Ni dimisiones ni elecciones

Ningún dirigente socialista dimitirá aunque sea imputado por los jueces y se tensará la vida política hasta llevarla a un nivel de división y enfrentamiento que recuerde las elecciones de febrero de 1936. Estos son los dos ejes en los que Pedro Sánchez basará su estrategia de supervivencia para lo que queda de legislatura. Es el último recurso que le queda para intentar darle la vuelta a todas las encuestas que coinciden en que PP y Vox rozan los 200 diputados. Salvo una metedura de pata popular de última hora, que no hay que descartar.

El veto frontal a las dimisiones por imputación de un delito tiene un objetivo claro: evitar que Pedro Sánchez se viera forzado a irse si los sumarios por financiación ilegal del PSOE, que avanzan en silencio y con lentitud implacable, le acabaran cercando. Quedan descartadas dimisiones como la de Ábalos cuando fue imputado, y se va a seguir el precedente del fiscal general del Estado, que no dimitió cuando le imputaron ni cuando le juzgaron, o de la directora general de la Guardia Civil y del DAO. Es una estrategia con la que se pretende eliminar un precedente en el caso de que la Justicia decidiera imputar al presidente. Sería su baza para acusar a los jueces de ser la larga mano de la derecha y tensar el clima político hasta extremos sin precedentes en los últimos cincuenta años. Como ocurrió el martes cuando el hermano de Sánchez fue condenado y el ministro Puente acusó a los jueces de querer «derribar al gobierno».

Porque Pedro Sánchez busca, y este es el otro eje de su estrategia de supervivencia, el enfrentamiento político radical entre «los tuyos y los míos» que resucite el recuerdo de lo que ocurrió hace noventa años en las elecciones de febrero de 1936, aunque la sociedad española de hoy nada tiene que ver con aquella. Su objetivo es que se vote con los sentimientos y con el rencor cainita, y no con los ojos de la razón con los que vemos el balance real de sus ocho años de gobierno. Aunque buena parte de la sociedad española no está enfrentada ni radicalizada, el objetivo del presidente es que los españoles votemos no a un programa sino contra otro partido. No se trata de que gobierne el mejor, se trata de que no gobierne el otro.

Pero esta estrategia está condenada al fracaso. Porque los españoles son testigos de hechos que impedirán a Pedro Sánchez levantar cabeza en unas elecciones. A pesar de que algunos son escandalosos pero poco conocidos. Por ejemplo, el Estado aporta todos los años 5.000 millones para cubrir el déficit de las pensiones en el País Vasco, aunque el gobierno autónomo se queda con los impuestos recaudados y entrega una pequeña cantidad, el «cupo», para contribuir a los gastos generales del Estado. Es la ley del embudo: mis ingresos son míos y mis deudas son tuyas.

El gobierno tiene prevista una aportación extra a Cataluña de 500 millones para que cree su propia Agencia Tributaria. Eso contribuirá al desguace de la nación porque cuando el Estado pierde el control de las fuerzas de orden público –los mossos dependen del gobierno autónomo– y de los impuestos recaudados, se convierte en un Estado inerme, hasta que un día alguien de la Generalitat cierre la puerta con más medios y poder que en octubre de 2017.

El presidente presume, y con razón, de que la economía española crece más del doble de la media de los 28 países de la UE, pero oculta que nuestro país tiene casi el doble de paro de la media de la Unión, sólo superado por Finlandia, y tenemos un 25% de paro juvenil, el más alto de Europa. Según Eurostat en España hay 6,5 millones de personas que viven en la precariedad. Ocho millones habitan en hogares en los que tocan a 15 metros cuadrados por persona; el INE hizo público hace unos meses un informe según el cual cuatro millones de españoles padecen «carencia material severa», y hay 12,5 millones de trabajadores que cobran un salario mensual de 1.200 euros. Esto solo es un botón de muestra.

La conclusión es evidente: España crece pero su riqueza no llega hasta los escalones más bajos de la sociedad, donde viven y trabajan los más desfavorecidos. Y eso que es criticable en cualquier gobierno, lo es más en el gobierno más a la izquierda que ha tenido España en 49 años, con una vicepresidenta y varios ministros del Partido Comunista.

A este panorama hay que añadir los escándalos de corrupción en los que hay 127 imputados, un condenado a 24 años de cárcel y otras tres personas a penas de inhabilitación. El indicio más evidente de que la corrupción anida entre ellos es que cuando se defienden en los tribunales —como está haciendo el expresidente Zapatero— nunca lo hacen de las acusaciones de fondo; buscan argumentos procesales como la prescripción. Pero aunque esta estrategia triunfara, la ciudadanía sabe que la prescripción legal no es exoneración moral.

Pensar que esta realidad social no va a tener unas duras consecuencias electorales es confundir la realidad con los deseos. Lo que ha ocurrido en los últimos meses en cuatro Comunidades es la crónica de una derrota anunciada.

La estrategia presidencial de resistir y dividir revela su pobreza de recursos para hacer frente a lo que se le viene encima. Pero no tiene otros.