Ilegalizar a Vox
La extrema izquierda, que incluye ya a Sánchez, vuelve a soñar con prohibir a un partido constitucional y, si puede, también al PP
Lo ha sugerido Sumar, entre aplausos progresistas: hay que estudiar la ilegalización de Vox por defender la expulsión de los inmigrantes llegados a España ilegalmente. Es decir, por recordar, con más o menos rudeza, lo que ya ordena la ley. El partido de Yolanda Díaz, o uno de los dos mil que hay allí o había porque nadie quiere quedarse, sostiene que en España hay una especie de epidemia nazi y que la culpa es de Abascal: unos señalan y otros disparan, vienen a parlotear.
Es el mismo mensaje de no pocos medios de comunicación desplazados a Torre Pacheco, que no tienen reparo en plantear el conflicto desde la misma óptica: el debate no es cuáles son las consecuencias de la inmigración masiva irregular, sino la ridícula movilización de cuatro idiotas, incapaces de convocar a nadie más allá de sí mismos y disueltos por la Guardia Civil en menos de lo que canta un gallo, entre la indiferencia general: solo tienen importancia para quienes, en realidad, siembran el discurso que luego explota Sumar y culmina con la petición de ilegalizaciones de partidos y el señalamiento de toda alternativa a Sánchez.
Es tan obvia y bochornosa la jugada como próspera en un ecosistema mediático lacayo, militante y subvencionado que se presta al montaje: si con esto se distrae la atención del binomio de la corrupción y las saunas y además se fabrica un argumentario para sostener el discurso movilizador de Sánchez contra la ultraderecha, pelillos a la mar.
Pero en el viaje queda plantada la semilla inquietante de que se puede ya exigir abiertamente la abolición de partidos que, gusten o no, actúan siempre dentro de los estrictos límites constitucionales y, en el caso en cuestión, apelan a una ley vigente que, sin embargo, no se aplica, pese a que el propio Pedro Sánchez lo anunció, hace menos de un año, desde Senegal: «Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España ilegalmente. Principalmente porque este retorno lanza un mensaje desincentivador nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Pero esencialmente porque la legislación española y europea obligan a ello».
Entre la criminalización genérica del inmigrante en su conjunto, una barbaridad y una injusticia, y la transformación de toda respuesta al fenómeno en una manifestación fascista, hay un punto intermedio: es la ley, que debe ser completada siempre con pedagogía, algo que el PSOE desprecia por su lamentable interés en incorporar esta materia a su perversa agenda de polarización y Vox no quiere decir por el estimulante rédito electoral que da la estrategia de estimular la epidermis del votante.
Pero si quieren hablar de ilegalizaciones y racismo, ahí tienen a Junts, ERC, PNV o Bildu, puestos a fabular: aunque uno es partidario de que sigan ahí pero no cuenten a efectos de fabricar mayorías parlamentarias artificiales y destinadas al chantaje y el bloqueo, si alguien representa discursos raciales, excluyentes y contrarios a la letra y el espíritu de la Constitución, son ellos.
Y aunque sus víctimas sean vulgares españoles blancos y católicos, en general, tienen al menos los mismos derechos que todo inmigrante llegado a España. Y no digamos que esos salvajes que apalearon a un señor en Torre Pacheco o violaron a una joven en Alcalá de Henares, al parecer menos peligrosos que Abascal para ese orfeón desnortado que siempre desafina al tocar sus trompetas de Jericó.
