Capiven: el proyecto de reconstrucción de Venezuela (y Cuba)

La oportunidad que tenemos hoy en Venezuela no volverá en generaciones. Bajo la tutela de Estados Unidos, que, a pesar de las críticas de la izquierda mundial, ofrece una oportunidad única, la reconstrucción venezolana puede realinear los intereses de la ciudadanía no solo como votantes, sino como co-propietarios de sus propios recursos de un modo directo, sin intermediarios, donde tengan agencia individual, no a través de organismos corruptos.

Venezuela no necesita otro catálogo de buenas intenciones, ni otro plan de gasto público administrado desde un ministerio. Necesita un cambio de régimen económico, pero, sobre todo, un cambio de modelo de relación entre el Estado, la ciudadanía y los recursos nacionales.

La crisis venezolana (la económica) no surge únicamente de una crisis de producción; es una crisis de identificación del ciudadano con el antiguo pacto social. Cuando el Estado, independientemente de su ideología, es dueño de los activos productivos, el político se convierte en su administrador sin propietario que le vigile. El resultado natural es la captura: empresas usadas como cajas negras, inversión crónicamente insuficiente, corrupción sistémica y una sociedad reducida a dependencia.

La reconstrucción exige separar, por diseño, el patrimonio productivo del ciclo político. El objetivo no es «privatizar» para sustituir comisarios por oligarcas, ni «nacionalizar» para perpetuar la economía de racionamiento. Es convertir al ciudadano en propietario directo de los recursos naturales y económicos de la nación, al tiempo que atraer capital internacional y establecer una gestión con reglas claras, blindando el sistema contra la recaída. Ese es el propósito de CAPIVEN: un programa de capitalización ciudadana para transformar activos estatales en patrimonio directo de los venezolanos, al tiempo que se abre espacio a la inversión privada y competencia entre gestores.

Capitalización no es privatización

En el debate latinoamericano, la mención a la privatización suele evocar dos miedos: el expolio del patrimonio nacional y la concentración de riqueza en manos de unos pocos. Es un temor comprensible cuando las instituciones son débiles y las reglas se improvisan. Sin embargo, esa experiencia histórica invalida las privatizaciones mal diseñadas, pero no el concepto del capitalismo ciudadano.

La capitalización ciudadana propone un camino distinto. No se trata de vender el país, sino de distribuir su propiedad. En vez de transferir activos al mejor conectado, se transfiere la titularidad económica al conjunto de los ciudadanos y se busca inversión privada mediante ampliaciones de capital que financian la modernización. El Estado deja de ser empresario y pasa a ser regulador y recaudador. La ciudadanía deja de ser cliente del poder y pasa a ser accionista. Cada ciudadano tendrá dos votos. Uno político, y otro en la junta de accionistas de «sus» compañías.

La prosperidad depende de inversión, competencia y seguridad jurídica

El cambio cultural es tan importante como el financiero. Un ciudadano con propiedad y expectativa de dividendos desarrolla una relación distinta con el Estado: exige transparencia, apoya reformas que aumentan productividad y entiende que la prosperidad depende de inversión, competencia y seguridad jurídica. También cambia la dinámica cuando el estado devorador intenta pasarse en la presión fiscal de sus activos productivos. En otras palabras, la capitalización crea una base social para el capitalismo, no solo un marco legal para inversores.

CAPIVEN (Caja de Ahorro y Patrimonio de Venezuela). Conceptualmente, es un holding ciudadano: una entidad cuya función es custodiar y administrar, en nombre de todos los venezolanos, participaciones accionariales en empresas hoy estatales. CAPIVEN no gobierna el país, no decide el presupuesto y no sustituye al Parlamento. Su mandato es estrictamente patrimonial.

Cinco principios

El programa se rige por cinco principios. Primero, propiedad ciudadana amplia: cada venezolano es beneficiario final de una participación, con registro individual y derechos económicos y políticos definidos en cada una de las empresas capitalizadas. Segundo, inversión y gestión privada mediante competencia: la modernización se financia incorporando socios estratégicos y equipos directivos con incentivos. Tercero, separación del poder político: el gobierno no puede utilizar empresas como mecanismo de control social ni como fuente discrecional de caja. Cuarto, transparencia verificable: auditorías, reportes y reglas de contratación públicas, con trazabilidad de decisiones. Quinto, secuenciación pragmática: empezar por sectores con capacidad de generar caja y credibilidad, y escalar por fases.

Un esquema sin propiedad ciudadana amplia degeneraría en oligarquía. Un esquema sin inversión privada degeneraría en estancamiento. Un esquema sin separación del poder político degeneraría en recaída hacia la corrupción. CAPIVEN es un sistema que, desde el primer día, reduzca las probabilidades de esos tres fracasos.

