Cuando los gobiernos no resuelven los problemas de la vida diaria de los ciudadanos son en sí mismos unos grandes fracasos. Cuando en lugar de trabajar en favor del bien común enfrenta a unos ciudadanos contra otros, son abiertamente desleales con la propia idea de ciudadanía democrática. España está amenazada por serios problemas de índole social y económica y el Ejecutivo debería emplearse en resolverlos. Sin embargo, el sanchismo, con la alianza de todas las excrecencias que conspiran contra la unidad de nuestro país, se ha empeñado en anular la ley de Amnistía que le permitió a los españoles avanzar hacia una democracia tras la muerte de Franco. Aquella ley no sólo amnistiaba a los presos políticos que estaban en las cárceles franquistas, también lo hacía con quienes pudieran ser procesados posteriormente por cuestiones ideológicas o de acción política de uno u otro bando. En realidad, más que una ley de amnistía era una ley de concordia y reconciliación. Y fue aprobada y aceptada por todos. Ahora unos desleales y adanistas gobernantes pretenden enfrentarnos de nuevo con una iniciativa que no sirve para nada. Los delitos que se pretenden desenterrar han prescrito. Los de lesa humanidad no prescriben, pero en este caso tienen obligadamente como punto de partida el 2003. Es decir que no sirve absolutamente para nada, salvo para crispar el ánimo de unos con otros. Recuerdan aquello de que lo innecesario es siempre un error. En esta ocasión es un error mal intencionado.
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