Una idea práctica para que mejore la Administración

Escribir un artículo un 1 de enero es complicado. No porque no haya cosas de las que hablar, sino porque es un día raro. No es un día de prensa ni de debate. La mayoría de la gente no está pensando en política, en economía o en cómo funciona el país, sino soñando con el comienzo de un nuevo año más próspero, un año de propósitos.

Aprovechando que es un día extraño, voy dejar de lado la alta política y voy a sacarme de encima una idea muy concreta, operativa y sencilla que llevo tiempo rumiando. Es algo muy específico que serviría para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública. Una sola idea. Clara. Funcional. Aplicable mañana mismo.

En España, lidiar con la Administración se ha convertido en una experiencia desesperante que todos asumimos como normal. Si algo define hoy a la Administración Pública no es su vocación de servicio, sino su pésimo funcionamiento cotidiano. Es lenta, opaca e ineficiente. Y, sobre todo, no tiene ningún incentivo real para hacer bien su trabajo.

Pedir una licencia, iniciar una obra, montar un negocio o simplemente hacer una gestión básica implica armarse de paciencia y aceptar retrasos absurdos. La Administración no cumple plazos, no informa, no explica, no responde. El ciudadano presenta un trámite y entra en un agujero negro del que no sabe cuándo, ni si, saldrá. Meses de espera. A veces años.

Uno de los mecanismos sobre los que opera esta perversión es el llamado silencio administrativo. Sobre el papel, una figura pensada para proteger al ciudadano frente a la inacción del poder público. En la práctica, un escudo perfecto para la propia Administración

El mecanismo es sencillo. Tú solicitas una licencia, un permiso o una autorización. La ley fija un plazo: tres meses, seis meses, lo que sea. Si la Administración no responde, se produce el silencio administrativo. ¿Y qué ocurre? En la mayoría de los casos relevantes, ese silencio es negativo. Es decir: no te contestan, pero se entiende que te han dicho que no.

Contra ese «no» tácito puedes recurrir. Empieza otro plazo. Y si vuelve a haber silencio, entonces, y solo entonces, puede operar el silencio positivo. Es decir, tras meses o años de espera, recursos y paciencia infinita, quizá consigas que se entienda concedido aquello que pedías.

Sobre el papel suena razonable. En la vida real es una tomadura de pelo. Porque mientras tanto tú no puedes hacer nada. No puedes construir. No puedes invertir. No puedes planificar. No puedes avanzar. Estás atrapado en un limbo administrativo del que no puedes salir porque no hay nada contra lo que recurrir. Solo silencio.

Conozco el caso de un amigo que lleva dieciocho meses esperando a que un pequeño ayuntamiento estudie la licencia para construirse una casa en un prado, en un pueblo de Asturias. No es una macroobra ni un proyecto complejo. Es una casa. El plazo legal se ha incumplido con creces, pero no hay resolución, ni silencio útil, ni nada. Solo espera. Y con la espera, la inversión parada y la vida congelada.

En España esto no es una excepción. Es la norma. Proyectos parados sine die. Inversión congelada. Empleo que no llega. Todo bloqueado porque alguien no firma un papel. Y, por supuesto, nadie responde por ello. Ningún funcionario es sancionado por incumplir plazos. Ningún responsable da explicaciones. El ciudadano espera. Y calla. Y se fastidia, porque es siervo de la Administración.

Por eso la propuesta es muy simple: silencio administrativo positivo en primera instancia.

Si la Administración tiene, digamos, tres meses para responder, que sean tres meses de verdad. Si en ese plazo no ha contestado, el trámite queda aprobado automáticamente. Sin recursos. Sin interpretaciones. Sin «ya veremos». Aprobado.

Y no solo eso. Cada aprobación por silencio positivo debe quedar registrada. Qué procedimiento fue. En qué unidad. Bajo qué responsabilidad. Porque el silencio no debe ser un atajo cómodo, sino un fallo del sistema que se mida, se audite y tenga consecuencias.

Esto no va contra los funcionarios. Va contra un sistema mal diseñado, lleno de incentivos perversos. Un sistema que no premia al que hace bien su trabajo, que no distingue al diligente del indolente y que castiga siempre al mismo: al ciudadano que espera

Hoy da exactamente igual que un funcionario sea eficiente o deje los expedientes dormir meses en un cajón. Su sueldo es el mismo. Su carrera es la misma. Y eso, en cualquier organización, produce el resultado obvio: la inacción se vuelve racional.

Por eso no se trata de señalar a personas concretas, sino de introducir mecanismos que corrijan el comportamiento del sistema. Mecanismos que hagan visible quién cumple y quién no, que premien al que responde en plazo y que obliguen a rendir cuentas al que no. Cuando el sistema cambia, el comportamiento cambia. Y cuando cambia el comportamiento de los funcionarios, mejora el servicio que recibe el ciudadano.

Esta es mi idea práctica para empezar el año. No es revolucionaria, no es sofisticada y no tiene nada de épica: es una regla sencilla para que la Administración funcione un poco mejor. Ahora ya pueden saltar funcionarios, opositores, académicos y juristas a explicarme por qué no se puede hacer. Mientras tanto, el ciudadano seguirá esperando.