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25 de julio de 2024

El puntalAntonio Jiménez

La otra corrupción

Supongo, decía Charles Bukowski, que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando les sucede a ellos

Actualizada 02:09

Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia firmados por los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes durante la primera ola de la pandemia en marzo y abril de 2020 revela que Ada Colau compró para Barcelona gel hidroalcohólico y guantes de nitrilo a precios más caros que Madrid, y que los ayuntamientos de Bilbao y Sevilla pagaron las mascarillas quirúrgicas casi al doble que José Luis Martínez Almeida.

La propia Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña, tras fiscalizar más de 6.000 contratos de emergencia del Gobierno catalán por valor de 704 millones de euros durante esa primera etapa pandémica, concluye que se hicieron pagos indebidos, hubo sobrecostes y desviaciones de dinero público en muchos contratos como el de los 8 millones de euros esfumados y nunca recuperados tras ser abonados por error a una empresa extranjera en la compra de respiradores.

Nada de esto parece importar a la opinión pública dada la irrelevancia que los medios informativos conceden a estos casos . Tampoco la fiscalía anticorrupción parece interesada en indagar sobre las presuntas irregularidades que pudieran derivarse de los muchos sobrecostes y desviaciones de dinero público pagado en un tiempo récord durante esa primera etapa del Covid por todas las administraciones públicas de España, según los informes del Tribunal de Cuentas .

Me pregunto ingenuamente si ese aparente desdén informativo y fiscal sería el mismo en el caso de que la Generalitat de Cataluña estuviera presidida por el PP o que los alcaldes de Barcelona, Sevilla o Bilbao fueran populares. A tenor del empeño mediático puesto en el caso mascarillas del ayuntamiento de Madrid, desde hace semanas abriendo portadas y programas de radio y televisión, diría que no .

Este es un asunto en el que, a pesar de que no hay ningún político ni funcionario público del ayuntamiento capitalino imputado/ investigado, el alcalde Almeida se ha convertido en el «pollo de la kermesse» al que la siniestra política y sus terminales mediáticas lanzan los dardos como si fuera el acusado/culpable y no, como es ciertamente, la víctima junto a los madrileños de una presunta estafa que tendrá que dilucidar la justicia. Naturalmente José Luis Martínez Almeida es del PP. Como también lo es Isabel Díaz Ayuso a la que, asimismo, se intenta debilitar políticamente por el contrato relacionado con su hermano y del que la fiscalía anticorrupción, más diligente cuando se trata de investigar asuntos que afectan al PP, destaca la «trascendencia social» del momento pandémico en que se firmó.

Curiosa o sospechosamente la misma fiscalía activa y celosa en su proceder indagatorio en los casos de mascarillas del ayuntamiento y de la comunidad madrileña , deviene en indolente, sin embargo, cuando el caso afecta al Gobierno de Sánchez, con tres altos cargos imputados/investigados y más de 300 millones de euros presuntamente malversados, defraudados o prevaricados en contratos de compra de material sanitario en ese mismo tiempo de «trascendencia social».

La fiscalía no sólo no estuvo presente en el interrogatorio de los tres altos cargos del entonces Ministerio de Salvador Illa sino que dos semanas después de ser imputados aún no se ha pronunciado sobre si continuar o no el procedimiento. Así las cosas me pregunto candorosamente si puede deducirse, al comparar estos asuntos, que la fiscalía no es siempre independiente y neutral . Lo dejo al criterio del lector pero le recuerdo que fue Sánchez quien dijo aquello de: «¿Y la fiscalía de quien depende? Pues eso».

Casos como el de las mascarillas de Madrid en el que se viola la presunción de inocencia de los investigados/imputados, que sufren pena de telediario y condena mediática, sin haber sido juzgados y sentenciados y en los que se vulnera el derecho de tutela judicial efectiva al filtrarse todos los detalles de la investigación, cuestionan, sin duda, nuestro Estado de derecho. Y no sólo por la perversión del procedimiento y la conculcación de derechos sino también por la utilización política que se hace de los mismos para atacar y debilitar al adversario y no para encontrar la verdad judicial. Supongo, decía Charles Bukowski, que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando les sucede a ellos. No olvidemos la reflexión de Bukowski , por si acaso.

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