25 de septiembre de 2022

EN PRIMERA LÍNEARAMÓN PI

El golpe silencioso

La preparación del golpe de Estado silencioso se está redondeando con medidas de neutralización de los instrumentos constitucionales (junto a sus leyes de desarrollo) de control del poder del Gobierno. Esto no es nuevo: Felipe González ya lo inició, con la aquiescencia de la UCD

Es ya un clásico el citar como elementos indispensables de una democracia merecedora de este nombre a la prensa libre y los jueces independientes. No es que se trate de dos requisitos capaces de configurar una situación democrática, pero sí que estas dos realidades constituyen una condición sine qua non: si falla cualquiera de ellas en cualquier sistema de convivencia, la democracia sencillamente no existe.
Está en marcha entre nosotros una operación directamente encaminada a matar la democracia y establecer un sistema despótico disfrazado con grandes palabras de democracia y libertad. El ocupante del palacio de La Moncloa está siguiendo con precisión de relojero la sucesión de los pasos que hay que dar, que son un calco de lo que hizo en Venezuela el Gorila Rojo, y contra el cual los venezolanos víctimas de aquel golpe nos prevenían diciéndonos «nosotros también creíamos que en Venezuela esto no podía ocurrir».
Lo primero que ha hecho ha sido transformar en leyes la putrefacción social derivada, por un lado, de la ideología de género que asuela a todo Occidente, pues una sociedad moralmente desarmada es pasto fácil de cualquier depredación; por otro lado, el felón tenía la necesidad de cuidar la inverosímil coalición de perdedores que lo había llevado a La Moncloa.
Ilustración Justicia balanza

Lu Tolstova

A continuación ha neutralizado aún más, mediante designaciones a dedo, los mecanismos de control del Gobierno, ya muy deteriorados por los trece años de felipato, singularmente la Judicatura, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional (que no pertenecen al Poder Judicial, pero son instrumentos de control del Ejecutivo), y los organismos relacionados con el censo y las elecciones; no se trata de sustituir una política liberal por otra intervencionista, sino de tocar el reglamento del juego, como en 1985 se hizo con la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la provisión con cuotas partidistas de los componentes del Consejo General, y más tarde con la creación de la llamada Fiscalía Anticorrupción, que en realidad creaba un cuello de botella que sustraía a todos los demás fiscales la competencia para investigar esos casos.
Todo esto lo está llevando a cabo con medios o bien formalmente legales (como la enmienda de última hora en la Ley Audiovisual que ha permitido al Gobierno, sin control ninguno, controlar el Instituto Nacional de Estadística, que tiene un papel relevante en el censo y los procesos electorales), o bien ilegales, pero convalidados por la culpable dejadez política de los dos grandes partidos que convertían así el saludable bipartidismo en tóxico duopolio. Por citar un ejemplo paradigmático, el uso abusivo de los decretos-leyes, que viola clamorosamente el concepto indeterminado de «extraordinaria y urgente necesidad» del artículo 86 de la Constitución sin que nadie, hasta hoy, se haya tomado la molestia de pensar en hacer nada que no sea el conocido blablablá que no conduce a ninguna parte, y ningún partido político, fiscal, juez ni tribunal ha tenido siquiera la ocurrencia de ver qué pasaría si se anulase un decreto-ley por manifiestamente ilegal y anticonstitucional, antes de que fuese convalidado por esa máquina de convalidar ilegalidades en que se ha convertido a estos efectos el Parlamento.
La preparación del golpe de Estado silencioso se está redondeando con medidas de neutralización de los instrumentos constitucionales (junto a sus leyes de desarrollo) de control del poder del Gobierno. Esto no es nuevo: Felipe González ya lo inició, con la aquiescencia de la UCD primero (recordemos la primera violación de la virginidad constitucional con la falsificación de la voluntad de los ciudadanos de Almería en el referéndum de 1980) y luego con la complicidad del PP, dócil a la tarea demoledora de González tras su fracaso cuando trató de impedir el despojo de Rumasa. O sea, que lo del suicidio del sistema democrático viene de lejos. Lo del Instituto Nacional de Estadística no es sino una de las últimas gotas de este veneno.
No soy el primero ni el segundo en alertar al respetable de lo que se nos viene encima, pero insistir me parece un gesto, cuando menos, patriótico: el terreno está abonado y en óptimas condiciones de hacer fructificar el golpe de Estado silencioso. Contra esto solamente cabe un remedio no violento: la expulsión electoral del poder de esta coalición de perdedores.
  • Ramón Pi es periodista
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