El patíbulo de kirchnerismo a la Corte Suprema
La independencia judicial es uno de los obstáculos que este gobierno y sus satélites necesitaban demoler para lograr el objetivo de la impunidad de CFK
Intentando superar la tristeza que embarga el espíritu al observar que Argentina es empujada hacia un puerto desconocido por las olas del poder y no por el viento de la democracia, intento observarlas para ver si puedo adivinar en su corazón de agua, cuál es el objetivo.
Desde la cubierta de esa embarcación a la deriva continúan arrojando botes ilegales que intentan realizar «expediciones de pesca», para que sus redes capturen los pilares institucionales en los que se apoya la República.
La más reiterada de las agresiones, se dirige contra el Poder Judicial. Seguramente porque el plan de gobierno y el único objetivo definido cuando ganaron las elecciones del 2019, era liberar de los múltiples procesos judiciales a sus principales dirigentes, acusados de actos de corrupción gravísimos fundados en abrumadoras pruebas. Porque ellos, los suyos, no sólo vaciaron las arcas estatales sino que mientras lo hacían, aumentaban el nivel de pobreza e indigencia, desfinanciaban los hospitales y las escuelas públicas, las que, en muchos años, sólo incrementaron adoctrinamiento y aceptación de la consigna que el mérito es discriminatorio.
Las autoridades elegidas en esta Argentina en decadencia crítica, podían seguir haciendo «negocios» que incrementaran su patrimonio empobreciendo el de todos. Podían conspirar contra la soberanía nacional entregando o legalizando las usurpaciones de tierras de quienes se disfrazan de mapuches. Podían abarrotar los organismos públicos de militantes ineficientes que ni siquiera terminaron el colegio secundario. Podían… pero siempre recordando que la prioridad, era ayudar a lograr la impunidad de la máxima referente de su espacio (sí, ella, la vicepresidenta) y de todos los «amigos leales» posibles.
Jueces para salvar a Cristina Kirchner
La independencia judicial es uno de los obstáculos que este gobierno y sus satélites necesitaban demoler para lograr ese objetivo. Nombraron jueces que se comprometían a trabajar para esa necesidad política, lo «complementaron» armando denuncias sobre delitos inexistentes de los que acusaban a quienes los investigaron , y decidieron espiar y acosar a aquellos jueces a los que no pudieron comprar ni seducir.
Elaboraron un plan maestro para demoler la justicia, cuestionar la legitimidad de sus miembros y de sus fallos, y etiquetar todo elemento incriminatorio como «law fare».
Alianzas internacionales
No sólo el plan se encuentra minuciosamente diseñado, con alianzas internacionales logradas entre aquellos que también están acusados de corrupción, sino que destinaron a esa batalla recursos materiales y humanos ilimitados. La mayoría de esas defensas enjundiosas son pagadas con los impuestos de ciudadanos agobiados por el peso de la presión tributaria.
En el medio del lodazal intentaron colonizar la Corte para lograr su alineamiento –seducción, compra o temor son y fueron sus monedas de cambio– . Al comprobar que no lo estaban logrando –porque ese Tribunal rubricaba fallos en los que hacía gala de su independencia– decidieron asegurar que al final del camino legal, el reproche fundado en prueba objetiva se convirtiera en las cenizas de una vela que no pudo iluminar.
Procuran, estos que abusan del poder, que el temor determine la genuflexión obligada o que el acoso les señale a los magistrados la puerta de la liberación renunciando. Como no lo consiguieron intentan demoler el prestigio de esos jueces «desobedientes» para que , si deciden confirmar la culpabilidad de sus iluminados líderes, ese veredicto no signifique lo que etimológicamente esa palabra implica «decir la verdad», sino que genere el repudio o al menos la duda popular.
No contaron con la intransigencia de los magistrados que, aun con fuertes peleas internas, se abroquelaron para defender su rol republicano.
Juicio a la Corte
Decidieron ante tanto escollo tomar el atajo del circo ridículo. Que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados investigara a «los rebeldes» por presunto mal desempeño. No desconocen que no lograran que el pleno dirija una acusación a ninguno de sus cuatro miembros, pero los ecos de lo que ocurre en las audiencias estiman que destruirá sus imágenes y, si no logran su renuncia, al menos re enunciarían como verdad sus falsedades.
Tanta agresión no demuestra fortaleza pero, la falta de respeto a las evidencias piensan que logrará la confusión que al menos empalidecerá el grave reproche judicial y ético que los máximos funcionarios políticos del estado se supieron ganar.
Con tanta insistencia procuran la fatiga republicana que permitirá (según se convencen con sus falacias incoherentes) dar forma legal al delirio; trasformar a los victimarios en víctimas y a los funcionarios que cumplen honestamente con su rol, en esbirros de la oposición política.
Saben que es un procedimiento inútil pero lo utilizan para debilitar los procesos necesarios y para agotar el deseo de cumplir con su deber a aquellos que aun consideran que deben hacer lo que su ética les exige.
