unidos con Venezuela al apetito petrolero no solo es intelectualmente pobre; es una forma de negarle dignidad política a la causa democrática venezolana. Es insinuar que los millones de ciudadanos que han salido a votar, a protestar y a resistir durante más de dos décadas lo hacen como figurantes de una partida geopolítica ajena.

Es desconocer deliberadamente la existencia de principios, valores y compromisos que han guiado históricamente la política exterior estadounidense, con errores y aciertos, pero también con una coherencia básica: la defensa de la democracia representativa, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Conviene recordar un dato elemental que los propagadores de esta leyenda omiten: Estados Unidos no depende del petróleo venezolano. Desde hace años es uno de los principales productores de energía del mundo, con capacidad suficiente para cubrir su demanda interna y exportar. Si el único objetivo fuera el crudo, habría opciones más simples, menos costosas y sin el desgaste político que implica confrontar a una dictadura atrincherada. El argumento petrolero se cae por su propio peso cuando se lo contrasta con la realidad energética actual.

Lo que sí resulta evidente es que Venezuela se ha convertido en un caso emblemático de degradación institucional en el hemisferio. Un país que pasó de ser una democracia imperfecta a una autocracia sostenida por la represión, el fraude electoral, la persecución política y la connivencia con redes criminales transnacionales. Ignorar ese hecho, o relativizarlo bajo el pretexto del petróleo, equivale a normalizar el autoritarismo y a aceptar que la violación sistemática de derechos humanos es un asunto secundario mientras fluyan barriles.

Resulta enternecedor ver cómo el «fervor revolucionario» se disuelve mágicamente ante la presencia de un funcionario estadounidense, transformándose en una alfombra roja de sumisión absoluta.

En ese Palacio de Miraflores, donde ayer se gritaban consignas contra el «imperio», hoy se afinan las arpas para dedicarle un joropo al Secretario de Energía, para insinuarle al invitado que en esa subasta de soberanía todo está en oferta. Es un espectáculo de un pragmatismo casi cómico: un reducto que, tras años de retórica antiimperialista, ahora entrega los recursos y la poca dignidad que les quedaba con la misma facilidad con la que se cambia un paso de baile.

Al final, parece que el socialismo del siglo XXI tiene un precio muy claro, y están dispuestos a liquidar el país por partes con tal de comprar unos minutos más de oxígeno en el poder.

Pero afortunadamente hay un componente estratégico que suele confundirse deliberadamente con codicia económica. Para Estados Unidos —y para cualquier democracia occidental— no es indiferente que en el Caribe y en América Latina se consoliden regímenes aliados de potencias autoritarias, que utilizan el territorio venezolano como plataforma de desestabilización regional.

La seguridad hemisférica, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y las redes de financiamiento ilícito no son excusas: son preocupaciones legítimas de cualquier Estado responsable.

Pero incluso si se dejara de lado toda consideración estratégica, queda un elemento que los cínicos prefieren ignorar: la voz del pueblo venezolano. Esa voz se expresó con claridad en procesos electorales recientes, en los que millones de ciudadanos desafiaron el miedo y la censura para reafirmar su voluntad de cambio. Cuando la comunidad internacional acompaña esa expresión soberana, no está persiguiendo petróleo; está reconociendo un mandato popular que ha sido burlado por la fuerza.

La leyenda negra del petróleo cumple una función política muy concreta: desmovilizar, sembrar desconfianza y dividir. Sirve al régimen para presentarse como víctima de una conspiración externa y para descalificar toda solidaridad internacional como intervención interesada. Y, lamentablemente, también es repetida por quienes, desde la comodidad del escepticismo, prefieren no asumir una posición clara frente a la dictadura.

Venezuela no es un botín. Es una nación secuestrada que lucha por recuperar su libertad. Quien reduce ese drama a una disputa por recursos naturales no solo se equivoca en el diagnóstico; contribuye, consciente o inconscientemente, a perpetuar la injusticia. Desmontar esa narrativa no es un ejercicio retórico: es una obligación moral frente a la verdad y frente a un pueblo que se niega a resignarse.

Conviene decirlo con claridad: siempre ha habido gobiernos interesados en el petróleo venezolano, incluidos regímenes autoritarios que nada tienen que ver con la democracia ni con la libertad. Ahí está el caso de la dictadura engendrada en Cuba por los hermanos Castro, que convirtió a Venezuela en su sostén energético durante años, sin pagar y sin aportar desarrollo alguno.

Lo mismo ocurre con los intereses de China, Irán y Rusia, potencias que no ocultan su objetivo de controlar nuestros recursos naturales, incluidas las llamadas tierras raras, como parte de sus estrategias geopolíticas, sin respeto por la soberanía ni por el bienestar del pueblo venezolano.

Una cosa es llevarse el petróleo; otra muy distinta es comprarlo

La diferencia es sustancial. Una cosa es llevarse el petróleo; otra muy distinta es comprarlo. Lo primero es expolio. Lo segundo es comercio legítimo entre naciones soberanas.

La propuesta política y económica que encarnan María Corina Machado y nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia parte de un principio elemental: Venezuela debe convertirse en el gran hub energético de las Américas. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos recursos estratégicos. Quien desee acceder a ellos deberá hacerlo bajo reglas claras, pagando lo que corresponde y respetando la institucionalidad del país.

Ese es el negocio. No hay misterio ni pecado en ello. Es exactamente el mismo principio que rige una frutería: se cultivan frutas, se venden, y con esas ganancias se sostiene el negocio, se pagan salarios y se invierte en crecimiento. Venezuela posee una diversidad extraordinaria de recursos naturales que deben ser explotados de manera racional, transparente y sostenible, para generar riqueza legítima.

El objetivo no es enriquecer camarillas ni financiar aparatos represivos, como ha ocurrido bajo la dictadura. El objetivo es destinar esos ingresos al desarrollo integral del país, a la reconstrucción de la infraestructura, a la educación, a la salud, a la creación de empleo y, sobre todo, a sacar de la pobreza a millones de venezolanos que han sido condenados al abandono.