Sánchez debe cumplir la ley
El Gobierno y su presidente tienen la obligación legal de rendir cuentas a la ciudadanía. No hacerlo es un abuso, pero también una irregularidad que este periódico intentará subsanar para que la verdad resplandezca
La rendición de cuentas ante la opinión pública y el conocimiento exacto de a qué dedican su tiempo y recursos los cargos institucionales son dos rasgos definitorios de una democracia sana. Pero además de eso, son obligaciones legales de los servidores, que no tienen la posibilidad de incumplir esa innegociable exigencia.
Lo dicta el sentido común, desde luego, pero también la ley en general y la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en particular: cumplir con ella no es un acto voluntario de los representantes públicos, sometido por tanto a su opinión, interés o interpretación; sino una exigencia innegociable que simplemente hay que cumplir.
Y eso es precisamente lo que no hace Pedro Sánchez, tal y como viene evidenciando El Debate con una larga serie de informaciones que demuestran no solo el nepotismo, la opacidad y el despilfarro del presidente del Gobierno que llegó al cargo prometiendo transparencia; sino también la irregularidad de ese insólito comportamiento.
No lo afirma solo este periódico, cuya línea editorial puede ser muy crítica con Sánchez pero siempre con arreglo a unos hechos previos objetivables; lo sentencia de manera sistemática el Consejo de Transparencia: el presidente y su Gobierno acumulan resoluciones políticamente demoledoras y legalmente vinculantes que le obligan a explicar al detalle el sistemático uso abusivo de recursos públicos de enorme coste.
Sea para lanzar campañas de propaganda destinadas a camuflar su fracaso internacional, para utilizar el Falcon con fines privados, para proteger a los agresores de dirigentes de Vox, para auxiliar a terroristas con delitos de sangre, para rescatar con dinero público una aerolínea dudosa como Plus Ultra o para rehabilitar con fondos europeos su lugar preferido de veraneo, el palacio de las Marismillas.
Todos esos excesos ha querido taparlos Sánchez del escrutinio público. Y en todos los casos, El Debate ha logrado que la ley le dé la razón en su búsqueda incesante de la información, protegida por el artículo 20 de la Constitución como derecho de los ciudadanos del que los medios somos meros depositarios.
Sánchez no denigra a El Debate con sus pavorosos incumplimientos legales: desprecia a la ciudadanía, a la democracia y al Estado de derecho como nadie antes lo ha hecho
La constatación de que el Gobierno incumple primero la ley y después pisotea las resoluciones en su contra supone un hecho gravísimo y sin precedentes en la democracia española que confirma la inquietante deriva del sanchismo: adopta decisiones inconstitucionales, ignora sentencias de la Audiencia Nacional, margina al Parlamento y, finalmente, desprecia a los ciudadanos incumpliendo obligaciones tan básicas como la rendición de cuentas.
Si ese comportamiento siempre sería grave, lo es especialmente en un dirigente político que inició su carrera interponiendo una moción de censura en nombre de la higiene democrática y que ahora, llegado al poder, actúa desde la impunidad y al margen de las indicaciones de cualquier otra institución del Estado de derecho.
Sánchez no denigra a El Debate, que se siente muy orgulloso de haber iniciado un periodismo de investigación pionero al servicio de la ciudadanía, con herramientas nuevas y resultados inapelables más allá de la filtración interesada y la interpretación ideológica.
A quien desprecia, profundamente, es a la propia sociedad española. Y en nombre de ella, por obligación y devoción, este periódico agotará todas las vías a su alcance para que resplandezca la verdad y este presidente y su Gobierno cumplan con su responsabilidad y sufran la sanción que sus excesos sin duda reclaman.
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