Gustavo Petro, presidente de Colombia y Nayib Bukele, presidente de El Salvador
El Debate en América
Bukele responde a Petro y destroza el buenismo de la izquierda hispanoamericana
El presidente de El Salvador defiende la «súper mano dura» para garantizar la seguridad ciudadana, mientras el mandatario colombiano cree en amplias negociaciones de paz
El popular presidente de El Salvador (92% de apoyo), Nayib Bukele, replicó el pasado miércoles un trino de Gustavo Petro: «Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños».
Defensor de los procesos de paz, Petro había escrito que Bukele tenía retenidos a miles de «jóvenes» en un «campo de concentración».
No era eso, como tal. En realidad, se trataba del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, donde fueron trasladados 2.000 reclusos que han sido condenados por homicidio y otros delitos en El Salvador.
Dos visiones
Bukele ha decretado un régimen de excepción que le da poderes especiales para perseguir a miles de pandilleros, conocidos, también, como las Maras (M-13 y B-18).
Más de 60.000 maras han sido capturados y recluidos en penitenciarias y cárceles. De ellos, la mayoría serán trasladados al Centro de Confinamiento.
Oscilan entre los 20 y los 40 años, tienen sus cabezas peladas, y sus caras están llenas de tatuajes simbólicos alrededor de sus cejas, sobre sus cachetes y sus labios. El presidente los muestra en redes oficiales, cada tanto. En los videos, los pandilleros miran hacia abajo y recuestan sus frentes sobre el cuello del otro, bajo la voz de mando de los custodios.
Eso es lo que se ve
Para organismos internacionales y ONG, detrás de estas acciones contra la criminalidad se vienen cometiendo violaciones contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, amparadas por un estado de excepción que ya se extiende por casi 1 año.
«Si se tratan de pasar de vivos, vamos a pasar de dos tiempos a cero tiempos de comida», dijo Bukele hace 10 meses. «Ya los tenemos hacinados».
Muy popular, sólo el 5 % de los salvadoreños no comparten la política de «súper mano dura» contra los pandilleros, que ha logrado reducir el homicidio a una tasa de 1,8 por 100.000 habitantes, un logro sin precedentes.
Bukele se ha convertido en un fenómeno político no sólo en su país, sino en varios lugares de la región
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro ya imita sus políticas de seguridad, y en toda la región su sonoro apellido de origen palestino es asociado con la ley y el orden.
Otro modelo
En vez de implementar la «súper mano dura», Petro opta por la Paz Total.
Un modelo que le apunta a la pacificación de Colombia a partir de múltiples negociaciones con el crimen organizado, que incluye a las guerrillas marxistas y castristas, y estructuras netamente criminales y con vínculos transnacionales.
«El multicrimen», lo llama Petro, y para negociar con él invita a criminales encarcelados a que sean «gestores de paz» para conectar con los líderes criminales fuera de las cárceles.
Hoy, Colombia transita en medio de un conflicto que, según expertos, se puede categorizar como «guerra Estado-carteles» (Kalyvas, Bergman). No es una guerra civil.
Para desmovilizar a las organizaciones criminales, el presidente colombiano cree en la justicia restaurativa y el indulto –en su forma contemporánea–.
Son esquemas que combinan un modelo de sometimiento a la justicia especial para las organizaciones dedicadas exclusivamente al narcotráfico y leyes de justicia restaurativa para grupos guerrilleros.
Colombia vuelve a ser una abanderada en esquemas de justicia transicional
Fiel a esa tradición que el historiador y estudioso de Colombia, Malcolm Deas, ha llamado «un país de abogados», donde las fórmulas jurídicas siempre se construyen de manera novedosa, con exceso de creatividad, muchas veces.
Con ese ingenio jurídico, y mucha retórica, Petro ha propuesto fórmulas como lograr «que una serie de actividades que hoy se consideran crimen no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen». En México, este argumento, causó sorpresa y muchas burlas.
¿El mismo camino?
No es claro cuál país va por delante del otro en esta afrenta para reducir la violencia.
Si Colombia, que con Álvaro Uribe (2002-10) ya implementó una política de «mano dura», o El Salvador, que ya puede asegurar que negoció, muchas veces, con el crimen (desde los 90).
En realidad, ambos países en distintos momentos le han dado prioridad a la «mano dura», otras veces a la justicia transicional.
Este debate entre Bukele y Petro, entonces, resulta un espectáculo vacío de historia, pero marcado por una importante pregunta, que no han planteado: ¿Cómo pacificar a los países, no por una década, sino a largo plazo?
La respuesta no parece estar ni en los espectaculares números del momento o las fórmulas contemporáneas de justicia transicional.
A largo plazo, la violencia parece bajar sosteniblemente con políticas integrales que evitan, casi siempre, el maximalismo, tanto jurídico como en seguridad.
En Hispanoamérica la dictaduras persiguieron a las guerrillas marxistas y maoístas, pero esto derivó en otro tipo de criminalidad, que ha llevado a una epidemia homicida, como la de las últimas décadas. Brasil es un buen ejemplo.
También, el exceso de garantías a los criminales en favorables procesos de negociación varias veces, como en El Salvador, han mostrado poca eficiencia. Vuelven a delinquir, matan, someten a los ciudadanos.
El salvadoreño gana, de momento, la partida, pero está por verse qué tan eficiente es la política de seguridad de Bukele a largo plazo.
- Pablo Uribe Ruan es consultor y analista. MPhil en la Universidad de Oxford. Antes, editor internacional de 'El Nuevo Siglo'
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