Ceuta y Melilla: la migración como arma en el tablero geopolítico

los acontecimientos ocurridos en nuestras ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han puesto de relieve, una vez más, una realidad que ya no podemos ignorar: la migración irregular ha dejado de ser una mera cuestión humanitaria para convertirse en una herramienta de presión estratégica. Lo que estamos presenciando no es simplemente el desplazamiento de personas en busca de un futuro mejor, sino lo que la ciencia política denomina la «militarización de la migración», es decir, la explotación de los flujos migratorios para obtener concesiones políticas y económicas.

El caso de Marruecos es, quizás, el ejemplo más evidente de esta tendencia en el Mediterráneo occidental. No es la primera vez que vemos desarrollarse este escenario: ya en mayo de 2021, la relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de las autoridades marroquíes permitió la entrada en Ceuta de casi 9 000 personas, entre ellas 1. 200 menores que habían sido atraídos con falsas promesas. Esa crisis, tal y como reconoció el propio Parlamento Europeo, no fue espontánea, sino más bien una respuesta de Rabat a la crisis diplomática provocada por la acogida por parte de España del líder del Frente Polisario y, más fundamentalmente, una medida para forzar un cambio en la postura de España respecto al Sáhara Occidental.

Este uso perverso de la migración como «arma de destrucción política» ha resultado eficaz. No cabe duda de que la presión ejercida en las fronteras de Ceuta y Melilla, incluidas las trágicas incursiones de 2022 que se cobraron la vida de decenas de personas, fue un factor decisivo en el cambio de rumbo del Gobierno español, que pasó de una política de neutralidad activa a un apoyo explícito a la iniciativa de autonomía marroquí en el Sáhara. Desde un punto de vista jurídico, estas acciones constituyen una violación del principio de no injerencia en los asuntos internos y, en los casos más graves, un ataque a la integridad territorial de España y de la Unión Europea.

Aún desconocemos los motivos que se esconden tras este nuevo ataque híbrido de Marruecos ni los beneficios estratégicos que pretende obtener.

Sin embargo, esta estrategia de «guerra híbrida» nos plantea un dilema ético y jurídico de proporciones colosales. Al responder a estas amenazas desde una perspectiva puramente basada en la seguridad y al externalizar nuestras fronteras, corremos el riesgo de socavar los valores fundacionales de Europa. El uso de seres humanos como «carne de cañón» en el juego de ajedrez geopolítico no solo es un comportamiento ilegal por parte de quienes lo promueven, sino que también pone a prueba nuestro compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos.

Observamos con preocupación cómo surge una tendencia en la que el enfoque de la seguridad nacional empieza a prevalecer sobre la protección de los derechos fundamentales. Instituciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido claras: la gestión de los flujos migratorios no justifica prácticas incompatibles con la dignidad humana. Sin embargo, la actual «securitización» de las fronteras está haciendo que la protección de la vida y el derecho de asilo pasen a un segundo plano.

Como sociedad, debemos ser conscientes de que la instrumentalización de la migración busca, precisamente, socavar nuestra cohesión y poner a prueba nuestra unidad. La respuesta al chantaje en Ceuta y Melilla no puede limitarse a reforzar las vallas; debe ser una política europea firme que denuncie estas prácticas como ataques híbridos, al tiempo que garantice que el Estado de derecho no se detiene en la frontera.

No podemos permitir que la geopolítica convierta el Mediterráneo en un estado de emergencia en el que los derechos humanos se sacrifiquen en aras de la conveniencia estratégica.

Carlos Espaliú Berdud es Catedrático de Derecho Internacional Público, de la Unión Europea y Relaciones Internacionales y Director del Observatorio Tomás Moro de Relaciones Internacionales en laUniversidad CEU Fernando III