La crisis del Estado de Derecho
No hay poder político que no esté sometido a la Constitución. Otra cosa no es sino absolutismo, por democrático que pretenda ser, y, en última instancia, despotismo
Las ventajas de la democracia no son las que se le atribuyen con mucha frecuencia. No garantiza, como bien sabemos los españoles, la existencia de un gobierno ilustrado y justo. Tampoco garantiza el bienestar económico ni el progreso cultural. Al contrario, suele tender a la vulgaridad. Nietzsche afirmó que el gusto básico de la época moderna es plebeyo. Ni, menos aún, la libertad. Sus ventajas van por otro lado: la igualdad ante la ley, la libertad de información, expresión y crítica, la posibilidad de sustituir pacíficamente a los gobernantes (Popper) y la posibilidad de limitar el poder. Para lograr esto último debe existir atemperada por el liberalismo y el Estado de Derecho.
El artículo 1 de la Constitución española establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho». Esta formulación presupone que democracia y Estado de Derecho no son la misma cosa, aunque sea frecuente que vayan unidas. Este último consiste en el sometimiento de todos los poderes del Estado al Derecho. Por lo tanto, el Derecho no está sometido a ningún poder del Estado, ni siquiera al Parlamento. Soberanía nacional y soberanía del Derecho. Esto quiere decir que, con independencia de las concepciones existentes acerca del Derecho, no puede entenderse, al estilo de Carl Schmitt, como la voluntad de los que mandan. Los juristas romanos, la mayoría de ellos, concibieron el Derecho como la búsqueda prudencial de la solución justa de los conflictos sociales. Y sería bueno no olvidar esta vieja enseñanza jurídica. Cualquier pretensión de que exista una institución, sea el Gobierno, el Parlamento o el Tribunal Supremo, que determine a su arbitrio el contenido del Derecho, significa la negación y destrucción del Estado de Derecho. No hay poder político que no esté sometido a la Constitución. Otra cosa no es sino absolutismo, por democrático que pretenda ser, y, en última instancia, despotismo. Conceder a la mayoría del pueblo el derecho a decidirlo todo es, como declaró Tocqueville, lenguaje de esclavo.
Ni siquiera la voluntad de la mayoría está por encima del Derecho. La decisión de la mayoría puede ser injusta. Tampoco es el pueblo la voz que pronuncia las palabras de la ley. También el pueblo está sometido al Derecho. Sin esta sumisión no hay libertad jurídica y política. La omnipotencia de la mayoría destruye el Estado de Derecho y, con él, la libertad. Más allá de las interpretaciones del pensamiento político de Rousseau, la «voluntad general» no es ni la voluntad de la mayoría ni la voluntad unánime. Es el punto moral en el que pueden confluir las voluntades de todos si prescinden de su egoísmo. No es, en ningún caso, la decisión emanada de ninguna asamblea legislativa. Por lo demás, Rousseau pensó que quien elige a un representante, enajena su libertad.
La consecuencia necesaria es que el Estado de Derecho exige la realidad de la separación de poderes. Debe existir una institución encargada de controlar la constitucionalidad de las normas jurídicas y de las decisiones del Gobierno, pues ambos se encuentran sometidos a la Constitución. Esa institución puede ser el Tribunal Supremo o un órgano creado especialmente para cumplir esa función: el Tribunal Constitucional.
Todo esto parece un poco como de «catón» jurídico. El problema es que muchos dirigentes políticos españoles o no se saben el «catón» o, en su odio a la libertad, lo desprecian. Por eso hay que recordarlo. No parece discutible que en España vivamos una profunda crisis del Estado de Derecho que podría acabar en su quiebra. El Gobierno quiere manos libres, ausencia de controles, marginación de la oposición, intervención en los medios de comunicación, sometimiento de los jueces al Gobierno, tutela del Tribunal Constitucional y libertad para interpretarla a su antojo y conveniencia. Su inclinación natural es hacia el absolutismo. La naturaleza política de sus componentes basta para confirmarlo. Dijo Ortega y Gasset que el olvido del Derecho sólo puede producir el envilecimiento del hombre. ¿No es notable el intenso y extendido envilecimiento que exhibe hoy la vida española?
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