No eran nietos, son votantes cautivos
No basta con suspirar con alivio por el fallo del Supremo: hay que dejar de tratar a Sánchez como a un político democrático más
En España ya se podía obtener la nacionalidad y miles de personas, oriundas o arraigadas, lo han hecho durante décadas, siguiendo el proceso perfectamente regulado y capaz de garantizar que quien la consiga, se la haya ganado, la merezca y entienda que todo derecho comporta una obligación. Hay muchos españoles de hecho que tardan en serlo de derecho porque el viaje es largo y recorrerlo es, en sí mismo, una prueba de lo mucho que lo merecen.
No caigamos pues en la trampa sentimentaloide de que la Ley de Nietos venía a atender una deuda pendiente con nadie, ni tampoco en la de que la resolución adversa del Tribunal Supremo que suspende la incorporación al censo electoral de los nacionalizados con ese engendro mantiene abierta la herida y prolonga una injusticia histórica.
Ese truco emocional, tan barato como todo en Pedro Sánchez, ha sido la excusa para perpetrar un asalto al censo con el evidente objetivo de fabricar votantes a cambio de compensaciones infumables: al igual que el líder del PSOE se compró la investidura negada por las urnas con un trato mafioso con el separatismo; ha intentado mejorar sus expectativas en las urnas intercambiando un DNI por el voto de los beneficiarios.
El fallo del Supremo es, además de un varapalo a esa trampa concreta, una alerta sin precedentes sobre las intenciones de un político predemocrático que está dispuesto a cambiar de ciudadanos cuando los ciudadanos no le acompañan en sus ínfulas caciquiles: en lugar de aceptar que la democracia le entrega al pueblo la decisión sobre quién y cómo debe gobernarle; él intenta fabricar un pueblo a la medida de su codicia, inflando el censo o desarrollando un sistema clientelar que arriende su voluntad electoral a cambio de alguna prebenda.
Más allá de la resolución legal estricta, que una vez más convierte al Supremo en el penúltimo dique de contención del plan sanchista antidemocrático, conviene insistir en la diferencia abrumadora entre el número real de descendientes de exiliados y el de nacionalizados de pacotilla para entender la naturaleza de una jugada impropia de un Estado de derecho occidental: con la excusa de resarcir las consecuencias de un drama nacional, algo que todos podemos entender, se ha reclutado a través de consulados socialistas, en cooperación con los regímenes del Grupo de Puebla, a todo aquel que quiera conseguir un documento español, y por tanto europeo, que infle el censo y desborde aún más la capacidad asistencial de un Estado de bienestar ya malherido.
Sánchez es un sátrapa que, como en los peores sistemas, subordina las instituciones al partido y éste a él mismo, según el esquema tradicional de las dictaduras izquierdistas, aupado por la colonización espuria de cada rincón del Estado, la persecución a la separación de poderes y la propaganda masiva de los medios de comunicación públicos, todo ello para blanquear un asalto a la propia democracia con el fin de perpetuarse y dotarse de impunidad.
Por eso no hay que conformarse con que Sánchez no se salga con la suya, como si pudieran salirle gratis todas sus fechorías: hay que retratarle y tratarle como lo que es: un golpista posmoderno que sustituye las asonadas bélicas por un acoso quirúrgico a la democracia, una apuesta por la división y una propuesta populista y radical que no se puede naturalizar. Porque todo se resume en una conclusión: O Sánchez o la democracia. Los dos términos no caben en la misma frase.
