267 avisos

La cifra que titula este artículo se corresponde con el número exacto de avisos de todo tipo que las autoridades autonómicas y nacionales recibieron antes de que la dana arrasara la provincia de Valencia y dejará terribles zarpazos en Castilla-La Mancha, con réplicas de menor intensidad en Andalucía, Murcia y Cataluña.

De haberlos atendido, muy probablemente nadie hubiera muerto: los daños materiales son inevitables, o difíciles de paliar al menos, en esas circunstancias. Pero una evacuación a tiempo, el cierre de la circulación en coche o la limitación a salir al exterior de las casas hubiesen salvado vidas, sin duda.

Ésa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Se tenía información suficiente, con el tiempo de reacción necesario, para haber adoptado medidas preventivas? Ya veremos quién es más responsable o menos, si todos igual o si unos más que otros. Pero la respuesta es la misma: las alertas fueron muchas, con antelación y la enjundia imprescindible para que a alguien se le encendiera una luz e hiciera algo.

No hay que enredarse, aún, en el conflicto competencial, en si la interpretación de esas alertas debió ser más intensa en la Generalitat valenciana o en el Gobierno de España, en si a la Aemet le llega con emitir el aviso rutinariamente o debió hacer algo más o en si la autoridad en Protección Civil o en cualquier área es más regional que nacional o a la inversa.

Porque sea cual sea la respuesta a esos dilemas, hubiera bastado con que alguien de la selvática cadena administrativa que costean los abusivos impuestos hubiese sentido la llamada del deber moral y la sensibilidad personal para elevar la voz, como fuera, y hacerse escuchar.

Ése fue el gran fallo: nadie hizo lo que debió hacer, con más galones o con menos. Hubiese bastado con una comparecencia del presidente del Gobierno anunciando la gravedad de lo que venía y pidiéndole encarecidamente a la gente que no saliera de casa ni cogiera un coche.

Y eso mismo, en otra boca de menor enjundia, también hubiese servido: un meteorólogo compungido y al borde del llanto fue suficiente, hace unos meses, para que la ciudadanía de Florida se concienciara de la gravedad del huracán Milton horas antes de que llegara a la costa. Y las víctimas mortales se redujeron casi a la nada.

Pero una vez dicho esto, claro que hay que analizar las responsabilidades presentes en este bochorno inaceptable. Las de la Generalitat están claras: cuando alguien puede hacer algo, debe hacerlo. Y a estas alturas, Carlos Mazón ni siquiera parece conocerse la Ley, que es muy clara y le señala a él como simple sublaterno de una autoridad superior, pero él debió ser el primero en enviar un SOS a los valencianos y al Gobierno. Sean cuales sean sus competencias exactas, sus obligaciones morales son las máximas.

A partir de ahí, tampoco hay dudas del impresentable papel del Gobierno, que a la falta de reflejos de su homólogo valenciano le añadió una escandalosa omisión de funciones, un premeditado abandono de sus obligaciones y una repugnante explotación del dolor con fines estrictamente políticos.

De la Generalitat puede decirse que no estuvo a la altura, y eso ya es gravísimo. Pero de la Moncloa debe añadirse que, además, no quiso estar y vio en el drama una ocasión para transformar la tragedia en una oportunidad: los 267 avisos le llegaron al Gobierno, con días de antelación suficientes, y no hizo nada, solo uno años después de haber desplegado un simulacro de inundaciones idéntico y de que el presidente del Gobierno aprobara, por decreto, su Estrategia de Seguridad Nacional, recalcando las «catástrofes climáticas» como prioridad personal suya.

A quien de verdad le duelan las víctimas, no salvará a nadie. Quien solo esté en clave electoral, las estará utilizando sin pudor, por mucho que se lance a las calles con una pancarta y eche lágrimas de cocodrilo plañidera. Tuvieron, todos, 267 avisos. Y se los guardaron en un cajón hasta que ya era tarde, entre mentiras obscenas y cálculos inhumanos.

Posdata. Lo mismo que hizo Sánchez con el apagón, o parecido, pudo hacer con la dana. El fundido de toda España es de mayor extensión pero menor aparatosidad que la «catástrofe climática», pero como no tuvo la posibilidad de echarle la culpa a nadie, asumió más o menos el mando. Sin necesidad incluso de decreto: aceptó la petición de quien quiso y actuó donde quiso sin ella. Al final sí se parecieron en algo: en un caso echó la culpa a Mazón, en el otro, con infinito desparpajo, a las empresas eléctricas privadas. La cabra siempre tira para el monte. Hasta que se encuentre con la colina del Supremo.