La lista negra de Mónica García
Lo único claro es que el espectáculo público que está dando la ministra es, una vez más, pura comunicación política.
Una de las fantasías preferidas del feminismo contemporáneo es imaginar un mundo gobernado sólo por mujeres: armonioso, racional, compasivo. Un parlamento donde todas se comprenderían y jamás se lanzarían una pulla. Quien haya trabajado, estudiado o convivido con otras mujeres -es decir, cualquiera- sabe que ese mito dura exactamente dos reuniones. El intercambio reciente de órdagos entre Ayuso y Mónica García es un recordatorio bastante ilustrativo.
La ministra de Sanidad anunciaba ayer que interpondrá una demanda a la presidenta de la Comunidad de Madrid por no haber facilitado una lista con los facultativos madrileños que se niegan a acabar con la vida del no nacido. Lo curioso es que ambas aseguran hacerlo movidas por el mismo ánimo: proteger a los médicos. Resulta más intuitiva, en este sentido, la oposición de Ayuso: cuesta imaginar qué utilidad positiva podría tener una lista semejante. García, por su parte, ha insistido en que su medida «blinda» a los objetores de conciencia, mediante un ejercicio de «¿va usted a confiar en mí o en su sentido común más elemental?», digno de manual. ¿O acaso hay médicos practicando abortos en la sanidad pública bajo amenaza de despido? Resulta dudoso.
Lo que sí es cierto es que solo un 10–20 % de los abortos en España tienen lugar en centros públicos. La ministra reivindica su lista negra recordando que será anónima. Lista anónima: contradicción donde las haya, salvo que se recurra a numeritos —anónimo 1, anónimo 2, anónimo 3—. El objetivo, dice, es «logístico»: saber dónde faltan aborteros, imagino que para enviar a un par o tres. ¿Cómo sabrán si el médico de turno está dispuesto a realizar abortos? ¿Diseñarán otra lista, pero al revés? ¿Cómo la plantearán? «Si desea usted practicar un aborto, pulse 1. Si está dispuesto a ser trasladado a Badajoz para sacar bebés sin vida del vientre materno, pulse 2. Si es usted facha y de ultraderecha, manténgase a la espera».
Más allá de la —evidente— distancia ética con la ministra, no alcanzo a entender adónde quiere llegar. Por un lado, reivindica que las mujeres que quieren abortar puedan hacerlo en un centro público, como si lo fundamental fuera el lugar y no el acceso. Por otro, las feministas como García pintan un panorama dramático, con embarazadas obligadas a «desplazarse» para poder «ser atendidas». Existen al menos 74 patologías o intervenciones médicas que requieren atención altamente especializada: enfermedades raras, trasplantes, cirugías complejas, tratamientos oncológicos avanzados… En todos estos casos se deriva a los pacientes a centros concretos que, por tanto, exigen desplazamientos dentro o fuera de su comunidad autónoma. Desplazamientos que no incomodan a nadie, por lo visto.
El invierno demográfico está en boca de todos y, sin embargo, asumimos como natural la cifra de 100.000 abortos al año en España. En 2024 sólo un 4’3 % aproximadamente se realizaron por motivos médicos. El resto tuvieron lugar antes de la semana 14 y por voluntad de la madre. Es decir: Mónica García está levantando
la voz por unas cinco mil mujeres que, en teoría, tendrían que desplazarse para abortar. ¿Por qué me detengo en ellas? Porque estoy cansada del concepto «embarazo inesperado» en una sociedad que da por buena una «educación sexual» que se reduce a repartir condones a preadolescentes, que asume la hiperhormonación como la mejor «planificación familiar» y donde es más fácil conseguir una píldora del día después que un ibuprofeno de 800 mg. Hace tiempo que el aborto dejó de ser un recurso último, es sólo un método anticonceptivo más. Y eso —al margen de la postura de cada cual sobre el bebé— es una barbaridad para la mujer.
Lo único claro es que el espectáculo público que está dando la ministra es, una vez más, pura comunicación política. Porque se niega a ver el fracaso de las políticas de educación sexual, se niega a admitir que el aborto ya no es el mal menor y, desde luego, no parecen importarle ni los médicos ni los pacientes de la sanidad pública. De lo contrario, no concentraría su energía en un colectivo ínfimo mientras la sanidad de todos se degrada a ojos vista sin solución en el horizonte. Y eso, por desgracia, no hay sororidad que lo disimule.
