Del Estado a la corporación criminal en Venezuela
La corrupción ha terminado devorándose sus propios cimientos, sus propios recursos, sus propias excusas y simulacros. Ya ni siquiera intentan convencer a nadie de su existencia, de su funcionalidad, de su posible utilidad social
Rescatistas vietnamitas trabajan entre las ruinas del edificio residencial Playa Oasis, estado de La Guaira
Apenas veintitrés días después de haberse juramentado por primera vez como presidente de la República, el 27 de febrero de 1999, Hugo Chávez Frías anunció el lanzamiento del Plan Bolívar 2000. Hoy sabemos que se trata de un hecho capitular. No solo fue el primero de los ineficientes y dispendiosos macro programas sociales, que se constituirían en una gigantesca tapadera de la corrupción. No solo fue la primera compuerta que abrió para que sus colegas militares iniciaran un paulatino proceso de ocupación de cargos y funciones clave de Gobierno. Fue también, y esto es primordial, el impulso inaugural de la destrucción del Estado venezolano.
Se dijo entonces que Chávez se proponía construir una estructura paralela, puesto que no lograría someter al Estado que existía en 1999. La posterior aparición de más programas sociales con sus propios andamiajes administrativos y operativos, fuera de los ministerios o instituciones previamente existentes, hizo que se alentara una idea, que tuvo un carácter premonitorio: que el régimen intentaba crear un ambiente político y social de excepcionalidad, de permanentes operativos y emergencias.
Mientras tanto, continuaba el nombramiento constante de militares en cargos decisivos. El que rápidamente los hechos demostraran que entre los círculos de militares chavistas predominaba la ignorancia y la incompetencia, no produjo ninguna otra consecuencia que la tozudez: Chávez continuó militarizando el Estado, movió unos militares de un puesto a otro, incorporó, de forma creciente a otros uniformados, incluso llegó al extremo de llamar a funciones de carácter técnico –como la administración de la generación y distribución eléctrica– a militares que estaban en condición de retiro y que no tenían ni formación ni experiencia para afrontar semejantes tareas.
El proceso de desmantelamiento del Estado venezolano ha sido múltiple: se le ha despojado de autonomía; se la ha adoctrinado; se han hecho trizas los parámetros de profesionalismo; los organismos se han puesto en manos de funcionarios políticamente leales, cuando no abiertamente militantes del partido de Gobierno; se les dotado de prebendas y ventajas económicas y laborales; y se ha establecido un pacto de enorme eficacia para el régimen: garantizar la impunidad y durabilidad de los altos funcionarios gubernamentales, a cambio de recibir del poder, la misma impunidad y durabilidad.
Este conjunto de elementos ha derivado en instituciones corrompidas, ineficientes a extremos grotescos e inenarrables, mediocres, politizadas del modo más precario, descuidadas, operado en lugares cada vez más sucios, ruinosos, precarios y sin recursos. Esto es fundamental: la corrupción ha terminado devorándose sus propios cimientos, sus propios recursos, sus propias excusas y simulacros. Ya ni siquiera intentan convencer a nadie de su existencia, de su funcionalidad, de su posible utilidad social.
En casi 28 años, el Estado dejó de existir. Se pudrió. Fue carcomido, erosionado, cavado en sus bases, deslegitimado en sus propósitos y funciones. Digo más: la entidad, la institucionalidad del Estado ha dejado de existir. Ha sido destruida.
Estas pueden parecer palabras duras o hiperbólicas. Acepto la sospecha, porque la sostenibilidad de cualquier sociedad depende del mantenimiento de unas condiciones básicas de orden y convivencia. Pero basta con remitirse a las evidencias surgidas al minuto siguiente de los dos terremotos del 24 de junio.
Una de las primeras escenas que cientos de miles vimos por televisión, fue la de un funcionario que clamaba por una linterna. Hombres sin equipamiento, sin vehículos como tractores o grúas, sin equipos de extracción, sin herramientas con las que afrontar los enormes trozos de concreto y cabillas oxidadas, sin sensores electrónicos para detectar la presencia de vida bajo los escombros, estos hombres sin más que sus fuerzas y la voluntad de socorrer, fueron los primeros en aparecer y en intentar actuar, la respuesta inicial al horror.
Pasaban los minutos. Pasaban las horas. Y entonces ocurrió un fenómeno insólito en una sociedad que aborrece y teme a los uniformados: se extendió la pregunta de dónde están los militares: por qué no están actuando ante la tragedia. En redes sociales y en medios de comunicación está cuestión se posicionó como la interrogante reiterada de la sociedad al poder.
Cuando finalmente aparecieron, como por oleadas subrepticias, no su sumaron a las labores de rescate. No actuaron como estructura logística de la distribución de agua, alimentos, medicamentos o herramientas. Se apostaron en los alrededores donde los civiles trabajaban, a la caza de oportunidades para robar, extorsionar, apuntar con sus armas, entorpecer las desesperadas operaciones para salvar vidas.
También estoy entre los que lo afirman, abrumado por las evidencias: no hay Estado. Fue liquidado, carcomido por la corrupción y la impunidad, y en su lugar se ha erigido una enorme y voraz corporación criminal, armada, vociferante e insensible al dolor venezolano, que pretende el mantenimiento de una sociedad aplacada y adormecida, que permanezca impasible ante el siguiente capítulo de su plan de trabajo, que no es otro que apropiarse de la ayuda internacional a las víctimas de los dos terremotos.
