Meloni se juega parte de su mandato con su referéndum sobre la Justicia

Los próximos 22 y 23 de marzo, los italianos se pronunciarán sobre la reforma del sistema judicial mediante un referéndum convocado por la primera ministra Giorgia Meloni. El referéndum someterá a votación una reforma constitucional que pretende modificar sustancialmente la organización del poder judicial y el funcionamiento de sus órganos autónomos.

El núcleo de la reforma descansa en la separación de las trayectorias profesionales entre jueces y fiscales, quienes actualmente pertenecen al mismo cuerpo y pueden cambiar de puesto durante su carrera. El proyecto, en cambio, contempla dos trayectorias profesionales distintas desde el principio, junto con la división del Consejo Superior de la Magistratura –equivalente del Consejo General del Poder Judicial en España– en dos órganos separados y la creación de un nuevo Tribunal Disciplinario Superior para magistrados.

Las encuestas publicadas en las últimas semanas muestran un panorama electoral muy incierto, con los bandos del «Sí» y el «No» separados a menudo por tan solo unos pocos puntos porcentuales. Algunas encuestas indican que el resultado podría depender decisivamente de la participación: con una mayor participación, la contienda se mantendría muy igualada, mientras que con una menor participación, el bando del «No» podría salir fortalecido. «Con un 49 % de participación, podría ganar el sí», según Il Corriere della Sera. Además, la votación es un referéndum constitucional confirmatorio, lo que significa que no hay quórum: la reforma entrará en vigor si recibe la mayoría de los votos válidos emitidos, independientemente del número total de participantes.

En el plano político, el referéndum también se ha convertido en una prueba para el Gobierno y la oposición. La mayoría apoya la reforma como herramienta para hacer que el sistema judicial sea más eficiente e imparcial, mientras que muchos magistrados, asociaciones y partidos de la oposición temen que pueda reducir la independencia del poder judicial y alterar el equilibrio de poder dentro del Estado.

Los apoyos de uno y otro bando han dado pie a la configuración de alianzas de facto algo curiosas. Por ejemplo, el exjuez Antonio Di Pietro, principal impulsor de la Operación Manos Limpias en 1992-93, hace campaña a favor del sí a través de un comité liderado por el centro de investigación liberal Luigi Einaudi. Según él, «la afiliación política del Gobierno no debe tenerse en cuenta en absoluto. Debemos centrarnos en un texto que perdure más allá de este poder Ejecutivo y cuyo espíritu lo preceda».

Sus acciones a principios de la década de 1990 precipitaron la caída, y posteriormente el exilio, del poderoso primer ministro socialista Bettino Craxi, quien falleció en Túnez. Di Pietro, paradójicamente, comparte en esta ocasión con la hija de Bettino Craxi, su principal víctima hace 33 años. Stefania Craxi es senadora por Forza Italia (centroderecha) y defensora del legado político de su padre. Craxi se compromete por la causa del sí porque piensa que esta reforma no es de derechas ni de izquierdas.

Coincide con el Centro Einaudi. Para este último, «la unidad de carreras implica conflictos de intereses e impide que los jueces ocupen una posición verdaderamente neutral, entre la acusación y la defensa», argumenta para después añadir que «la afiliación política del Gobierno no debe tenerse en cuenta en absoluto. Debemos centrarnos en un texto que perdure más allá de este poder ejecutivo y cuyo espíritu lo preceda».

Sea como fuere, la consulta está generando crispación: baste decir que hace unos días el ministro de Justicia, Carlo Nordio, describió al Consejo Superior de la Magistratura como una organización «paramafiosa». Nada menos. ¿Sus argumentos? El control que ejercen las facciones políticas sobre el poder judicial; de ahí que la separación de carreras judiciales sea un paso necesario para alinear a Italia con los estándares europeos. Las gruesas palabras de Nordio tuvieron como consecuencia que el jefe del Estado, Sergio Mattarella, decidiese con carácter excepcional, presidir una reunión del órgano encargado de velar por la independencia judicial.