Vito Quiles y Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha aprobado, con el concurso de sus socios, dos reformas para atacar, coaccionar y reprimir a la prensa crítica, que es la única prensa de verdad: todo lo demás, gobierne quien gobierne, es propaganda, relaciones públicas o acuerdo comercial.

Con una de ellas pretende legalizar algo que ya se hace, de facto: que a Pedro Sánchez y a sus amigos solo le puedan hacer preguntas cómodas. La excusa es Vito Quiles, que sigue los pasos de «Caiga quien caiga» o El Follonero, pero en lugar de recibir premios y programas se lleva epítetos y vetos: está bien recordar que el periodismo tiene unas normas y unos procedimientos, que comportan también unos derechos, pero es infame recordarlo a tiempo parcial y presentar comportamientos similares como una genialidad, si la hacen Évole o Wyoming, y un ataque fascista si lo hace Quiles.

Pero no hay que engañarse: el osado reportero es solo una excusa. La intención es la misma que impulsa a Sánchez en todo lo relativo a la libertad de información. Todo lo que no le aplauda, le ayude a mentir, colabore en ocultar sus escándalos y le dé soporte en un su intolerable intento de evitar la alternancia, es máquina del fango.

Para él, solo son periodismo las entrevistas con final feliz, las preguntas que le permitan iniciar la respuesta con un «me alegro de que me permita explicar eso» y las informaciones que suscriban el bulo de que España bien, de que gobierna con una «mayoría social» y de que la gran amenaza para tanta prosperidad es la ultraderecha, conspirando desde los medios, los tribunales y las policías patrióticas.

Hace tres o cuatro meses ya que la Audiencia Provincial concluyó, en un demoledor auto, que Begoña Gómez intercambiaba su influencia en La Moncloa por asuntos de su estricto interés, y desde entonces nadie le ha preguntado al presidente del Gobierno por ello, aunque sí por el cambio climático, la paz en el mundo y los pingüinos de Humboldt: un país que considera más escandaloso lo que pregunta Vito que lo que no responde un presidente está condenado al declive y el totalitarismo.

La otra salvajada es igual de perversa: anunciar que se van a desclasificar secretos del pasado para, en realidad, clasificar como nuevos secretos todo aquello que el Gobierno no quiere que se sepa y multar con hasta 2.5 millones de euros al medio de comunicación que los difunda.

Hasta ahora, Sánchez ha estado utilizando una ley franquista de 1968 para incumplir la Ley de Transparencia, negándose a cumplir sistemáticamente las resoluciones que le obligan a explicar con quién viaja en el Falcon, si utilizó recursos públicos para blanquear su tesis doctoral plagiada o, entre infinitas tropelías, cuántas veces usó La Moncloa como oficina de su esposa, por qué invirtió millones de euros en el rescate de una aerolínea hispanovenezolana irrelevante o en qué se basó para conceder indultos a condenados por delitos contra la Constitución que no renegaban de ellos y se vanagloriaban de querer volver a hacerlo.

El acoso a la prensa es uno de los rasgos definitorios de una autocracia, y también el preámbulo de la impunidad, pues todo lo que no se conoce, no existe. Y de eso se trata: de elegir qué periodistas preguntan, qué guardias civiles investigan y qué jueces enjuician. El primer paso siempre es salvar el propio pellejo, pero el segundo es aún peor: acabar con quienes osen contradecir esa deriva y se limiten, simplemente, a cumplir con su función en un Estado de Derecho amenazado como nunca.