Torre Pacheco, ¿el nuevo francomodín de Sánchez?

El enfrentamiento callejero en Torre Pacheco, las manifestaciones en Alcalá de Henares y la difusión de vídeos de supuestos incidentes con magrebíes en Medina del Campo, Aranda del Duero o Torrevieja son el reflejo de un problema incipiente que, sean cuales sean las razones y sea cual sea su verdadera dimensión, ha llegado para quedarse: las consecuencias de la inmigración, un fenómeno complejo con luces, sombras y un galopante silencio de quienes deben afrontarlo.

Nada peor para analizarlo que recurrir al brochazo, tan inane cuando se presenta como una invasión de delincuentes y aprovechados como cuando se hace como una oportunidad irreprochable para la sociedad española. O violadores o seres de luz, vienen a decir los extremos, con una frivolidad infantil que generaliza en los de fuera lo que jamás se generalizaría para los de dentro.

La inmigración no es un fenómeno monolítico y los inmigrantes no son todos iguales o no llegan en las mismas condiciones. Y sea por su origen cultural, religioso o económico, por las circunstancias en las que vienen o por las condiciones que se encuentran; incluirlos a todos en el mismo saco es la peor manera de abordar una política decente al respecto.

Despreciar, por ejemplo, la evidencia de que a la comunidad musulmana le cuesta más aceptar los valores democráticos de Occidente que a la latina o tratar de la misma manera al subshariano que huye de un conflicto que al magrebí que cruza desde Ceuta solo sirve para alejar las políticas concretas que debe tener cada caso y, al final, para optar por una gestión estrepitosa que o bien concede barra libre de manera irresponsable o bien propone la deportación general, con idéntica ligereza.

Y no entender que, sea por el retraso democrático en origen o por las circunstancias miserables en destino o por una mezcla de las dos, hay una relación directa entre el incremento de determinados delitos y la inmigración, regulada o no; y también una depreciación de los valores europeos y su sustitución por otros más medievales que provoca una sensación de inseguridad o degradación en muchos rincones de España; es una negligencia supina.

Tanto como despreciar la evidente aportación de la inmigración ordenada al sostenimiento del Estado de Bienestar, a la riqueza social e incluso a la reposición demográfica de un país envejecido y sin políticas de estímulo a la maternidad autóctona, convertida aquí casi en una especie de tara o enfermedad que necesariamente retrasa el empoderamiento de las mujeres.

Si al silencio del Gobierno, cuya política migratoria consiste básicamente en alimentar un efecto llamada, colapsar las Canarias y después recolocar a los inmigrantes por media España sin ton ni son, extendiendo el problema y cerrando los ojos ante sus efectos; se le incorpora la actitud irreflexiva de quienes azuzan un fuego de inciertas consecuencias, el polvorín está servido.

Y no debería ser tan difícil al menos establecer un punto de partida teórico, jurídico, político e institucional que decida los dos asuntos principales: cuántos pueden estar y cómo se tiene que estar. Lo primero lo decide una planificación rigurosa de los cupos, necesariamente condicionada por las necesidades laborales y justificada porque, con esa premisa, los que lleguen podrán tener también una vida digna de verdad.

Y lo segundo tampoco es un dilema infernal: las costumbres que han de adoptar, respetar y aplicar no son las derivadas de un código antediluviano, católico y caucásico; sino del compendio de leyes, valores democráticos y costumbres sociales del rincón del mundo más avanzado de la historia de la humanidad, con sus raíces grecolatinas y judeocristianas inmejorables.

Uno puede ser blanco, negro, musulmán, hindú, latino, del este o del oeste; pero nada de eso es una excusa para subvertir el orden que regula la convivencia en una sociedad avanzada ni para ahorrarse, por razones étnicas o religiosas que no pueden ser un castigo pero tampoco un premio, su estricto cumplimiento, idéntico al de todos: la única diferencia es que, si se pisotea ese precepto, unos irán a la cárcel y otros serán deportados, pero nadie puede quedar impune.

Intentar apagar las llamas que empiezan a extenderse no puede hacerse desde la negación de los efectos secundarios del descontrol, también presente en la voluntaria falta de integración de algunos sectores ya españoles de DNI pero nada europeos en todo lo demás, otro problema que exige ya respuesta para evitar lo que ya pasa en Francia y aquí aún se antoja remoto.

Y tampoco desde la estigmatización global, como ha ocurrido en la ciudad madrileña en la que, por una salvaje violación, se ha señalado a los 1.700 inquilinos de un campo de refugiados, orillando el verdadero debate de fondo, que es por qué meten allí a miles de chavales, por pacíficos que sean, si no hay otro plan que tirarlos de mala manera hasta que se vayan y vengan otros con idéntico horizonte deplorable tras pagarle el transporte a una mafia a menudo controlada por el yihadismo.

Aunque la incompetencia suele ser el rasgo definitorio de un Gobierno lamentable, que no solventa ningún problema preexistente y crea otros nuevos y se dedica a maquillar ambos con cifras ficticias y parloteos para púberes, no hay que descartar que en este punto haya algo más.

Porque la desesperación de Sánchez, hundido en las encuestas, atrapado en los juzgados y empadronado en las saunas, le puede hacer pensar en provocar un conflicto con la inmigración para sustentar su discurso maniqueo de la ultraderecha, ya gastados el resto de francomodines, y buscar con ello una movilización epidérmica de sus alicaídos votantes.

Una locura y una irresponsabilidad, sin duda. ¿Pero alguien cree a estas alturas que Sánchez no es capaz de lo que sea con tal de buscar un gol en el último minuto, con la mano y comprándose además al árbitro aunque dentro del campo se líe parda y en las calles se desate un terrible enfrentamiento?