Con palabras vaciadas de contenido esos que están en el poder edifican un mentiroso relato con el que intentan destruir la verdad
Con palabras vaciadas de contenido esos que están en el poder edifican un mentiroso relato con el que intentan destruir la verdad. Verdad que desmiembran para convertirla en hojarasca de la política.
En la Comisión comenzaron las audiencias y la falta de respeto aturde los sentidos de quienes pretendemos escucharlas. Los interrogatorios irreverentes son formulados especialmente por quienes deberían rendir cuentas de sus procederes frente a la ciudadanía y la justicia.
Los que acusan y deberían ser acusados
Pero embota más el razonamiento, el silencio de la oposición, la falta de cuidado de los testigos que son mal tratados por quienes los interrogan y a quienes se les dirigen capciosas preguntas que se parecen más a alegatos acusatorios que a interrogantes.
Esa oposición que realizan tan solo tímidas intervenciones que se parecen a una orden encriptada para que continúe el agravio. A esta altura de la polémica la tolerancia se transforma en encubrimiento a los autócratas. Están allí no para levantar su voz crítica en un set de televisión, sino para impedir que la Comisión se convierta en una caja de resonancia de agravios institucionales y de búsqueda de chivos expiatorios de la suerte procesal de quienes son juzgados por corrupción.
La verdad se escurre por la alcantarillas de la sala de audiencias
La verdad se escurre por la alcantarillas de la sala de audiencias. El derecho de defensa se encuentra ausente sin aviso. Las falacias se trasforman en pruebas imbatibles del mal desempeño de los Supremos.
El juicio político es un procedimiento parlamentario establecido para hacer efectivas las responsabilidades políticas de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Un gobierno errante, débil e incompetente lo está utilizando en cambio para atacar la independencia del Poder Judicial, porque sabe que su imparcialidad e independencia resulta esencial para salvaguardar el Estado de derecho y una democracia efectiva y duradera.
Estos objetivos les son ajenos. Necesitan desembarazarse de todo control. Consideran a la ley e inclusive a la Constitución Nacional una propuesta que pueden desechar. Necesitan apropiarse de la verdad no por convicción sino por desesperación y lo que es más grave aún, la mayor parte de los ciudadanos miramos este hacer con naturalidad y en silencio, tal y como si consideramos que es una batalla perdida, que mejor es emigrar, encerrarnos en las paredes construidas para ocultarnos lo que ocurre en el exterior o simplemente ignorarlo para que no nos interpele.
El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para desplazar a funcionarios que no son dignos
El juicio político es un mecanismo constitucional que la Constitución Nacional diseñó para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar el cargo público que tienen asignado debido a faltas graves, debidamente comprobadas y siempre que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño previstas.
El juicio político que se está sustanciando en cambio, sólo pretende horadar a la Corte, y crear una escenografía donde los disfraces que los legisladores oficialistas diseñaron logren ocultar los delitos de quienes les ordenaron acusar y que, con sus colores brillantes bordados con gritos e insultos, eviten distinguir quienes son las víctimas del atropello y quienes los victimarios.
La independencia del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de ese poder del gobierno federal es imprescindible si lo que se pretende es respetar la vigencia de la estructura institucional, pero resulta un obstáculo cuando las instituciones son un escollo para los egoístas fines personales de quienes articulan los mecanismos para acabar con esa independencia.
En el engendro que armaron por sus inconfesables –aunque evidentes– designios, no existe una sola de las causales que habilita la promoción del juicio político Se citan a jueces y fiscales para que rindan cuenta de sus fallos, olvidando que la única forma de cuestionarlos es la vía recursiva legalmente descripta o la acusación por ante el Consejo de la Magistratura.
La inmoralidad se ha convertido en oro en el relato imperante
Destruir la confianza en las instituciones no es maldad inocente sino una prueba del envilecimiento moral de quienes lo articulan . Las instituciones son el pilar donde se apoya la república , sin ellas solo queda la palabra –aun mentirosa– del líder carismático
El metal sólo cambia si se lo somete al calor. La inmoralidad se ha convertido en oro en el relato imperante. En ese trastrocamiento de valores si queremos evitar que ese oro continúe siendo moneda de cambio para comprar voluntades, tenemos que derretirlo con honestidad evitando que la pereza y el silencio solidifiquen su necio y dorado valor.
Se trata de otra maniobra condenable impropia de un Estado de Derecho, implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional y, por añadidura, no cualquier poder sino aquel que es el único que nos protege de los avancen ilegales de los funcionarios estatales y que protege los principios, derechos y garantías constitucionalmente consagrados.
Los fabuladores atraviesan el infierno protegidos por chalecos confeccionados con dólares hurtados y mentiras impuestas, pero muchos de los que no comparten esas inmoralidades piensan: falta poco, ya serán derrotados en las urnas y perderán su poder de fuego y, convencidos de esa finitud, esperan en silencio. Olvidan que cada día en el que lo utilizan van quemando campos que tardarán mucho tiempo en poder ser reacondicionados para que florezca la esperanza.
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