Tengo cuatro hijos, nunca hemos ido a España pero somos españoles

Ella es encantadora, no es fácil saber qué votará y molesta menos que algunos paisanos: se trata de una señora de Argentina que, hace unos días en Telemadrid, compareció para reconocer con gusto y humildad que ya era española gracias a su difunto abuelo, un almeriense de tantos desplazado a Argentina hace décadas.

Nunca ha visitado España, tiene serias dificultades para colocarla en el mapa, no conoce lo básico de un país extraño para ella y, sin embargo, ella y sus hijos son ya españoles, con lo que eso supone: podrán votar, lo que estimen oportuno, pero además serán usuarios de servicios públicos que de momento no pueden sufragar y cumplen los requisitos para acceder a alguno de los subsidios que permite la legislación española, tan curiosa ella como para anteponer un notable gasto público en un falso mena que en una viuda jubilada con la cadera rota: al primero le dedicará 3.000 euros al mes, sin comprobar si tiene a sus padres a cien metros, si es menor de edad o tiene más años que la tos y si sufre grandes penalidades o es un jeta; a la segunda le negará unas modestas muletas para desplazarse cuando, echándole ovarios, consiga reponerse un poco de su lesión.

Esta es la España actual: no le hace preguntas a nadie, salvo a los españoles, interrogados cada cinco minutos por la Agencia Tributaria, la DGT, la Seguridad Social, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma correspondiente y una miríada de administraciones públicas que viven gracias a las personas a las que esquilman y maltratan pero luego nunca encuentran un momento para chequear si el pastizal que reparten tiene sentido.

La llamada Ley de Nietos no es injusta por regalar la nacionalidad a quien sabe lo mismo de España que de Azerbaiyán, sino sobre todo por reconocer derechos que se les niegan al personal con trienios que no le ha podido dedicar un segundo, por tiempo o por decencia, a analizar el pavoroso articulado reglamentario autóctono que permite vivir del cuento por distintas razones.

Ser español comporta hoy en día obligaciones, sobre todo, y atenderlas suele ir acompañado de la exclusión de los derechos que supuestamente se generan con ese esfuerzo: no hay plazas en las escuelas infantiles ni en las residencias para mayores; las especialidades médicas tienen una lista de espera eterna; lograr una cita para cualquier servicio público es una quimera y, en general, el incremento de impuestos ha ido acompasado por un deterioro escalofriante de las prestaciones subsiguientes, con la deplorable seguridad, la infame limpieza y el inexistente mantenimiento como corolario de ese despropósito.

Ser español, en fin, es un mal negocio, con la excepción de los españoles que no sabían que podían serlo y lo han descubierto gracias a un presidente deplorable que ve en ellos una oportunidad para lograr sobrevivir, a costa de faltarles el respeto. Porque no les quiere reconocer un derecho, sino ofrecerles un negocio: yo te doy un papel, tú me das una papeleta. Esto es, le pone precio a su dignidad, a la espera de que entiendan el mensaje y le voten con la nariz tapada.

Hace falta ser muy mala persona para aprovecharse del pasado de nadie. Y muy tonto para picar: si los nuevos españoles quieren empezar a ganarse el título, deberían estrenarse pareciéndose un poco a sus nuevos compatriotas de la única manera creíble desde el primer minuto: votando a otro y tarareándole a Sánchez la canción del verano, que es la misma desde hace ocho años. Que le vote Txapote, y así.