La hora de la judicatura

El pasado 28 de junio pasará a la historia como el día que los jueces y fiscales pidieron algo tan obvio como la independencia judicial. Un intento desesperado de frenar, antes de que sea demasiado tarde, la ley Bolaños que trata de colonizar desde dentro al mismísimo poder judicial. El culmen de las tropelías a las que el Gobierno nos ha acostumbrado. Para empezar, la ley pretende alterar el sistema de acceso a la carrera judicial. En lugar de las horrorosas oposiciones donde se imponen las personas con mayor inteligencia y voluntad, se crearán unas academias públicas para la preparación de jueces, fiscales, abogados del Estado y altos funcionarios de la Administración. ¿Eugenesia política? Me aterra pensar que el partido en el poder escoja y prepare las mentes más progresistas y dóciles para administrar la justicia en consonancia con lo políticamente correcto y para eximir de responsabilidad a los políticos quienes, por definición, solo deberían buscar el bien común.

La segunda propuesta es un reforzamiento de las competencias y poderes de la cúpula del Ministerio Fiscal, a las órdenes de un fiscal general del Estado elegido directamente por el Jefe de Gobierno. ¿O alguien osará pensar que una persona tan relevante pueda buscar su interés personal o el de quien le nombró, por encima del interés general de España? «Nadie encontrará una sola línea del proyecto que atente contra la independencia judicial», aseveró sonriente Félix Bolaños. ¡Faltaría más!, Sr. ministro. A estas alturas de la película ya sabemos que lo que el Gobierno pretende es exactamente lo contrario de lo que dicen y escriben sus voceros. La sumisión de la judicatura necesariamente ha de realizarse de una manera más sibilina, que el Tribunal Constitucional bendecirá por 6 votos contra cuatro, como hace unos días con la Ley de Amnistía. De momento Santos Cerdán durmió anoche en la cárcel, por algo se empieza.