El valor de los secretos de Estado, según Marlaska
La democracia –lamento tenerme que detener en obviedades— es un estado de opinión pública y los gobiernos democráticos deben favorecer la pluralidad informativa y no sustraer datos a la ciudadanía, con el fin de que esta pueda tomar decisiones bien informadas
Entre las perniciosas novedades que ha introducido en la vida política española el sanchismo se encuentra la facilidad con la que declara «secreto de Estado» cualquier fruslería o banalidad. No deja de ser un abuso de autoridad, además de una práctica profundamente antidemocrática. Tal vez cuestiones referidas a la lucha contra el yihadismo, nuestras relaciones con Marruecos, viejos asuntos de los asesinos de ETA... tal vez esas cuestiones podrían ser materia clasificada y, por tanto, susceptibles de no airearlas en la palestra pública. Ahora bien, declarar secreto de Estado a los escoltas que Marlaska le ha colocado a la joven Sarah Santaolalla es algo sorprendente, ya que no acabo de saber cómo puede afectar la vida de esta muchacha a la seguridad del Estado, a la estrategia económica del país, a la paz social o a cualquiera de los grandes asuntos que cualquier nación civilizada debe proteger, incluso hurtando detalles a la opinión pública.
La democracia –lamento tenerme que detener en obviedades– es un estado de opinión pública y los gobiernos democráticos deben favorecer la pluralidad informativa y no sustraer datos a la ciudadanía, con el fin de que esta pueda tomar decisiones bien informadas. No cabe duda de que la vida de esta joven es absolutamente irrelevante y nada interesante para el común de los ciudadanos. Pero el dinero que el Estado se gasta de manera arbitraria en su protección, absolutamente innecesaria, sí nos interesa. Estamos la mayoría de los españoles poniéndonos al día con la Hacienda pública a través de nuestras declaraciones del IRPF. Nos cuesta mucho ganar nuestros salarios, que están siendo esquilmados como nunca por el sanchismo. Un régimen que no cree en la pluralidad de opiniones y que se ha gastado nada menos que 5.200 millones de euros desde 2018 en RTVE, entidad que paga un estipendio a Santaolalla por desacreditar día sí y día también a personajes que no coinciden ideológicamente con ella. Mala práctica desde un medio que pagamos entre todos. Peor todavía dotarla de una seguridad que no se compadece con los méritos contraídos por la joven, mientras que muchas mujeres víctimas de maltrato corren peligro por no poder ser custodiadas por policías.
La idea que Marlaska y los corifeos del sanchismo tienen sobre el bien común, el interés general y la neutralidad de las instituciones deja mucho que desear. Evidencia un sectarismo notable. Declarar secretas las razones por las que se le otorgan escoltas de seguridad a una determinada persona que no posee razones objetivas para ello es un pecado de mala praxis administrativa democrática. Pero qué se va a esperar de Marlaska. Sus secretos, y tiene unos cuantos, solo sirven para destruir. Si se revelasen, podrían mutar muchas reputaciones. En este caso que nos ocupa, no sé si estamos escondiendo algo verdaderamente confidencial o algo furtivo. España pide a gritos una normalidad política y democrática y una pasada por la moralidad pública que ayude a regenerar y traer aire fresco, un soplo de veracidad que impida las arbitrariedades de ministros que se atreven a gastar nuestro dinero y eluden toda responsabilidad declarando secreto cualquier anomalía.
