Que pregunten a ZP, Bono, Moratinos y Trujillo

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez puso fin en marzo de 2022 a la postura histórica de España en el conflicto del Sahara, que pasaba por apoyar su autodeterminación, tal y como establece la resolución de Naciones Unidas, todo el mundo interpretó que fue el pago de nuestro país a Rabat para apaciguar su enfado por haber acogido furtivamente en abril de 2021 al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tratado de Covid en un hospital de Logroño. Incluso aquella decisión supuso la destitución de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Además, la sospecha se agrandó cuando el simpar ministro Bolaños, en una esperpéntica comparecencia, anunció el 2 de mayo de 2022 que se habían jaqueado los teléfonos de, entre otros, Sánchez y Margarita Robles. Aquello, para redondear el dislate, se llevó por delante a la directora del CNI, Paz Esteban. Todo eso pasó, y desde entonces no sabemos qué diantres encontraron en el móvil de nuestros gobernantes.

Pero solo eso no explicaría esta subordinación tan escandalosa a la autocracia alauí, que se ha permitido violar nuestras fronteras usando como proyectiles humanos en chancletas a miles de sus ciudadanos. También hay razones puramente económicas que nos remiten a unos actores políticos socialistas que han sido cruciales para vender nuestra política exterior a cambio de buenos réditos en sus faltriqueras. Todos ellos, a excepción del propio Felipe González tan afín a ese país, exministros de Rodríguez Zapatero, quien ha sido el principal valedor del plan marroquí para la antigua colonia española del Sahara que Sánchez, en una carta que conocimos gracias a la Casa Real marroquí, calificaba como la «base más seria, creíble y realista», para la resolución del conflicto.

El expresidente imputado se dedicaba por entonces a dar conferencias en Marruecos en las que calificaba ese escandaloso giro como el «más inteligente» para la relación entre ambos países. En julio de 2022, con Sánchez en La Moncloa, Zapatero se reunió en Tánger con el ministro de Exterior alauita, Nasser Burita, como si fuera una suerte de embajador en la sombra de España. A la reunión acudió acompañado de otra figura fundamental en el business «progresista» con el vecino del sur: el exministro Miguel Ángel Moratinos, alto representante de la ONU para la zapaterista Alianza de Civilizaciones. Unos días después, Argelia nos castigaba congelando el comercio con España.

La nómina de socialistas promarroquíes la engrosa también el todoterreno exministro José Bono, así como el que fuera titular de Justicia, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Ambos participan habitualmente en Conferencias Internacionales por la 'Paz y Seguridad en el Sáhara Occidental'. Cierra la lista María Antonia Trujillo, otra exministra del dueño del ajuar de joyas más famoso de España, una socialista cuya biografía haría abochornar a cualquier persona mínimamente decente. Con esta criatura y sus soluciones habitacionales, empezó España a caer en picado. La tal Trujillo ha puesto varias veces en duda la españolidad de Ceuta y Melilla a cambio de seguir contando con los favores de los que quieren arrebatarnos su soberanía. Es curioso cómo esta valiente se atreve a denigrar a la democracia española beneficiándose precisamente de su garantismo. Me malicio que María Antonia no se atrevería a insultar al Monarca vecino, como lo ha hecho con su país, sabedora de que esa dictadura no sería especialmente comprensiva con su «deslealtad».

Todos estos socialistas –a los que puede añadirse el actual ministro Planas, que fue embajador en esa nación durante el mandato de ZP–, que olvidan sus principios para postrarse ante una autocracia que ha invadido territorio español, demuestran el poder oculto de los lobbies, que los hace fundamentales para entender lo que ocurre en los márgenes de la política. No olvidemos que en el propio Parlamento Europeo estalló el Qatargate, el escándalo que destapó una red de sobornos en el seno de la Cámara para influir en la imagen internacional de ese país del oeste asiático. Hasta la vicepresidencia socialista griega de la Eurocámara, Eva Kaili, fue detenida. Y también sabemos muy bien el dinero que se gasta Rabat –más de tres millones de euros– en campañas de influencia en Washington para ir sembrando de dudas la españolidad de nuestras dos ciudades del norte de África.

En paralelo, nuestra debilidad ante esa satrapía es alarmante. En febrero de 2023, Su Sanchidad firmó un tratado de amistad con sus autoridades, mientras Mohamed le daba plantón a él y a sus 11 ministros desplazados a Marruecos, y prefería las playas de Gabón a una fotografía con un presidente al que ya había torcido el brazo. Todos sabíamos que lo sellado no era más que papel mojado para el Gobierno marroquí. En ese acuerdo, los dos países se comprometían, según palabras del propio Sánchez, a que «en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía». Pues, sí señor, se ha cumplido sobradamente ese vaticinio en Ceuta.