Pasividad

Los gravísimos acontecimientos que vienen sucediéndose en España hasta el momento se vienen desarrollando en tres fases: la primera se caracterizó por los indultos a los sediciosos catalanes y la transferencia de competencias penitenciarias al Gobierno vasco; la segunda consistirá en la eliminación del delito de sedición en nuestro ordenamiento penal, con la consiguiente rehabilitación impune de delincuentes condenados por el Tribunal Supremo y la tercera en permitir lo antes posible un referéndum de autodeterminación en Cataluña tras tomar el control del Tribunal Constitucional. Este designio siniestro se va adornando con leyes infames y contraproducentes, exhumaciones históricas (!) y propaganda falaz para tratar de encubrirlo: se trata, en definitiva, de demoler el edificio constitucional de 1978 para instaurar una republiquilla multinacional o confederal parecida a la que nuestro país padeció en el siglo XIX, afortunadamente por poco tiempo. La cosa no obedece, como algunos creen ingenuamente, en la necesidad que tiene Sánchez de apoyos espurios para mantenerse en la Moncloa; muy al contrario, obedece a un plan de desmantelamiento del sistema constitucional diseñado en la llamada Transición para el que dicha permanencia es indispensable. La situación viene agravada por el hecho que mientras la coalición gobernante va llevándolo adelante sin fisuras de relevancia, los partidos que constituyen el bloque fiel a la Constitución de 1978 sí las tienen y, además, no las ocultan en aras a un centrismo moderado y suicida que, como tal, resultará incapaz de oponerse al siniestro plan de la izquierda radical.

A la vista de lo anterior, además de llamar la atención la pasividad de la Corona, tal incomprensible actitud está generando cada vez más malestar en los sectores más afines a la institución monárquica; son las personas de mayor experiencia las más propensas a experimentar ese creciente desasosiego, aunque no las únicas en advertirlo. Cada vez hay más compatriotas que presienten y temen que, de seguir así las cosas, la situación sólo podrá desembocar en un nuevo enfrentamiento más o menos violento; conviene no llamarse a engaño: no se trata de alarmismos exagerados o injustificados si se tiene en cuenta la catadura política y moral del individuo que desgobierna a España, capaz de cualquier cosa, por repugnante que sea, para llevar a cabo sus designios.

Como ha señalado recientemente una analista política en ABC, «el socialismo vive sentimentalmente en otro siglo y sus lealtades están en otro régimen»; inútil decir que ese régimen fue la nefasta, que no «luminosa», República del 1931, que la marcha de un Monarca mal asesorado y sin el apoyo de quienes tenían que habérselo prestado propició y facilitó; ahora, casi un siglo después, la historia puede repetirse.

El artículo 56.1 de la Constitución española de 1978 establece que «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones...» pero el actual Monarca no parece estar inclinado a hacer uso de tales atribuciones constitucionales y parece conformarse con una función meramente decorativa tal vez en la engañosa esperanza de que un cambio de Gobierno le solucione el problema.