Venezuela en manos de un gobierno forajido
Las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil forman parte de una estrategia para silenciar a la oposición
Un hombre pasa junto a un mural pintado en la pared frente a la sede de PDVSA, Venezuela
Desde hace más de 20 años del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, parece dejar claro que la voluntad de permanecer en el poder «para siempre», lo ha llevado a desarrollar estrategias diversas de ejercicio de la violencia, cuya forma más visible es el control armado de la población, aunque incluye otras formas de violencia física y psicológica.
Tal estrategia va desde la desnaturalización de las funciones y sentidos de las Fuerzas Armadas Nacionales, convertidas ahora en un partido político armado, todo ello bajo la supervisión de los servicios de inteligencia de Cuba, y más recientemente de Irán y Rusia; pasando luego por el abierto respaldo a la guerrilla colombiana de las FARC y el ELN, para que actúen como retaguardia armada a lo largo de toda la frontera con el país vecino. También, la organización de grupos armados civiles bajo el nombre de «colectivos», el apoyo a organizaciones criminales, fuera y dentro de las cárceles y la creación de «cuerpos policiales de tarea», con permiso para matar.
A todos esos núcleos armados se les ha asignado espacios geográficos, espacios de negocio y actividades específicas de defensa.
El propósito es someter de forma progresiva pero permanente a la población
También se les ha otorgado impunidad para sus actividades delictivas y se les asignó la tarea de primer anillo de choque contra la población civil, en caso de que esta se rebele o simplemente proteste públicamente, como ya hemos visto.
El propósito es, obviamente, someter de forma progresiva pero permanente a la población, bloquear las actividades de la oposición política e impedir las manifestaciones de descontento.
Luego está la violencia física y «legal», en forma de maltrato, acoso o coerción social, ejercida contra periodistas y medios de comunicación (más de 60 emisoras cerradas solo este año), educadores, gremios profesionales y sindicatos, universidades, trabajadores del sistema de salud, comercios y empresas privadas de producción y servicios, ONGs y fundaciones privadas, enemigos políticos y la población en general cuando protesta, cuya expresión más abyecta es el uso de la tortura y el asesinato que ejerce la policía política.
Para rematar, la violencia psicológica ejercida a través de la amenaza directa, la indiferencia ante el delito y la inseguridad personal, la inseguridad jurídica, el marco legal punitivo creado a tal efecto, la violencia de los bajos salarios y la relación entre los salarios y los precios, el deterioro de los servicios públicos, especialmente salud, agua, electricidad y gas doméstico, la escases de gasolina y diésel, las alcabalas policiales en calles y carreteras que piden «regalos» en moneda extranjera o en especie, para permitir continuar el camino.
A esto hay que agregarle la angustia generada por la información confusa, intencionalmente maliciosa o políticamente manipulada; las crisis emocionales de los familiares de quienes fallecen por no recibir atención médica, todo lo cual ha causado un aumento significativo en los suicidios, casos de estrés, crisis de ansiedad y depresión.
Finalmente, es inevitable señalar que el ejercicio de la violencia en todas sus formas, ha influido de gran manera en la emigración de más de siete millones de venezolanos.
El resultado es que el país, al menos el extenso territorio que limita con Colombia, las áreas mineras del Estado Bolívar y los barrios de las principales ciudades del país, está en manos de grupos delictivos que dominan espacios territoriales, en los cuales las Fuerzas Armadas tienen prohibido incursionar y la institucionalidad junto con la ley no se aplica.
Este estado de cosas está parcialmente documentado en los informes de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y confirma el éxito de la estrategia del uso de la violencia armada, física y psicológica como arma política de control social.
Así, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas y la ONG Amnistía Internacional, que evalúan las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, reportaron recientemente una síntesis de los hechos flagrantes que los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido en este país.
El informe del grupo de expertos afirma que el presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes allí señalados.
Está claro, además, que el Estado venezolano no ha exigido cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas y vejaciones, que han afectado a más de 15.000 personas, desde el 2014, solo contabilizando los casos emblemáticos documentados.
También se incluyen casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con ejecuciones extrajudiciales, unos 2.552 incidentes, en los que se produjeron más de 6000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad.
Sus informes se basan en entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, y también, en el análisis de una serie de documentos confidenciales aportado por diversas fuentes confiables, incluidos funcionarios del gobierno y militares, pues los expertos no han podido visitar el país debido a la ausencia de respuesta del gobierno a sus múltiples solicitudes.
Los estudios identificaron «patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado» y añaden que son «parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad».
Los responsables del análisis indicaron que las autoridades estatales de alto rango «tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones».
Además señala que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que «dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes».
Así que, se han encontrado suficientes motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado, al menos desde 2014, graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.
De modo que, lejos de ser actos aislados, «estos crímenes se coordinaron sistemáticamente y se cometieron de conformidad con las políticas del Estado, y con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno».
El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad: el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CICPC) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, como actores del 59 % de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.
Por cierto, luego de estas denuncias, el gobierno procedió a eliminar la FAES, aunque en realidad solo le cambió el nombre, y nunca se logró que sus cadenas de mando rindieran cuentas.
Por su parte, los servicios de inteligencia estatales, como del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) siguen actuando con el objetivo de identificar «a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno», mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) es el personal militar y los civiles asociados presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.
Las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas forman parte de una estrategia para silenciar a la oposición
Los que resultan detenidos por estos «delitos» suelen estar fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en «casas seguras» no oficiales y en algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.
Así que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil forman parte de una estrategia para silenciar a la oposición. «Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tienen pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurre en los mismos edificios donde trabajan».
La Misión de la ONU ha registrado los nombres de los principales funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que no han sido investigados ni procesados.
Por último, el estudio también cuestiona la intervención del Poder Judicial venezolano que no ha logrado controlar a otros agentes estatales y señala la necesidad de continuar investigando «hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial».
Estamos, entonces, ante la violencia instalada como política de un Estado Forajido.
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