10 de agosto de 2022

El régimen sanchista produce monstruos. Y uno de ellos es Otegi. Un terrorista condenado al que el presidente ha convertido en ministro sin cartera, con la voz que él se arroga y el voto que le concede Sánchez. Más que los rigores de las medidas de ahorro energético o la amenaza de recesión, a los españoles sobre todo nos cuesta comulgar con ruedas de molino, tan indigeribles como este exetarra. Por él, entre otros, el Gobierno aprobó el lunes, a la hora de la cena y un 1 de agosto, una ley de secretos, no para ponernos a la altura de los países europeos, sino para que Bildu y el PNV puedan meter sus narices en el GAL y, ya que se ponen, en el 23-F.
Los sabuesos bilduetarras, tan duchos ellos en espiar e investigar a terceros, creen olisquear información restringida que les ayude a derribar los mitos fundacionales de la transición. Sueñan en su delirio con hallar un papel que implique al Rey Juan Carlos en el golpe, cuando bien saben que precisamente fue ETA la que con sus asesinatos hizo todo lo posible para que se produjera aquella rebelión militar y se desestabilizara la democracia, su único objetivo, camuflado en una pretendida lucha contra el franquismo, que siempre fue una trola más.
Por eso, escuchar a Otegi ayer enfadarse de mentirijillas con Míster Proper/Sánchez, el detergente que mejor le blanquea, movería a risa si no fuera gravísimo que una norma tan sensible no haya sido consensuada con el PP sino con los herederos de ETA. Que se haya puesto en manos del ministro Bolaños, el más torpe de los ayudantes de Sánchez al que colaron Pegasus, y se le haya quitado la competencia a Margarita Robles, demuestra a quién va dirigido el guiño. Porque no hagan caso: eso de que están todos enfadados porque la ley de secretos no es la que pidieron al Gobierno se arreglará en el trámite parlamentario y, para entonces, podremos llamarla «ley de desnudos oficiales», tantos como Sánchez canjee por votos de Otegi y Ortúzar. Solo hay que esperar.
Según el sujeto cuya mayor preocupación era ponerse bronceador en la playa mientras sus compañeros mataban a Miguel Ángel Blanco, «sigue faltando responsabilidad con la paz y la convivencia». Es imposible que a uno no le recorra la bilis cuando lee tamaña ignominia del protegido del PSOE, que encima se permite darnos lecciones y convertir a las víctimas en verdugos.
Del 23-F y de los GAL ya lo sabemos todo. De hecho, sus responsables han pagado con la cárcel, algunos mucho más que los más sanguinarios etarras. Igual el presidente del Gobierno podría incluir en la tramitación de la nueva ley la desclasificación mental de Arnaldo Otegi. Él si conoce altos secretos, información vital y documentación restringida sobre un asunto que sí rompe nuestra paz y nuestra convivencia: saber quiénes fueron los asesinos de 379 españoles, cuyas familias, rotas, ven cómo los amigos de aquellas bestias los protegen con su silencio. Así sí nos igualaríamos a otras democracias. Más dignas y más justas.
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