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Pecados capitalesMayte Alcaraz

Cuando el odio se vuelve contra ellos

La mayoría hoy tienen la cuenta corriente venida a mayores y con la hoja de servicios más sucia de nuestra democracia

Actualizada 07:08

Los podemitas tienen la decencia muy corta y la lengua muy larga. Lo han demostrado a lo largo de estos años en los que, si no fuera porque se han beneficiado de una regla no escrita sobre el blindaje parlamentario a su libertad de expresión, muchos hubieran terminado en la cárcel. Han llamado corrupto al Rey Juan Carlos, explotador a Juan Roig, machista al juez Marchena, fascista al magistrado Llarena, periodista de cloacas a Ana Rosa y así un largo rosario de injurias, o calumnias muchas veces, amparados en que los afectados no han dado un paso para defender su derecho al honor y su integridad moral. La mayoría ha pasado página sin acudir a los tribunales echando mano de la prudencia y de su negativa a dar pábulo a la propaganda que siempre busca la extrema izquierda llevándose por delante la reputación de los que no comulgan con ella.

Sin embargo, a lo largo de este tiempo ha habido, afortunadamente, personas anónimas que no han tragado con la indecencia de los seguidores del Sumo Líder Iglesias, y esos odiadores profesionales han tenido que rendir cuentas ante la justicia. Fue el caso de Pablo Echenique, que llamó violador a la víctima de un asesinato, a cuya cómplice necesaria colocó de candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila. La tal Pilar Baeza fue condenada a 30 años y, gracias a la degradación moral de los podemitas, terminó de alcaldable perdedora; para justificar el desafuero, Echenique dijo públicamente que ella participó en el crimen porque previamente la víctima la había violado. La familia del agraviado que recibió tres tiros a bocajarro y jamás fue investigado por ningún delito, le llevó ante el juez y aunque en primera instancia fue condenado luego terminó absuelto sobre la discutible base de que Pablo tuvo un desliz oral al tener que contestar a la prensa sin tiempo para meditar. Y esta es la justicia a la que Podemos acusa de persecución política.

Ahora ha sido la defenestrada Irene Montero la que ha tenido que responder ante la sala civil del Tribunal Supremo por llamar maltratador, con la ligereza e irresponsabilidad habitual en ella, a otra persona anónima, a la que despojó de todos sus derechos para esparcir el discurso de odio feminista. Rafael Marcos, expareja de la activista de Infancia Libre María Sevilla, tuvo que escuchar de la ministra de Igualdad en mayo pasado en el Instituto de la Mujer que le atribuyera violencia machista contra la que fuera su cónyuge, condenada por sustracción de menores y luego indultada por el sanchismo. Montero ha sido condenada a pagar 18.000 euros al injuriado y, como siempre, ha atribuido al machismo judicial su pena.

Los que han fomentado el discurso del rencor contra los discrepantes, enfangado la política, ofendido a la Iglesia Católica, a la Monarquía, a la escuela concertada, a la prensa, recetado guillotina al Rey Felipe y dividido la sociedad en dos, están afortunadamente de retirada. Rompieron los diques constitucionales, anegando a todo el país a su paso. La mayoría hoy tienen la cuenta corriente venida a mayores -esa carencia sí la supieron arreglar y no la de «la gente»- y con la hoja de servicios más sucia de nuestra democracia, esa democracia que hoy es mucho más débil, turbia y vil que cuando ellos llegaron. Ahora el resentimiento, como en un certero boomerang, se vuelve contra ellos.

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