La mecánica económica: 75% ciudadano, 25% socio estratégico

La forma más limpia de atraer capital sin regalar activos es la ampliación de capital. Bajo CAPIVEN, cada empresa seleccionada emite nuevas acciones que son adquiridas por socios estratégicos a través de subastas competitivas y transparentes. CAPIVEN, en representación de los ciudadanos, retiene una mayoría significativa del capital (por ejemplo, un 75 %), mientras el socio estratégico adquiere una minoría relevante (por ejemplo, un 25 %).

El destino del dinero

La clave es el destino del dinero. El capital pagado por ese 25% entra en la empresa para financiar inversión: mantenimiento, tecnología, capacidad productiva, seguridad, eficiencia energética, logística y capital humano. No entra al Tesoro, donde sería susceptible a captura y gasto improductivo. El valor creado por la inversión eleva la valoración de la empresa y, por tanto, el valor del 75 % ciudadano.

El socio estratégico, por su parte, tiene incentivos reales: aporta recursos y gestión y recibe una participación suficiente para justificar un horizonte de inversión de largo plazo. Su remuneración depende de resultados, no de favores. CAPIVEN y el marco regulatorio, a su vez, imponen disciplina: reglas de gobierno corporativo, límites a transacciones con partes relacionadas, auditorías internacionales y sanciones por incumplimiento.

Gobernanza: cómo evitar la captura

La crítica más habitual a cualquier reforma en Venezuela es simple: «todo eso será capturado». La respuesta debe ser institucional. CAPIVEN incorpora varias barreras de diseño.

En primer lugar, CAPIVEN no opera como un monopolio burocrático. La administración del patrimonio se asigna a varios gestores independientes que compiten entre sí, bajo regulación estricta. El ciudadano tiene derecho a elegir gestor y cambiarlo. La competencia reduce la posibilidad de captura centralizada y crea incentivos para buena gestión y costes bajos.

En segundo lugar, la gobernanza corporativa de las empresas capitalizadas se estructura para impedir la vuelta a la «empresa pública disfrazada». Los consejos de administración se componen de mayoría independiente, con comités de auditoría y remuneraciones. Se prohiben «contratos patrióticos» opacos y se exige contratación transparente, con estándares internacionales de compliance.

En tercer lugar, el rol del gobierno se limita, por ley, a recaudar impuestos y royalties. Es un punto esencial: el Estado puede y debe financiar bienes públicos, pero no debe controlar directamente el patrimonio productivo si se quiere romper el ciclo de corrupción. Este cortafuegos debe estar protegido constitucionalmente y reforzado por tratados internacionales de inversión y arbitraje.

En cuarto lugar, se establece un sistema de transparencia radical. Reportes trimestrales, estados financieros auditados, divulgación de beneficiarios reales en contratistas, y mecanismos de denuncia con protección legal. Sin transparencia verificable, la capitalización se convierte en narrativa; con transparencia, se convierte en mecanismo.

El ciudadano en la práctica: cuentas, dividendos y liquidez gradual

Para ser socialmente sostenible, CAPIVEN debe traducirse en una experiencia sencilla para el ciudadano. Cada venezolano dispone de una cuenta patrimonial asociada a su identificación, donde se registran sus derechos económicos. En la etapa inicial, conviene un periodo de lock-up, un bloqueo temporal que impida ventas masivas a precios deprimidos y evite la adquisición oportunista de patrimonio ciudadano por especuladores. Este periodo no debe ser eterno: su función es estabilizar el arranque del mercado.

Durante el lock-up, el ciudadano puede recibir beneficios en forma de dividendos o pagos periódicos, especialmente para mayores y colectivos vulnerables. Para jóvenes, el sistema debe priorizar acumulación y educación financiera. La liquidez se habilita gradualmente mediante salidas a bolsa, creación de un mercado secundario ordenado y, si la infraestructura lo permite, instrumentos digitales que faciliten la transferencia de derechos sin abrir la puerta a fraude.

La clave es que el ciudadano entienda que su cuenta patrimonial no es una ayuda, sino un activo. Ese cambio psicológico –de beneficiario pasivo a propietario– es uno de los motores más poderosos de la reconstrucción.

Empezar por el petróleo

Secuencia de implementación: empezar por el petróleo, escalar al resto

CAPIVEN debe ejecutarse por fases. Intentar reformarlo todo a la vez es una receta para el fracaso operativo y político. La primera fase debe concentrarse en el sector energético, por tres motivos: es el activo con mayor capacidad de generar caja, es el sector con métricas internacionales claras para evaluar desempeño, y es el que más credibilidad aporta a la transición si muestra resultados rápidos.

