Entre la política y la fiscalía

Javier Moscoso del Prado ha pasado a la posteridad del gran público como el ministro —de la Presidencia, en este caso— que, mediante una mera instrucción fechada en diciembre de 1983, configuró un sistema de permisos retribuidos para los empleados públicos. Estos últimos los «podrán distribuir dichos días [unos seis, en principio] a su conveniencia, previa autorización, que se comunicará a la respectiva unidad de personal, y respetando siempre las necesidades del servicio» y sin que se acumulen al periodo vacacional. Pese a que el objetivo inicial consistía en compensar una subida de la inflación que el Estado, en aquel momento, no podía asumir en el plano presupuestario, los conocidos como moscosos se han convertido en una pieza básica del sistema de retribución administrativa. Ninguno de los sucesivos Gobiernos ha cuestionado el peculiar modelo.

Ese, sin embargo, distaba mucho de ser el objetivo inicial de Moscoso cuando tomó las riendas del ministerio de la Presidencia en el primer Gobierno socialista de Felipe González en 1982. Había sido nombrado para coordinar la labor de un ejecutivo algo inexperto. Él, en cambio, ya contaba con la labor gestora adquirida como alto cargo en los ejecutivos de la Unión de Centro Democrático (Ucd), en los que colaboró estrechamente con ministros como José Pedro Pérez-Llorca o Rafael Arias-Salgado.

Precisamente, su cambio de bando, a finales de 1981, y sin renunciar al escaño, desde la formación fundada por Adolfo Suárez a las filas socialistas —realizó la maniobra junto con Francisco Fernández Ordóñez y el resto de los integrantes del socialdemócrata Partido de Acción Democrática, entonces parte de Ucd— fue interpretado como una de las primeras demostraciones de deslealtad política en la recién estrenada democracia. No fue el único gesto polémico protagonizado por Moscoso: al abandonar el Gobierno en 1986 al ser de designado Fiscal General del Estado, su caso certificó la inexistente frontera entre la política y la administración en España. Un escenario similar al de Dolores Delgado durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Bien es cierto que Moscoso pertenecía a la carrera fiscal desde 1958 —prestó sus servicios en la Audiencia Territorial de Pamplona durante veinte años—, por lo que técnicamente, no hizo sino reincorporarse a su cuerpo de origen. Durante sus cuatro años en la sede del Paseo de la Castellana, destacó por su constante acción procesal contra los dirigentes de Herri Batasuna. Una vivencia que le sirvió, años después y desde otra premisa, para negociar con Eta como miembro de la comisión establecida a tal efecto por José Luis Rodríguez Zapatero. Moscoso siempre defendió la pertinencia de tal iniciativa, alegando que generó disensiones en el seno de la banda terrorista.