Crisis política galopante

España se encuentra en una situación política alarmante. Sería difícil encontrar en países de nuestro entorno una crisis institucional tan preocupante como la que se vive en el Poder Judicial. La irresponsabilidad partidista impide la renovación de sus miembros, que de forma bochornosa se les etiqueta como progresistas o conservadores, deteriorando su imagen de imparcialidad. La situación es tan caótica que el presidente Lesmes ha alertado a la sociedad de su letargo ante el deterioro del Estado de derecho, y ha señalado a la clase política por anteponer sus intereses partidistas a los intereses generales.

La injerencia de este Gobierno en las instituciones del Estado es intolerable. Echó la llave de forma ilegal al Parlamento para evitar dar explicaciones sobre la pandemia, ha criticado de forma insolente a la Justicia y a la Corona, y se ha cargado de un plumazo el Portal de Transparencia.

La fiscal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, ha escrito que «si no fortalecemos las instituciones democráticas de control, no viviremos ya en una sociedad abierta porque habremos perdido nuestra libertad».

Pero el Gobierno persiste en tapar la boca a los ciudadanos, tramitando la Ley de Información Clasificada, una ley «bozal» que resucita la censura, limitando la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ante el descrédito que este Gobierno totalitario está provocando a nuestra democracia, la prioridad mas acuciante de la sociedad es desalojarlo del poder antes de que sea demasiado tarde.