Aborto: de delito a derecho

Entre una notable polémica, hace hoy cuarenta años se aprobó la reforma de la regulación del aborto voluntario en España. En la historia de nuestro derecho, siempre se había tipificado como un delito sin excepciones, aunque hacía mucho tiempo que ninguna mujer había ingresado en prisión por este motivo. La ley socialista de 1985 lo siguió considerando como delito y solo en tres supuestos no se aplicaba la pena prevista. Estos supuestos eran grave peligro para la salud física o mental de la madre, graves malformaciones del feto y en caso de embarazo producido por una violación. En ninguno de estos supuestos se trataba de la existencia de un derecho ni de su consideración como algo lícito. Simplemente quedaba despenalizado, no se aplicaba la pena. Éste era el contenido evidente de la reforma. Es cierto que el supuesto del peligro para la salud mental de la madre acabó por convertirse en un cajón de sastre y, probablemente, en un fraude de ley. Pero el aborto en ningún caso, ni siquiera en los tres supuestos, se configuraba como derecho. Esto podía hacer más aceptable, aunque discutible, el encaje de la reforma en la Constitución, que establece, en su artículo 15, que «todos tienen derecho a la vida».

El aborto voluntario constituye una gravísima violación del orden moral, pues entraña la eliminación, es decir, la muerte alevosa, de una vida humana. Por más disquisiciones falsamente científicas sobre el momento en el que podemos afirmar que ya existe una persona humana, la vida comienza con la concepción y termina con la muerte. El embrión es un ser vivo que pertenece a la especie humana. Es, pues, una persona.

El derecho, aunque se fundamente en la moral, no tiene por qué coincidir necesaria y totalmente con ella. Si acaso tiene que coincidir, en la medida de lo posible, con la moral social. Y ésta se encontraba y se encuentra en España muy dividida. En este sentido, la legislación socialista, aunque reprobable moralmente, no era una mala solución jurídica. Lo peor ha venido después. En menos de cuatro décadas el aborto ha pasado de ser un delito (despenalizado en tres supuestos) a ser configurado como un derecho de la mujer. Y esto último es inaceptable ética y jurídicamente y es, además, inconstitucional pues deja a la vida humana durante las primeras semanas de la gestación absolutamente desprotegida. Es tan cierto esto que los defensores de la actual regulación se acogen al eufemismo (además de referirse al aborto como «interrupción voluntaria del embarazo») y eluden hablar de derecho, aunque en realidad está configurado así. Que exista un derecho a matar resulta duro incluso para ellos. Y también que exista un correlativo deber de matar.

No parece haber una cuestión que tan radicalmente enfrente a los ciudadanos. Unos, con razón, lo entienden como un crimen gravísimo y otros como un derecho de la mujer. Y no se repara en lo que realmente es el aborto, en los millones de muertes que provoca en el mundo. Y se mira hacia otro lado, se intenta prohibir la publicación de imágenes absolutamente reales y se intenta impedir las críticas. Como afirmó Julián Marías, los dos mayores errores morales de nuestro tiempo han sido la generalización del consumo de drogas y la aceptación social del aborto. Hablaba de errores morales, no de crímenes.

Constituye una tragedia que el Tribunal Constitucional no llegara a aprobar la sentencia que ya se había redactado y que declaraba la inconstitucionalidad de una ley de plazos. El artículo 15 de la Constitución establece que «todos tienen derecho a la vida». Eludió el término «persona», ya que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento, para incluir a todos los seres humanos no nacidos. En la actual configuración del Tribunal es absolutamente imposible que lo haga. La actual regulación del aborto es contraria a la moral y al Derecho.