En primera línea Eugenio Nasarre

Ley de Memoria Democrática: la ruptura del consenso nacional

Lo relevante en el día de hoy es que los promotores del proyecto de Memoria Democrática hayan amordazado a los protagonistas de la Transición

El Senado ha escenificado la voluntad de ruptura del consenso nacional sobre el «pacto constitucional» y el espíritu de la Transición por parte del Gobierno y del partido socialista de Sánchez. La decisión de la Mesa de la Cámara de vetar las comparecencias de destacados protagonistas de la Transición (Marcelino Oreja, Rodolfo Martín Villa, Soledad Becerril, Rafael Arias-Salgado, Carmela García Moreno y Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona) solicitadas por el Grupo popular, a las que habrían podido agregarse las de destacados representantes del partido socialista (Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Solana, Virgilio Zapatero, Fernando Ledesma, por ejemplo) no es un asunto de mero trámite parlamentario. Es un hecho sumamente grave y con un alto valor simbólico. El partido socialista y sus socios han querido cercenar cualquier razonable debate en torno a una ley que afecta a los cimientos de nuestra democracia.

Las comparecencias solicitadas en la Alta Cámara eran de obligada aprobación. El rodillo utilizado una vez más es una prueba fehaciente de la degradación de nuestra vida parlamentaria. La democracia deliberativa vive en estado de coma. Hoy la Comisión Constitucional del Senado en unas escasas horas designará a la ponencia, ésta emitirá su informe que volverá a la Comisión y ésta, tras un debate tasado, aprobará el dictamen. La próxima semana el Pleno concluirá la tramitación parlamentaria. Resulta un verdadero sarcasmo que los promotores de una ley que apela a la «memoria» nieguen a quienes protagonizaron el «pacto constitucional» con el espíritu de la concordia emitir su opinión y su testimonio; así como que se cercene un sereno debate con la voluntad de alcanzar compromisos.

¿Por qué los protagonistas vivos de la Transición deberían haber sido escuchados? Porque la ley introduce una infamante sospecha sobre todo el período de la Transición, hasta el 31 de diciembre de 1983, con mecanismos orientados a una revisión de los actos jurídicos y políticos de dicho período (art. 29 y disposición decimosexta del proyecto de ley), como si en aquellos años no se hubieran celebrado el referéndum de ratificación de la Constitución, tres elecciones generales, las correspondientes municipales y autonómicas, no se hubiera ejercido un riguroso control parlamentario (véanse los Diarios de Sesiones de las dos legislaturas implicadas), no hubiera existido un régimen de libre opinión pública y la justicia no hubiera actuado con arreglo a la Constitución y a la ley.

Los únicos enemigos relevantes de la democracia en aquel período fueron los golpistas del 23-F y los terroristas de ETA. Aquellos fueron juzgados y condenados y pagaron su delito. Los terroristas causaron centenares de víctimas mortales y un estado de terror en una parte de nuestro territorio nacional. Sus herederos políticos se han convertido en cooperadores necesarios de este proyecto político. Además de sarcástico, es vergonzoso.

Recordar el «espíritu de la Transición» resulta más necesario que nunca. La reconciliación no fue un pacto basado en el olvido. Esta idea es una monumental falsedad, que la ley pretende imponer. Era un sentir, que había calado en la sociedad española, en los hijos de los «vencedores» y de los «vencidos», fundamentado en el perdón mutuo, porque teníamos la conciencia de que la tragedia que España había padecido obedecía a una realidad muy compleja, en la que los errores y las culpas estaban repartidos. Nadie estaba legitimado para tirar la primera piedra. Por eso, lo razonable era –y fue lo que quisimos– que ese pasado, que no queríamos que volviera a producirse –ni la guerra civil ni la dictadura– se sometiera no a otro sino al juicio de la historia. Porque lo esencial era construir una convivencia, basada en la concordia nacional, para que España afrontara con éxito los retos de estar a la altura de la historia: una democracia liberal, un Estado garante de los derechos y las libertades, la integración en la Europa Unida, una sociedad solidaria y justa.

Lo relevante en el día de hoy es que los promotores del proyecto de Memoria Democrática hayan amordazado a los protagonistas de la Transición. Es el cruce del Rubicón de Pedro Sánchez.