En una etapa inicial, la empresa petrolera estatal se reestructura en varias compañías operativas para introducir disciplina, claridad contable y evitar que el monopolio renazca bajo otro nombre. Después se incorporan socios estratégicos mediante ampliaciones de capital. CAPIVEN retiene la mayoría ciudadana y establece la gobernanza. El regulador energético se refuerza con independencia real, y el sistema fiscal se simplifica para que royalties e impuestos sean predecibles.

La segunda fase incorpora sectores con alto impacto en productividad y bienestar: electricidad, telecomunicaciones y logística. Sin energía fiable y comunicaciones, ninguna economía despega. La tercera fase amplía a minería, puertos, infraestructura y otros activos estatales, ya con un mercado de capitales más maduro y un sistema de supervisión funcionando.

La secuencia no es ideológica; es pragmática. Se empieza donde el retorno es visible y se utiliza ese éxito para construir legitimidad social y capacidad administrativa.

Deuda, litigios y seguridad jurídica

Ningún plan de reconstrucción es viable si ignora la deuda acumulada y los litigios potenciales. Venezuela arrastra reclamaciones complejas: deuda soberana, obligaciones de empresas estatales, laudos arbitrales y controversias contractuales. La transición deberá negociar, pero puede hacerlo desde una posición más fuerte si la economía real vuelve a producir y si existe un marco institucional creíble.

CAPIVEN ayuda precisamente porque evita, en lo posible, la transferencia directa de activos «desde el Estado» y privilegia ampliaciones de capital dentro de las empresas. Este diseño reduce la exposición a medidas cautelares sobre activos operativos y facilita separar, jurídicamente, el problema soberano de la reactivación productiva. No elimina el conflicto con los acreedores, pero evita que todo el país quede paralizado mientras se litiga.

Además, la seguridad jurídica no es un adorno. Requiere tribunales funcionales, arbitraje, protección de propiedad y un compromiso político verificable. Parte de ese compromiso puede reforzarse mediante acuerdos internacionales y supervisión externa en las fases iniciales, especialmente en sectores estratégicos.

Venezuela no solo perdió capital financiero; perdió capital humano. Millones de venezolanos han emigrado y muchos no volverán si el país ofrece únicamente promesas. CAPIVEN ofrece un incentivo distinto: propiedad, reglas y una economía con horizonte. La diáspora no es un problema; es un activo potencial si existen condiciones para reinvertir y para regresar con seguridad.

La capitalización ciudadana también tiene una dimensión moral. Restituye, de manera tangible, la idea de que el país pertenece a sus ciudadanos, no a una facción. Reduce la lógica clientelar porque el beneficio no depende de estar cerca del poder, sino de que las empresas funcionen. Y crea una coalición social a favor de la estabilidad: cuando millones de familias perciben que su patrimonio depende de reglas, las reglas se vuelven políticamente defendibles.

Cuba: el mismo principio, con ajustes inevitables

La propuesta es aplicable, con matices, a Cuba. La isla comparte una característica esencial: un Estado propietario que utiliza la economía como instrumento de control. Un programa de capitalización ciudadana cubana tendría que centrarse en activos distintos –turismo, puertos, telecomunicaciones, energía, agroindustria e inmobiliario estatal– y, sobre todo, debería incorporar desde el inicio un tratamiento específico para reclamaciones de propiedad histórica, con mecanismos de compensación y conversión de derechos para evitar que la transición nazca judicializada.

La lección es clara. La apertura económica que no distribuye propiedad tiende a generar desigualdad extrema y resentimiento político. La capitalización busca lo contrario: crear una base de propietarios amplia, con incentivos a invertir, ahorrar y exigir instituciones. Si Venezuela lograse implementar CAPIVEN con éxito, el efecto demostración en el Caribe sería inmediato: no por propaganda, sino por resultados.

Despolitizar la riqueza para reconstruir la libertad

El debate sobre Venezuela suele reducirse a consignas: «más Estado» o «menos Estado», «soberanía» o «mercado». Ese debate es insuficiente. El problema venezolano es que el patrimonio productivo está politizado. Mientras la riqueza nacional dependa de decisiones discrecionales, el país seguirá oscilando entre corrupción y estancamiento.

CAPIVEN propone despolitizar la riqueza mediante la propiedad ciudadana, inversión privada competitiva y un cortafuegos institucional entre patrimonio y gobierno. No promete milagros. Exige seguridad, reglas, supervisión y una ejecución rigurosa. Pero ofrece algo que casi ninguna reforma en la región ha ofrecido de forma creíble: alinear el interés de millones de ciudadanos con la prosperidad de largo plazo.

La reconstrucción verdadera empieza donde empieza la libertad: en la propiedad, en la responsabilidad y en instituciones que no dependan de un salvador. CAPIVEN no es un atajo; es un plano de obra. Venezuela necesita, por fin, uno que convierta recursos en ciudadanía.